La secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que el último relevamiento arrojó resultados alentadores.

Con acciones conjuntas, las provincias pretenden contener a los productores y complementar la Ley de Emergencia Agropecuaria nacional.

El planteo tuvo lugar cuándo se realizó la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarias en Buenos Aires.

La medida dispuesta por el Gobierno dispone eximiciones impositivas para atenuar el impacto de las obligaciones que debe tributar el sector.

Se trata de trabajadores campesinos, pequeños y medianos productores agropecuarios que reclaman "medidas concretas" para hacer frente a la sequía.

La Bolsa de Cereales de Córdoba atribuye esta caída a las adversas condiciones meteorológicas, principalmente la sequía.

Desde el espacio Comuna Esperanza señalaron que "el caudal casi entero del río está siendo llevado hacia Córdoba por el Canal Los Molinos".

El jefe de Estado contempló que "el año cerró con las preocupaciones que genera una sequía muy severa que viene afectando la producción".

Estiman que se perderá el 11% del cultivo de 3,3 millones de hectáreas sembradas; en el caso de la soja la pérdida será del 8% de 3,96 millones.

La crisis hídrica que atraviesa la provincia persiste y se manifiesta en la bajante que registran los niveles de los distintos embalses.

La Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria efectuó una evaluación a diciembre de 2022, con un aumento de 10 millones de hectáreas.

Autoridades solicitaron extremar cuidado en consumo y uso innecesario para poder garantizar servicio para necesidades básicas.