El Congreso de Guatemala decidió este miércoles archivar una ley recién sancionaba que endurecía las penas por aborto y prohibía el matrimonio igualitario, se informó oficialmente.
La norma, sancionada la semana pasada, fue desactivada en medio de reclamos de organismos humanitarios y a pedido del presidente de la república, Alejandro Giammattei.
El parlamento informó en un comunicado que su pleno “acepta las observaciones al decreto (enviadas por varios diputados) y se traslada al archivo”, según la agencia de noticias AFP.
La norma fijaba penas de hasta 10 años de cárcel a la mujer que abortara, modificaba el Código Civil para prohibir expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo y restringía la enseñanza escolar sobre diversidad sexual.
Asimismo, consideraba que “grupos minoritarios” proponían “modelos de conducta y de convivencia distintos al del orden natural del matrimonio y la familia”, y amenazaban “el equilibrio moral” de la sociedad.
La legisladora Lucrecia Hernández, de una bancada minoritaria de centroizquierda, afirmó que “lo bueno es que el decreto se archivó” pese a que, en su opinión, a los parlamentarios de la mayoría “les da vergüenza reconocer” que quienes se oponían a la norma tenían “razón”.
Hernández había dicho anteriormente que la ley se prestaba a la criminalización de los abortos espontáneos y discriminaba a las personas LGBTI.
La cuestionada reforma había sido aprobada el martes pasado, en la antesala del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, impulsado por una organización religiosa conservadora que declaró a Guatemala como “Capital Provida de Iberoamérica” y “luz” contra el aborto.
Giammattei, que participó de ese acto, pidió sin embargo a sus aliados, dos días después de la sanción de la norma, que la archivaran porque violaba la Constitución y convenios internacionales suscriptos por Guatemala.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saludó el anuncio de Giammattei por entender que la ley ahora archivada desconocía “los principios de igualdad y no discriminación, esenciales para el derecho internacional”.
Tal como hasta antes de la sanción de esa ley, el aborto sigue penado en Guatemala con hasta tres años de prisión y solo es permitido y no sancionado cuando peligra la vida de la madre.
Fuente: Télam
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