"Absuelvan a los 27": una amenaza se cierne sobre los hijos de la Reforma

Estudiantes de la UNC que lucharon en 2018 por la educación pública afrontan una causa por “usurpación por despojo". Próximos a ir a juicio sin precedentes, suman solidaridades.
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El Pabellón Argentina fue tomado pacíficamente en las protestas de 2018. Foto: archivo.

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A la vez que avanzaba en su embestida contra el Estado en general y el sistema educativo en particular, el entonces presidente Mauricio Macri declaró al 2018 como “Año del Centenario de la Reforma Universitaria". El decreto alusivo fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación y significó uno de los tantos recordatorios de aquella gesta estudiantil, provenientes de los más diversos sectores, que jalonaron aquel año.

Ese mismo 2018, en las 57 casas de altos estudios del país docentes y estudiantes salieron a las calles para frenar el atropello contra la educación estatal por parte de un Gobierno que criticaba a quienes “cayeron en la pública”. La lucha fue larga, tuvo sus sinsabores, y en Córdoba un cariz posterior adicional: la judicialización de 27 de los miles de estudiantes que protagonizaron las protestas. Así, los hijos de aquella Reforma vieron cómo eran enjuiciados por los mismos que, en los papeles, ensalzaban aquel legado inaugurado un siglo atrás.

La causa judicial que se instruye a partir de la ocupación pacífica del Pabellón Argentina –solo de ese, y no de algún otro de los siete edificios tomados- es federal y la encabezaron los fiscales Graciela López de Filoñiuk y Maximiliano Hairabedian junto al juez Hugo Vaca Narvaja, que la elevó a juicio. Trámite que por estos días cuestiona una masiva campaña “Por la absolución de los 27”, que recupera la rica tradición de las luchas populares argentinas con la confluencia de sectores gremiales, políticos, estudiantiles y sociales.

“Es una injusticia”

Como es impracticable procesar al conjunto del movimiento estudiantil, el ojo judicial se posó sobre un puñado de universitarios. El criterio de selección es algo que sólo los impulsores del proceso pueden explicar, pero a nadie escapa que los 27 acusados de "usurpación por despojo" o fueron voceros de sus pares o participaron de las mesas de diálogo con autoridades universitarias.

Delfina Borioli, estudiante de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño y militante de la Juventud del PTS, refirió a La Nueva Mañana que “la Justicia lleva adelante esta causa sobre nosotros pero en 2018 éramos miles en las calles, no solo estudiantes sino docentes peleando por sus salarios”. Y confirmó que “mi nombre surge porque participé de unas mesas de diálogo con decanos y decanas”. Convencida de que la causa “sienta un precedente para que puedan perseguir a quienes luchan por sus derechos”, la joven contó que “nos dimos cuenta que no solo afectaba a nosotros 27, sino a las luchas por venir”. 

En lo personal, Borioli señaló que atraviesa “una situación que no es fácil”, y brega por “transformar el enojo y la angustia en fuerza para poder dar una lucha política y evitar que la causa siga avanzando, porque es una injusticia”.

“Juri y Yanzi entregaron nuestros datos”

Franco Bergero, estudiante en la Facultad de Filosofía y Humanidades, ratificó que en el marco del conflicto “todos nuestros datos, el rector (Hugo) Juri y el vicerrector (Pedro) Yanzi se los entregan a la Justicia Federal y ahí comienza nuestra judicialización”. Militante de la agrupación Ya Basta (juventud del Nuevo Mas), el futuro historiador insistió en que “es una causa puramente política, que busca amedrentar al movimiento estudiantil y criminalizar la protesta social”. Y consideró que “es una respuesta represiva del Estado y los gobiernos nacionales, tanto el de Macri en su momento como el de Alberto Fernández actualmente, junto con la Justicia y con completa complicidad de autoridades rectorales, que buscan mantener al movimiento estudiantil con la cabeza gacha”.

“A uno le afecta, pero también entendemos que esto es un intento de amedrentamiento frente al cual nos seguimos organizando, porque además no se solucionó ninguna de nuestras exigencias, se fueron profundizando y estamos frente a una crisis histórica en la educación pública. Faltan, por ejemplo, becas y conectividad”, cerró. 

“La Justicia pretende ocultar lo que fue esa lucha histórica”

Candela Guzmán, estudiante de Letras Modernas en la Facultad de Filosofía y Humanidades y también militante del PTS, destacó que la lucha fue “en defensa del Derecho Humano a la educación pública” y que en ese marco “esta causa que lleva adelante la Justicia Federal es un precedente gravísimo contra las más básicas libertades democráticas, que no conoce antecedentes desde la vuelta a la democracia”. La joven destacó que el reclamo estudiantil se dio “organizado en asambleas y con ocupaciones pacíficas de edificios públicos, un método que se inauguró en la emblemática Reforma del 18, esa Reforma que se recuerda tanto y se toma para los aniversarios y los días de fiesta”. Y denunció que “la Justicia pretende ocultar lo que fue esa lucha histórica con epicentro en Córdoba, donde peleamos por presupuestos acordes contra la violencia de género, becas y más raciones en el Comedor”.

“Como procesada supe que la lucha por nuestro desprocesamiento me iba a atravesar entera; si logran sentar este precedente tan nefasto, va a ser mucho más fácil para los grandes poderes y la Justicia avanzar contra cualquier sector que quiera pelear por sus derechos”, finalizó. 

Falta de mérito para una abogada

Leticia Celli, docente universitaria y abogada de Derechos Humanos, fue imputada primero, y decretada luego su falta de mérito. “Me imputan por la ocupación del Pabellón Argentina; se basan en que concurrí en una oportunidad porque los estudiantes me pidieron que fuera, por una amenaza anónima de bomba; hablé con la Policía, me pidieron mi matrícula, se las mostré, les pregunté si tenían orden judicial, no la tenían y esa fue toda mi actuación en ese contexto. Ellos tomaron mis datos de eso que hice, que fue ejercer mi profesión”, aseguró.

La letrada señaló que “ahora separaron mi causa para que supuestamente siga investigando la fiscalía y resuelva mi situación procesal; lo cierto es que no existen pruebas en mi contra, y en un año y medio no investigaron absolutamente nada”, completó.

Su colega Carlos Orzaocoa, que defiende a algunas de las estudiantes procesadas, alertó que con esta causa “lo que está en juego es el derecho a peticionar. Todo este proceso es una criminalización del Derecho Humano a la protesta social”. En la misma línea se expresó la Gremial de Abogados y Abogadas, que defiende a 8 imputados y que considera que "en el plano represivo-judicial, el juez Hugo Vaca Narvaja cayó de lleno sobre los estudiantes y les enrostra ´usurpación por despojo´, en un fallo de 45 fojas donde articula la artillería para perseguir al que lucha".  

Política pública

Aquel decreto de Macri que recordó los cien años de la Reforma estableció que el Ministerio de Educación nacional “diseñará e implementará propuestas que evoquen y analicen los cambios producidos en aquél entonces y reflexionar sobre el rol de la Universidad Pública en el siglo XXI". A tres años vista de la norma, la elevación a juicio es –por la negativa- la evocación más contundente de aquel legado por parte de los poderes del Estado. 


Solidaridades en marcha

La red de apoyo a los estudiantes procesados se va extendiendo. Desde la Facultad de Comunicación de la UNC se elaboró un petitorio que circula por Internet y que pide “por la absolución de les 27 estudiantes imputades”; ya cuenta con centenas de adhesiones individuales, institucionales y de personalidades y autoridades. A la vez, la Facultad de Filosofía y Humanidades lanzó un ciclo de conversatorios virtuales vía Youtube, y la Asamblea Interfacultades y el espacio “Encuentro por la absolución de los 27” impulsan una campaña para darle visibilidad a la causa y convocan a una gran movilización este 13 de mayo a las 17, desde Colón y Cañada. A su vez, los Consejos de las facultades de Arte, Filosofía, Arquitectura y Comunicación se expresaron en contra de la judicialización de la protesta, y el diputado Nicolás del Caño pidió al Congreso nacional que rechace el juicio.   

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