La querella de organismos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación alegó por las víctimas Hugo Donenberg, Claudio Román, “Coqui” Arias y la familia Soulier.
Córdoba 11/12/2020
Adrián Camerano
Este jueves comenzó la etapa de las conclusiones finales del 12° juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba, por hechos ocurridos de marzo a septiembre de 1976, durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. En tres meses, por el proceso iniciado el 9 de septiembre y encabezado por la jueza Carolina Prado, del Tribunal Oral Criminal Federal 1, pasaron 48 testigos, las declaraciones indagatorias de los 18 imputados y un cúmulo de pruebas de distinto tipo, algunas de las cuales fueron agregadas este jueves.
En su alegato, los abogados querellantes Lyllan Luque y Claudio Orosz –representan en conjunto a los organismos Hijos y Familiares de Desaparecidos, y el letrado, en solitario, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- pidieron prisión perpetua para los imputados por cuatro de los hechos que ventila el proceso. Se trata del secuestro y desaparición de Miguel Ángel “Coqui” Arias, Hugo Donenberg, la familia Soulier y Claudio Román, como así también el secuestro y tormentos que sufrió Sebastián Soulier, un bebé de meses en 1976.
Orosz inició el alegato de la querella citando vasta jurisprudencia en materia de Derechos Humanos y señalando que se valdrían no sólo de “testimoniales y documentales”, sino también de “indicios unívocos” que dan “por probada la participación responsable a quienes hemos acusado en los requerimientos”. “Nos vamos a basar en los legajos, documentales producidas por los propios imputados y la contundencia de los testimonios”, refirió.
En primera instancia, Luque se refirió al secuestro y desaparición de Miguel Ángel “Coqui” Arias, ex estudiante del colegio secundario Loreto y militante de las Fuerzas Argentinas de Liberación - Fal 22 de Agosto. La letrada repasó las declaraciones de familiares de la víctima, recordó la acusación que vinculada a este hecho fue formulada públicamente contra el ex funcionario menemista Julio César Aráoz, y señaló que Arias “para nosotros, fue llevado al campo de exterminio La Perla, igual que muchos de sus amigos y compañeros”.
También tuvo un párrafo aparte para hechos vinculados a delitos contra la integridad sexual y en perjuicio de la niñez, con chicos “privados de su libertad, objeto de botines de guerra y de tortura”, en casos como el de Sebastián Soulier, que se ventiló en audiencias anteriores y está directamente relacionado con el hecho de Arias.
“No fue circunstancial: sabían y querían lo que estaban haciendo”, refirió, y habló de “un plan sistemático y generalizado de represión a opositores”, incluyendo a niños.
Luego retomó la palabra Orosz para referirse al caso de Hugo Donenberg, que enmarcó en la persecución a militantes de la Juventud Guevarista y especialmente a quienes eran o iban a ser conscriptos. El letrado destacó la declaración de Mónica Solodky, viuda de Donenberg, y precisó que al hombre “testimonios e indicios unívocos indican que lo llevaron a La Perla”, donde habría sido salvajemente torturado y asesinado estaqueado al sol, en un hecho que habría tenido el plus del antisemitismo.
Finalmente, Orosz retomó la palabra para referirse al secuestro desaparición de Claudio Román, integrante del centro de estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y militante de la Unión de Estudiantes Secundarios. El abogado querellante hizo referencia al rol que, según testimonios, cumplieron en la persecución a los jóvenes el ex rector Tránsito Rigatuso y el ex docente Hugo Lafranconi, y dijo que “Román era uno de los blancos que Menéndez ordenaba identificar y aniquilar”.
“Está probado que estuvo en La Perla en julio de 1976, cuando la cuadra se llenó de lo que los represores llamaron ‘los chicos del Belgrano´”, señaló, y relató que su crimen fue en el marco de un “cinco por uno” implementado por Menéndez: esa acción le habría costado la vida a dos jóvenes cautivos de La Perla y a tres detenidos en la UP1, entre ellos el padre del actual juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.
“Los testimonios y los legajos de los imputados los ubican en el lugar al momento de los hechos” precisó, y dijo que el imputado “Diedrichs es el hombre de atrás, el que domina el hecho”.
En la unificación del alegado, se pidió la pena de prisión perpetua para todos los encartados por estos hechos, que en el marco de condenas ya recibidas gozan en muchos casos de prisión domiciliaria.
Los 18 imputados en este proceso son Exequiel Acosta; Ernesto Guillermo Barreiro; Carlos Alberto Díaz; Luis Gustavo Diedrichs; Calixto Luis Flores; Miguel Ángel Gómez; Arturo Emilio Grandinetti; José Hugo Herrera; Yamil Yabour; Ricardo Alberto Lardone; Arnoldo José López; Alberto Luis Lucero; Juan Eduardo Molina; Emilio Morard; Fernando Martín Rocha; Héctor Pedro Vergez, Carlos Meira y Carlos Alfredo Yanicelli. La proxima audiencia es el miércoles 16, cuando desde las 10 alegue el fiscal Maximiliano Hairabedian.
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