Río Negro: absolvieron a docentes procesadas por defender educación pública

Victoria y Virginia Naffa enfrentaban un juicio penal por 15 años de cárcel por participar de la toma del vicerrectorado de la Universidad de Río Negro en 2018.
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La protesta en la Universidad Nacional de Río Negro formó parte del rechazo al ajuste de Macri en educación. Foto: gentileza.

Este lunes 30 de mayo sobreseyeron a Victoria y Virginia Naffa, las docentes que enfrentaban un juicio penal por 15 años de cárcel por participar de la toma del vicerrectorado de la Universidad de Río Negro (UNRN) en la huelga universitaria de 2018

"Llegábamos acusadas por usurpación y coacción, con un tribunal que nunca había hecho lugar a ninguno de nuestros planteos. Llegábamos a juicio con una fiscalía que solo había ofrecido suspensiones de juicio a prueba y extorciones disciplinadoras", indicaron las docentes en diálogo con Anred. 

En ese marco, también hicieron referencia al momento histórico donde ocurrió la protesta, que fue replicada en 57 universidades del país, en protesta de los ajustes llevados a cabo por el gobierno de Mauricio Macri, y dijeron sentir "hermanados" los casos de Río Negro y Córdoba.

El juicio estaba previsto que comience en mayo en el Juzgado Federal de Fiske Menuco, en General Roca, Río Negro. Los delitos que se les imputaban eran los de "usurpación" y "coacción agravada", figuras ampliamente utilizadas por el sistema judicial para criminalizar a militantes sociales y al movimiento piquetero en los últimos años.

A través de un comunicado, las docentes procesadas y ahora sobreseídas celebraron la absolución y dijeron: de Y así lo celebraron ambas en un comunicado: "El sobreseimiento llega después de cuatro años de lucha, de resistir el avance del sistema penal, de no abandonar ninguna de nuestras convicciones. El sobreseimiento significa, en definitiva, el cese de la persecución y la convicción de que solo la lucha hace retroceder al sistema penal. Como sostuvimos en muchas oportunidades, nosotras no elegimos dar batalla en este terreno. Los procesos de criminalización en estos casos buscan neutralizar procesos de lucha colectivos para disciplinarnos y quebrarnos a quienes los atravesamos".

Y agregaron: "No elegimos este terreno pero sí elegimos cómo plantarnos ante la avanzada penal. Fueron cuatro años interminables, de presiones, de sanciones, de maltrato judicial, de extorsiones. Fueron cuatro años de escupirles en la cara a todos los responsables de la criminalización que nosotras no tranzamos y que las luchas no se entregan. Porque si hay algo que nos ha enseñado todo este proceso es que son muchas las formas de disciplinarnos, pero una sola la de resistir: no tranzar ni negociar con el sistema penal".

El juez que había llevado adelante la causa contra las dos docentes fue Hugo Greca, quien cuenta con antecedentes en la criminalización de la protesta en la provincia, ya que no es la primera vez que impulsa causas e intervenciones de las fuerzas de seguridad contra estudiantes y docentes y militantes sociales.

En 2017 ordenó allanar de manera violenta las residencias universitarias de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCO por una supuesta causa de narcotráfico, que se cayó al no haber ningún tipo de evidencia, y desde el mismo año mantiene distintas causas abiertas contra militantes populares del FOL, la CCC y el Frente Popular Darío Santillán.

"La hermandad" con Córdoba

Cabe recordar que en 2018 un gran colectivo de docentes, no-docentes y alumnos de todo el país se movilizó reclamando mayor presupuesto para la educación pública, en un contexto de ajuste y de recortes, en especial en materia de salarios. Las 57 universidades nacionales se paralizaron, hubo cientos de clases públicas en distintos puntos de nuestro territorio y decenas de edificios públicos fueron tomados.   

"Desde que comenzó esta lucha nos sentimos hermanades con les compas de Córdoba. Fueron dos procesos de criminalización contra un mismo proceso de lucha, aquel iniciado en el 2018. La lucha no termina acá, sino que nos mantendremos movilizadas hasta que las causas de elles también caigan", remarcaron las docentes, en referencia a los y las estudiantes procesadas por participar ese mismo año de la ocupación del Pabellón Argentina de la UNC.

En septiembre del año pasado, la Justicia Federal de Córdoba confirmó el sobreseimiento de la abogada Leticia Celli, que se encontraba imputada por usurpación, en el marco de la causa que investiga la toma del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) ocurrida en 2018.

El Juzgado Federal estimó que corresponde sobreseer a la docente y letrada de derechos humanos, respecto al ilícito de usurpación por despojo, por el cual fuera oportunamente indagada y se dictara auto de falta de mérito.

La causa judicial es encabezada por el fiscal Maximiliano Hairabedian junto al juez Hugo Vaca Narvaja. Por el hecho se encuentran procesados 27 estudiantes universitarios.

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