El docente de las escuelas 77 y 249 y delegado escolar de la Uepc analiza el escenario de cara al anunciado regreso de la educación presencial en la provincia.
Opinión 07/02/2021 Eduardo Mulhall (*)
En las últimas semanas el debate sobre si volver o no a las aulas cobró una enorme fuerza en todo el país. Desde el gobierno nacional, el Ministro Trotta, junto a todos los gobernadores, Schiaretti y su ministro Grahovac salen a decir que las clases presenciales empiezan sí o sí y sólo se pelean a ver quién empieza antes. El semáforo epidemiológico quedó en desuso, porque su rojo permanente es una realidad inocultable, estamos en un rebrote intenso de los casos, pero las clases deben empezar sí o sí; el 17 de febrero en o el 1 de marzo en la provincia de Buenos Aires y demás distritos.
Más ponen como ejemplo el inicio escolar presencial de las y los estudiantes que necesitan revincularse con la escuela. Pero nunca se puso en discusión con la comunidad educativa, ni cuando, ni cómo y en qué condiciones.
El conjunto de la población está vinculado de alguna u otra manera al sistema educativo; nuestros y nuestras estudiantes, sus familias necesitan un retorno real a las escuelas, a la presencialidad porque el aprendizaje es un hecho colectivo pero también lo necesitan para socializar y también sus familias, ya que la escuela pública presta innumerables servicios, no solo de enseñanza. La escuela es en muchos casos el único lugar de contención que tienen muchísimos jóvenes, niñas, niños en situaciones de vulnerabilidad, como también por la necesidad que tienen millones de trabajadores de tener un lugar donde dejar a sus hijos mientras van a trabajar. Pero la vuelta a la presencialidad debe ser en forma segura.
Si uno lee o escucha lo que dicen las distintas autoridades educativas nacionales y provinciales, el año que pasó el sistema educativo cumplió todo los objetivos pedagógicos y curriculares y está en condiciones para retornar a la presencialidad.
La verdad es que a pesar del enorme esfuerzo que hicimos los docentes, miles de miles de jóvenes fueron excluidos del sistema educativo por la carencia de dispositivos, de conectividad y hasta de luz. La virtualidad no llegó a miles. En la inmensa mayoría de los casos los contenidos no se llegaron a dar en su totalidad.
El estado de las escuelas, ya pésimo antes de la pandemia, empeoró por falta de mantenimiento y recursos.
El salario docente se vio reducido enormemente. Además, no se cubrieron miles de cargos docentes y de auxiliares. En vez de llenar las vacantes, se precarizó y flexibilizó el trabajo docente
Según el Ministerio de Educación, “9 de cada 10 docentes señaló que su trabajo aumentó tras la suspensión de clases presenciales”, (A las Aulas,). El resultado: la flexibilización de las condiciones de trabajo, el ataque al estatuto del docente y la implementación –que seguirá y aumentará este año– del sistema dual donde se combinan las clases presenciales con las virtuales duplicando las tareas del docente, todo por el mismo salario.
Ahora bien, ¿qué hizo el gobierno nacional y todos los gobiernos provinciales durante todo este tiempo para poner a punto el sistema educativo para un regreso seguro a las aulas? Absolutamente nada. No se construyeron nuevas escuelas, no se ampliaron las que existen, tampoco se hicieron arreglos estructurales de mantenimiento. ¿Y para garantizar la virtualidad? ¡Tampoco nada! No se decretó la gratuidad de internet para los estudiantes y docentes ni se entregaron masivamente computadoras. Solo se ofrecieron créditos “blandos” para comprar computadoras que alcanzaron para muy pocos compañeros. Tampoco se amplió la planta de personal docente para responder a la modalidad combinada, de personal interdisciplinario para a la recuperación y acompañamiento de las y los estudiantes excluidos, ni la del personal no docente para llevar adelante las tareas de limpieza y sanitarias, ni hablar de obras de infraestructura.
En definitiva: desde los gobiernos no se hizo nada para garantizar la continuidad educativa bajo este contexto de emergencia.
Fue el esfuerzo mancomunado de estudiantes, docentes y familias el que hizo posible que existiera algún grado de continuidad pedagógica. Por eso, que hoy no estén garantizadas las condiciones básicas de infraestructura para una vuelta a la presencialidad es absoluta responsabilidad de quienes gobiernan, tanto del Frente de Todos, Cambiemos y la UCR.
El balance del año fue un ajuste brutal en los fondos para la educación pública, un retroceso en las condiciones laborales, un deterioro en su calidad y una creciente exclusión de alumnos al sistema educativo.
Cuándo, cómo, de qué forma se vuelve… nuevamente se utiliza el mismo método que el año pasado, normativas autoritarias que bajan desde arriba, como el protocolo que bajo desde la provincia que habla de la necesidad de distanciamiento de más de 1,5 metros entre alumnos y de tener todas las normas mínimas de salubridad e higiene contempladas. Alcohol en gel, lavandina, desinfección constante, jabón, lavado de manos, lugares para el aislamiento preventivo, una buena ventilación y preferentemente espacios abiertos: todos estos requerimientos mínimos son cumplidos por muy pocos colegios. La realidad es que es imposible mantener 1,5 metros de distancia en aulas con más de treinta alumnos, que falta agua, los baños no andan y son insuficientes, por no hablar de la escasez de insumos básicos como jabón y barbijos. Ni siquiera habla de reducir el número de alumnos por curso.
Las burbujas que no tiene contacto social con otras burbujas y solo interactúan entre sí son prácticamente imposibles. La realidad es que cada burbuja debería ir simultáneamente al baño y luego desinfectar, y luego otra burbuja, y así todo el colegio. Las y los docentes tenemos varios cargos en distintas instituciones, es decir compartimos varias burbujas, y ni qué hablar del transporte público.
Por último, los protocolos terminan dejando la responsabilidad última del regreso y sus modalidades a las direcciones de las escuelas. Esto abre una puerta enorme al divisionismo y al enfrentamiento entre una escuela que abre u otra que no, entre una en que haya contagios y otra que no, una que está en condiciones y otra que no, etc., Encima serán 4 horas presenciales y el resto virtual.
Esto es adaptar la presencialidad a las condiciones de una infraestructura deficiente.
Para realizar este protocolo dicen que han consultado a especialistas de todo tipo y de todo el mundo, pero que no pisan una escuela en años. Los que realmente conocemos cada escuela, a los alumnos, sus problemas y necesidades, las condiciones edilicias y sanitarias, y los que realmente defendemos la educación pública somos los que todos los días estamos ahí la docencia y el personal no docente de cada establecimiento. Los realmente protagonistas de la enseñanza no somos consultados, la docencia es la verdadera convidada de piedra en un tema tan sensible como es la educación y que está dispuesta a garantizar la educación presencial en condiciones seguras.
Desde la “Corriente Nacional Docente Carlos Fuentealba” somos claros: la vuelta a las escuelas es fundamental para garantizar la educación pública, para hacerla posible en condiciones seguras necesitamos que se vuelquen ingentes recursos del Estado, y eso requiere un drástico cambio en el presupuesto educativo.
Al mismo tiempo el gobierno tiene que avanzar con la campaña de vacunación en las escuelas y se debe hacer un cronograma de regreso paulatino mientras las condiciones epidemiológicas lo permitan y los colegios estén en condiciones, desde lo edilicio y sanitario.
No puede ser que se siga destinando fondos a pagar la deuda externa al FMI, se le bajen las retenciones a los del campo, a las petroleras y mineras, mientras las escuelas están destrozadas. ¡Ahí no tiene que ir el dinero!
Pero para eso es necesario que los docentes nos organicemos y que realicemos asambleas por escuelas. Es necesario que la UEPC en vez de acompañar al gobierno convoque a asambleas escolares, de delegados, para discutir las condiciones del regreso a la presencialidad y que junto a la comunidad educativa nos organicemos para que se garantice un presupuesto que pueda cubrir las necesidades que demanda la educación pública en pandemia. Y otra tarea importantísima en ese sentido es la puesta en pie de organismos de Seguridad e Higiene en cada escuela, conformados por docentes, familias y estudiantes, y que desde ahí se supervisen las condiciones sanitarias y edilicias y también se organice la lucha y movilización para conseguir que se realicen las obras de infraestructura correspondientes, que existan todos los elementos de limpieza y un plan de vacunación acorde a cada realidad.
Que no sean los gobiernos y funcionarios quienes decidan la educación y la salud de la comunidad educativa. Los docentes, los estudiantes y las familias no debemos ser los convidados de piedra en el retorno a las aulas.
- Por una movilización nacional de toda la comunidad educativa en defensa de la educación pública, presencial, en condiciones seguras
- Formación de comités sanitarios de docentes, estudiantes y familias para elaborar un listado de las necesidades de cada escuela y un protocolo que cubra la salud de los estudiantes, docentes, auxiliares y de toda la comunidad educativa.
- Por un plan de vacunación que tome a la docencia como prioridad para el regreso a las aulas.
- Por eso exigimos aumento del presupuesto educativo para infraestructura: construcción de nuevas escuelas y a acondicionar las existentes para un retorno a clases en condiciones sanitarias seguras.
- Que comiencen los arreglos de las escuelas ya: más aulas, baños, servicios básicos como agua y gas.
- Menos cantidad de alumnos por aula para garantizar el distanciamiento y mejorar el aprendizaje.
- Más docentes, personal auxiliar, refuerzo en gabinetes con trabajadoras sociales y otros profesionales. Hay que recuperar los miles de estudiantes hoy excluidos del sistema educativo.
- Por un salario igual a la canasta Familiar
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