La norma, sancionada la semana pasada, fue desactivada en medio de reclamos de organismos humanitarios y a pedido del presidente de la república, Alejandro Giammattei.
La norma se sancionó en diciembre de 2020, y el documento oficial hace un balance de su aplicación hasta el último día de 2021. El misoprostol está disponible en todo el país.
“He decidido incluir observaciones al proyecto de ley con el objetivo de que este guarde absoluta concordancia con el dictamen de la Corte Constitucional”, dijo el mandatario.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad indicó también que 1.243 hospitales y centros de salud de todo el país garantizaron la práctica del aborto en condiciones seguras.
"Es una ley que permite elegir y no pagar esa elección con la salud", indicó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito al cumplirse un año de la sanción.
La Cámara Federal de Córdoba dio lugar al recurso interpuesto por la ONG que busca declarar inconstitucional la interrupción voluntaria del embarazo.
Los activistas esperan que este microestado con una fuerte tradición católica, ubicado en el centro de Italia, se alinee con la legislación en mayor parte de Europa.
La reglamentación precisa de qué manera se va a llevar a la práctica, el "ejercicio del derecho a la confidencialidad" y también "las condiciones de otorgamiento del consentimiento informado".
Católicas por el Derecho a Decidir, Fundeps y Clínica de Litigio de Interés Público Córdoba remarcaron que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) permanece vigente.
“Es inadmisible que la persona que tiene a su cargo la defensa del interés público y el derecho de las personas, desconozca de las leyes fundamentales de nuestro país", dijo la legisladora.
"Podremos brindar este producto con seguridad para cubrir la demanda con un fármaco de calidad, seguro y eficaz", indicó la Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado.
Hospitales públicos, privados, dispensarios decidieron que cumplirán con lo reglamentado. Funcionarios de Salud están construyendo protocolos para garantizar el acceso a la IVE.
