Aborto legal: la CIDH comenzó a tratar el caso de Beatriz versus El Salvador

Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará sobre la prohibición absoluta del aborto en la región.

Mundo 22/03/2023 Redacción La NUEVA Mañana Redacción La NUEVA Mañana
caso beatriz
Por primera vez la Corte IDH se pronunciará sobre el aborto legal en la región. Foto: gentileza.

Este miércoles 22 y jueves 23 de marzo tendrán lugar las dos audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pronunciarse por primera vez sobre la prohibición y criminalización absoluta del aborto en América Latina.

En enero del 2022 el caso, ocurrido en 2013, fue elevado a la Corte IDH y el organismo tratará el caso esta semana. Las audiencias se desarrollarán en San José, Costa Rica, y se espera que el fallo se conozca hacia fin de año.

Lo hará en el caso de Beatriz contra el Estado de El Salvador, uno de los pocos países donde el aborto está penalizado sin excepciones, desde 1998.

Beatriz era una joven salvadoreña que tenía 22 años cuando reclamó un aborto terapéutico porque su vida corría riesgo con el embarazo que cursaba, pero se lo negaron.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que El Salvador era responsable por la violación de los derechos de Beatriz y recomendó a ese Estado la adopción de medidas para garantizar el acceso real al aborto en situaciones de inviabilidad del feto con la vida extrauterina, y de riesgo de la salud y la vida de la madre.

El Salvador ha acumulado, desde que modificó su Código Penal en el año 1998, y endureció su legislación sobre aborto, señalamientos, indicaciones, recomendaciones de los más diversos órganos y hasta de otros Estados, incluyendo un fallo condenatorio, histórico, de esta misma Corte IDH en el caso conocido como Manuela, por la detención y posterior muerte de Manuela, una mujer que sufrió una emergencia obstétrica y que fue condenada a 30 años de prisión acusada de homicidio.

El caso Beatriz

Beatriz era una joven salvadoreña de 22 años que tenía un hijo pequeño con su marido cuando supo, en 2013, que estaba otra vez embarazada.

La joven tenía lupus eritematoso sistémico agravado con insuficiencia renal y artritis reumatoidea y le diagnosticaron que la gestación ponía en riesgo su vida.

Se trataba además de un embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro), que no tenía posibilidades de sobrevida.

Quince especialistas médicos de la Maternidad donde estaba internada le indicaron que tenía que abortar. Sin embargo, no pudo acceder a una interrupción del embarazo dado que la misma está totalmente prohibida en El Salvador desde 1998.

Beatriz tuvo que esperar 81 días para una práctica que es legal en la mayoría de los países. Le hicieron un como se preveía.

El 8 de octubre de 2017, cuatro años más tarde, Beatriz murió por una neumonía adquirida en un hospital luego de ser ingresada por un accidente de tránsito. Su hijo quedó huérfano a los 5 años al cuidado de su familia.

Las audiencias de la Corte-IDH

En la primera de las audiencias, la de este miércoles, declararán la madre de Beatriz y el médico que atendió a la joven cuando esperaba la interrupción del embarazo.

Luego declararán peritos de parte del Estado y de la CIDH. En tanto, este jueves 23 de marzo, será el turno de los alegatos.

Se espera una gran movilización alrededor del tribunal, en San José: organizaciones feministas levantarán un altar y estarán presentes también grupos antiderechos que vienen presionando fuerte para que este caso no abra las puertas a la despenalización del aborto en los países con legislación más restrictiva, como El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Haití y Honduras, donde la prohibición no contempla excepciones y causa violaciones sistemáticas de los derechos de las mujeres y otras personas gestantes.

La Corte IDH se encuentra ante una oportunidad histórica de brindar derechos: por un lado puede establecer una reparación para la familia de Beatriz y al mismo tiempo, medidas de no repetición de una situación como la que atravesó la joven al impedírsele que acceda a un aborto para proteger su vida y su salud.

Además, la sentencia puede establecer estándares acerca de las medidas que los Estados deben adoptar para que las mujeres gestantes tengan acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva adecuados para resguardar sus derechos a la salud y a la vida.

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