En la campaña electoral para los comicios municipales de 2011, el radicalismo -que se alzó con el triunfo en esa contienda-, usó como slogan publicitario "ordenar es el camino". Hoy, luego de 5 años de su gestión, nuestra ciudad de Córdoba lejos de estar ordenada, está sumida en un deterioro general, marcado por un notorio abandono del Estado local en casi todos los planos de la vida cotidiana de los cordobeses. El origen de la enorme mayoría de las complicaciones de gestión que ha tenido el Intendente Mestre, se explican a través de la privatización del servicio de recolección de residuos.
El radicalismo, con mucho apuro y poco análisis riguroso del funcionamiento y costos del servicio, resolvió su entrega a las empresas Lusa y Cotreco a escasos meses de asumir. La excusa de dicha concesión fue que el Estado Municipal se ahorraría los 37 millones mensuales que costaba el servicio hasta 2011. Nada de eso ocurrió, y son 225 millones de pesos mensuales los que pagamos hoy los cordobeses por un servicio que se presta con deficiencias muy visibles, básicamente: el camión pasa poco, si es que pasa.
“508% de aumento en su costo mensual, explica que hoy la recolección de residuos, haya pasado de significar el 12% del presupuesto total del municipio en 2011 al 19% actual”.
Siete puntos más que implicaron la suma (en 2016) de 910 millones de pesos que los cordobeses podríamos haber tenido disponibles para resolver otros de los innumerables problemas que tiene nuestra ciudad. El costo total del servicio de recolección de residuos y barrido el año pasado fue de 2.700 millones de pesos.
Esa historia, que nació fallida a causa del apuro del Intendente por entregarle directamente el servicio a los privados sin ningún análisis previo, sigue muy intrincada y promete ser un escollo durante los años venideros. En su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de 2016, Mestre reconoció que el proceso de licitación de este mismo servicio, que se intentó hacer durante su primera gestión, fue un fracaso. Las ofertas realizadas por las empresas eran astronómicas y, en consecuencia, impagables para un presupuesto municipal al que no le sobra nada. La licitación quedó nula, y la prestación quedó entonces dividida de la siguiente manera: Lusa y Cotreco se encargan de la recolección de residuos, garantizando – en teoría, más no así en la práctica- media ciudad cada uno; y Crese Residual (lo único que aún subsiste de la empresa del Estado que supo hacerse cargo del servicio íntegramente) realiza el barrido y tiene a cargo la disposición final de los residuos. El Intendente había pensado que la empresa intercomunal CORMECOR, se hiciera cargo de esta última tarea, pero el fallido proceso licitatorio hizo también caer esa idea.
La Nueva licitación
En este contexto de mucha vuelta y poca solución efectiva, el intendente Ramón Mestre quiere llamar una nueva licitación que tiene dos grandes puntos de conflicto. El primero es que el Convenio Colectivo de Trabajo que regula la actividad de los trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), estipula que si se cambia la patronal, es decir que si los trabajadores dejan de ser empleados de la Municipalidad, para pasar a serlo de las empresas, se deberá indemnizar a cada uno de ellos. El mestrismo admite que el costo de esa transferencia podría rondar entre los 300 y 500 millones de pesos. Plata que ellos mismos asumen no tener. Ya vimos la primer parte de esta película cuando el barrido pasó a manos del Ente de Servicios y Obra Pública (Esop), con demoras y dudas en la prestación debido a las dificultades para pagar la indemnización correspondiente. El barrido no ofreció mejoras y sin embargo el Esop percibió por el servicio 1.029 millones de pesos.
En segundo es que los nuevos pliegos rondarían un costo similar al actual pero reducen en varios puntos la prestación que supuestamente decían que iban a ofrecer en en los pliegos de licitación caídos. Por ejemplo, no va a haber contenerización en toda la ciudad, apenas en la zona céntrica, y no mejorará la frecuencia.
Los cordobeses estamos atrapados de nuevo en las propias trampas que el gobierno de Mestre se ha puesto desde que iniciara su gestión a fines del 2011. El tema basura se ha convertido en un laberinto costoso con una marcada pérdida de calidad en la prestación del servicio.
“Las propias estadísticas del gobierno municipal indican que de cada 10 llamados por quejas, 8 refieren a la recolección, y sólo 2 al barrido o enterramiento”.
Las empresas beneficiarias de una concesión negligente, están en falta con los vecinos de Córdoba: no han invertido un solo peso en 5 años y cobran caro para prestar un servicio malo. El Ejecutivo controla poco y exige menos, actitudes que deberían ser una constante en un gobierno que asume sus deficiencias e intenta enmendarlas. Pero hasta ahora sólo ha hecho la vista gorda, y a menudo intenta justificar lo injustificable. Así es difícil que las cosas mejoren.
Atento a la gran cantidad de dificultades que se han generado desde que se tomó la decisión política de entregar el servicio a Lusa y Cotreco (empresas privadas a cargo del servicio), dificultades que se multiplican a medida que se avanza en esa dirección, ¿No hubiera sido mejor no mentirle a los cordobeses sobre el funcionamiento de la CReSE, y dejar que el Estado siguiera gestionando el servicio? Al menos en este rubro, el mito de que los privados gestionan mejor que el Estado, se ha caído a pedazos.
(*) Presidente Fundación Córdoba de Todos
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