Pablo Javier Rodríguez
Este miércoles, a las 15.30, partió desde el Patio Olmos hasta el Museo de Antropología una movilización en la que participaron casi 100 personas y que fue parte de la Marcha Nacional que pidió la absolución de docentes y estudiantes de las universidades de Río Negro y Córdoba, imputados por manifestarse en 2018, en contra de las políticas de ajuste a la educación pública por parte del entonces gobierno de Mauricio Macri.
Candela Guzmán, estudiante de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), militante de la Juventud del PTS, y una de los 27 estudiantes procesados por la toma del Pabellón Argentina, precisó a La Nueva Mañana que el detonante que motivó esta movilización es que "en los próximos días va a comenzar un juicio penal contra dos docentes y seis estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro".
Recordó Guzmán que "en 2018 hubo una lucha nacional en la que participaron más de 50 universidades nacionales y en la cual cientos de miles de docentes, estudiantes y no docentes fuimos parte de una resistencia a una enorme ajuste presupuestario que el gobierno de Macri llevó adelante".
A partir de allí, enfatizó la estudiante, "la Justicia Federal está intentando criminalizar, disciplinar, meternos miedo, procesando penalmente a estudiantes y docentes por habernos manifestado".
En ese marco, subrayó que apelan a que la sociedad se solidarice con esta causa: "No podemos permitir ese avasallamiento judicial, más aún en un país en el que cada día crece más el ajuste y la crisis contra el pueblo trabajador. Creemos que el derecho a la protesta social es un derecho humano que debemos defender, más aún en un país donde el Gobierno firmó un pacto con el FMI que implica más ajuste e inflación para el pueblo trabajador, les estudiantes y los sectores populares".
La movilización de este miércoles contó con el apoyo de Sergio Maldonado, hermano de Santiago, y de Viviana Alegre, madre de Facundo Rivera Alegre desaparecido en Córdoba hace una década.
Respecto a la causa en la que están imputada, junto a otras y otros 26 estudiantes de la UNC, Candela Guzmán manifestó que no han tenido ninguna notificación judicial desde que arrancó el año.
"Pero nos mantenemos en estado de alerta, teniendo en cuenta que la Justicia ya mostró su intención de avanzar en un precedente ejemplificador con nuestro caso, para criminalizar el derecho a la protesta social", advirtió.
Asimismo, expresó que "se viene demostrando lo que venimos planteando; nuestra pelea en defensa de la educación está completamente vigente y es una causa que habrá que continuar defendiendo".
Y concluyó: "Hace pocas semanas tuvimos que salir a pronunciarnos, en común con muchxs estudiantes, en contra de un nuevo recorte al comedor universitario que quiso imponer el Rectorado y la Franja Morada. Sabemos que el pacto que el Gobierno nacional firmó con el FMI no significa más que más miseria y más ajuste en los derechos básicos para las mayorías y que son conquistas históricas, como es la educación pública. Por eso, sabemos que va a seguir siendo necesario que la defendamos".
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