Este viernes comienza la audiencia pública virtual convocada por el Gobierno. Los vecinos ya rechazaron el proyecto y lo consideran “inviable”. Bosque nativo, cuencas hídricas, viviendas y biodiversidad bajo riesgo en el valle de Punilla.
Ed Impresa 09/04/2021
Miriam Campos
MEDIO AMBIENTE
“El Gobierno y Caminos de las Sierras tienen una especie de slogan que dice ‘es necesaria la Autovía’, y se lo han metido en la cabeza a la gente pero de ninguna manera es imprescindible porque hay mil formas de resolvernos en el valle”, dice a La Nueva Mañana el abogado ambientalista René Amsler, uno de los expositores durante la audiencia virtual convocada por el Gobierno que inicia hoy viernes a las 11 y podrá seguirse por el siguiente link: Audiencias Públicas.
“La decisión política de pasar por encima del monte y romper antes de pensar en soluciones reales para la problemática vial que están planteando, tiene cierto nivel de torpeza que no se puede creer”, agrega.
En el estudio de impacto ambiental, en la página 54 -y en el aviso de proyecto que fue lo primero que circuló como una reversión de lo que ya se había rechazado en 2018- se justifica la nueva traza de la variante Costa Azul- La Cumbre, con el argumento de “ahorrar tiempo” para circular: “Se podrá llegar desde Buenos Aires hasta Capilla del Monte sin cruzar un semáforo”, aduce el Gobierno.
“La verdad que es horrendo cuando lo presentan así porque uno se pregunta, ¿este es realmente el objetivo?, uno de los pocos que plantean en el proyecto. ¿Vamos a destruir todo el monte y pasar por encima del bosque nativo para que alguien pueda llegar desde Buenos Aires un poco antes, sin parar, a Capilla del Monte?. Es una cosa casi obscena, es fuerte”, dice el letrado.
En esa línea, desde la Fundación para la defensa del ambiente (Funam), que también expondrá en la audiencia, el biólogo y Nobel Alternativo en 2004, Raúl Montenegro, destaca: “Insistimos en que el Gobierno de Córdoba sigue adaptando las leyes que están vigentes, a decisiones tomadas. Es decir, la decisión de hacer la obra está tomada y los trámites de financiamiento también”.
Para el biólogo lo que se hace “es tratar de readaptar las leyes a decisiones tomadas y como parte de esa adaptación se encuentra la audiencia pública virtual que no es vinculante”.
“Esto me parece muy importante porque al no ser vinculante, prácticamente la Provincia puede tomar la decisión de licencia ambiental a través de la Secretaría de Ambiente, sin necesidad de considerar los aspectos negativos que se mencionarán en audiencia”, dice Montenegro.
Para Amsler, por su parte, hay dos líneas de reproche respecto al proyecto de la Autovía: el estudio de impacto ambiental y una línea de fondo respecto al proceder gubernamental en la convocatoria a la audiencia pública de modo virtual que no garantiza el pleno acceso al espacio de participación. “Esto viola de manera flagrante, lo que es el principio de equidad, de igualdad de las personas porque no todas pueden acceder, no solo a la virtualidad sino a tener un CiDi dos, que requiere toda una gestión y hasta cierta tecnología para llegar ahí. Incluso acceso a la conexión a internet, que ahora es casi como el agua y mucha gente no la tiene, justamente como el agua misma”, explica el abogado sobre el requisito de estar registrado en la plataforma provincial para poder expresarse en la audiencia pública.
Antes de la pandemia, en 2018 las personas también se podían anotar virtualmente pero además estaba habilitado hacerlo a través de una nota a la Secretaría de Ambiente. “De repente incorporan una condición que no tiene ninguna razón de ser”, dice el letrado y puntualiza que “vulnera el principio de la no regresividad en materia ambiental”, que hoy ha sido elevado, incluso a categoría de derecho humano, como lo menciona el acuerdo de Escazú: “Lo que se ha logrado en materia de participación, de ambiente, del derecho al acceso a la información, no se puede ir para atrás. Sería inválido cualquier camino más restrictivo. Y ahora es notoriamente más limitado, por eso marcamos lo de la virtualidad y la necesidad de tecnología para poder acceder”.
“La participación tiene que ver con la toma de la decisión y es la decisión sobre lo que queremos, en donde tenemos que participar”, dice el letrado y puntualiza que la cuestión es tan grave respecto a las condiciones y limitaciones que se han puesto, que ya “eso parece que nubla todo el resto” pero a la vez “hay muchísimos problemas” en materia de lo que es el estudio de impacto ambiental.
Amsler explica que para un proyecto de tal envergadura que afectará a todo el valle, el estudio de impacto ambiental se debe hacer de forma integral: “No es solamente, y que no es poco, el desmonte directo que la autovía va a generar en ese momento, sino cómo eso va a impactar en las generaciones futuras, en las economías futuras, en las otras problemáticas que existen, entre las otras cuestiones que están en juego. Es complejo, se requiere un estudio mucho más preciso, más serio y esto no es ni preciso ni serio. Esto es subjetivo. Son 300 páginas de buenas intenciones, según lo dicen ellos, pero no reúne ni siquiera los requisitos para ser un estudio de impacto ambiental a secas”.
La ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, en el artículo 24 establece requisitos precisos de cómo se debe abordar un estudio de impacto acumulativo, cuestión en la que falla el proyecto porque deben contemplarse determinadas cuestiones como por ejemplo, la consulta a las comunidades originarias, una plan de manejo sostenible de los bosques nativos, proyección de cómo evolucionará el medio físico, económico y social, entre otros, que “son cosas que no se hicieron”, apunta Amsler y agrega: “Plantean un progreso muy mal entendido y a la vez muy desprolijo”.
“Nosotros consideramos que esto es totalmente inviable y vamos a decirles eso durante la audiencia. Ya fuimos judicialmente ante el Tribunal Superior de Justicia para que frene este proyecto porque no hay licencia social y el pueblo no está en condiciones de seguir tolerando ese tipo de abusos”, cierra Amsler.
“El sentido del proyecto es cuidar el tránsito para evitar embotellamientos y a los pueblos esto nos va a pasar como topadora por encima”, aporta también Silvia Cerino, de la agrupación Árboles de la Cumbre, e integrante de la Asamblea de Punilla.
“Van a romper zonas montañosas, va a haber voladuras, taludes, porque es zona de topografía muy sensible. Van a romper cuencas hídricas, que van a pasar expresamente sobre reservas naturales y arqueológicas, van a expropiar viviendas. Se va a ver afectada la cría de animales, la extracción de áridos. Sin agua, no hay vida y es claro que van a pasar por nacientes de cuencas y empalmes de ríos”, dice la ambientalista y agrega: “Es muy triste y doloroso”.
Para Cerino no pasa desapercibido que para la entidad financiera Corporación Andina de Fomento (CAF), -que financiará el proyecto y cuyas gestiones empezaron previamente a estudio de impacto ambiental y la audiencia pública-, uno de los requisitos del préstamo para la obra, es que exista paz social, ambiental y anuencia de los ciudadanos pero “ninguno de los tres requisitos se está cumplimentando”.
“Por esto mismo, es que todo este movimiento está denunciando ante el banco lo que está pasando”, agrega.
En ese mismo marco, para el titular de Funam, el proyecto no tiene posibilidad de mejoras: “La primera traza era directamente aberrante, y esta segunda opción, que es una traza de papel con muy poco terreno, también es inviable”, aporta.
“En cualquier sistema inteligente, algo que no caracteriza al Gobierno de Córdoba, se trabajaría sobre la propia Ruta 38, ver cómo se puede trabajar desde allí e ir viendo qué otro tipo de alternativa hay”, expresa Montenegro y agrega que lo que se antepone, en realidad, son elementos que tal vez no están tan visibles en la superficie: “Con la excusa de hacer obras, se está favoreciendo a empresas constructoras viales y con inversiones muy impresionantes. Acá se está utilizando la excusa de necesidades o supuestas necesidades para favorecer el trabajo de las empresas viales”.
Para el biólogo, esto le da al Gobierno dos herramientas, “por un lado puede mostrar a la sociedad que está haciendo obras, y por el otro lado, en términos de economía, puede decir que gracias a su decisión se activa la obra pública”.
“Me preocupa qué va a pasar después de la audiencia porque estos son ornamentos institucionales que hace el Gobierno para emprolijar, entre comillas, su decisión ya tomada”, se lamenta Montenegro y agrega: “La gestión de Schiaretti en materia de ambiente ha sido, legalizar ilegalidades en una provincia que es una de las peores administradas en materia ambiental”.
Paralelo a la convocatoria virtual, desde la Asamblea Ambiental y Cultural Punilla, realizarán mientras dure el debate una “audiencia presencial”, en reclamo a una “verdadera participación ciudadana”, tal como establece la legislación ambiental.
La actividad programada en Punilla se realizará durante los días consecutivos al inicio de la audiencia virtual y la convocatoria es en el histórico horno de Bialet Massé, en la Ruta 38 con puntos de wifi donde la gente que no tiene internet en su vivienda puede conectarse para escuchar a los oradores en la audiencia virtual. También estará funcionando una radio abierta con participación de las organizaciones que apoyan al movimiento serrano.
“Vamos a tener la radio abierta donde todos podremos escuchar a los técnicos. Y también vamos a tener una pantalla donde se irá reproduciendo la audiencia pública en vivo a través de los parlantes”, describe Eugenia López, de la Asamblea de Punilla y destaca el trabajo coordinado que se viene llevando desde la sierras para visibilizar lo que sucede en las comunidades del valle. "Acá, en Bialet Massé, hay personas que ni siquiera han recibido un solo documento de información y van a ser expropiados estando ya en etapa de audiencia pública, cuando la audiencia pública significa que uno va a refutar un estudio de impacto ambiental ya realizado. En esta zona hay como 50 familias, pero son más", agrega.
El objetivo de la convocatoria “es visualizar lo que tendría que haber hecho el Estado, que asegurar la participación de todos los ciudadanos”, indica la asambleísta y agrega que aquel ciudadano que no se haya podido inscribir o no tenga computadora, podrá dejar sus declaraciones por escrito con lo que se conformará un archivo para presentar, luego que se termine la audiencia, una denuncia con la voz de toda la gente que por no tener CiDi, no pudo acceder a la participación ciudadana.
“Creemos que en Punilla tenemos otras necesidades, como ser el agua potable. Acá hay barrios que están un mes y medio sin agua. Después tenemos problemas con el lugar en las escuelas públicas, los dispensarios están devastados. El Funes no tiene ni personal”, explica López sobre la movilización de los vecinos y aclara: “Creemos que necesitamos un ordenamiento territorial que sea participativo, donde los vecinos podamos decidir en qué territorio queremos vivir y de qué manera”.
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