En una nueva audiencia del 12º juicio en Córdoba, el abogado querellante y testigo Claudio Orosz relató la represión a estudiantes del Manuel Belgrano. Hubo otras cuatro testimoniales.
Córdoba12/11/2020
Adrián Camerano
Cinco testigos presenciales en sala tuvo este miércoles la décima audiencia del duodécimo juicio por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. Ante el Tribunal Oral Criminal Federal 1 compuesto por Carolina Prado, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci, declararon los testigos Daniel Álvarez, Dardo y Mario Acosta, Inés Mercedes Ramonda y Claudio Orosz.
El proceso tiene a 18 imputados, entre ex policías, militares y agentes de inteligencia, y ventila hechos ocurridos entre marzo y septiembre de 1976 en la provincia.
En su primera vez como testigo en un juicio por delitos de lesa humanidad, el abogado Claudio Orosz brindó un extenso testimonio que se centró en el clima de época en el estudiantado de la escuela Manuel Belgrano, donde era delegado de su curso. El también querellante relató la historia familiar, vinculada a la persecución y el exterminio nazi, y contó pormenores del ambiente politizado en el que le tocó desarrollar sus estudios secundarios.
Militante de Palabra Obrera primero y de la Juventud Guevarista luego, desarrolló el testigo un relato histórico que tuvo como hitos a la Masacre de Trelew, el derrocamiento de Salvador Allende en Chile y la asonada policial local que pasó a la historia como “El Navarrazo”. Orosz contó que previo al Golpe los alumnos del Belgrano que activaban en el centro de estudiantes fueron perseguidos e investigados de modo ilegal, incluso más allá del edificio escolar, y que “el año 74 lo usaron para saber quiénes éramos nosotros”.
En esa línea, narró que “en marzo de 1975 citaron a todos nuestros padres” desde el colegio, para acusar a los estudiantes de revoltosos –algo ya narrado en audiencias anteriores por otros testigos-, recordó algunas tomas de la escuela ante reclamos puntuales y destacó la “unidad obrero estudiantil”. “Creíamos que teníamos a mano cambiar la historia, pero nos cortaron las manos”, graficó.
En otro tramo de su testimonio, marcó como hito el entierro del sindicalista combativo Agustín Tosco, y contó que a fines de 1975 marchó al exilio, primero a Holanda y luego a Israel, desde donde activó un comité de resistencia a la dictadura hasta el regreso al país muy pronto, en 1977. En todo ese racconto de vida y militancia destacó a dos compañeros de estudios: Gustavo Torres, con quien lo unió una relación muy estrecha, y Claudio Román, “un ´jetón´ de la Unión de Estudiantes Secundarios” secuestrado por la represión; también habló de Hugo Donenberg. Los tres son víctimas de hechos que se juzgan en este proceso.
A su turno, Inés Ramonda declaró en su doble condición de testigo y víctima. La mujer tenía 18 años cuando fue secuestrada en la madrugada del 21 de abril de 1976 de su casa de barrio Ayacucho. La patota estaba conformada por integrantes del Ejército y se movilizaba en tres automóviles Ford Falcon; Remonda fue trasladada a La Perla, donde sufrió torturas físicas y psicológicas antes de ser liberada.
La joven descansaba esa madrugada en la casa familiar, cuando –recordó ante los jueces- “golpearon la puerta, dijeron Ejército´” y pudo identificar a dos personas “de civil, uno vestido con un gamulán, petiso y de cabello corto, y otro alto”.
La testigo relató que en el secuestro la llevaron en automóvil por la ruta 20 (sabía que me llevaban rumbo a Carlos Paz”) y que “tenía la idea de que mientras hubiera luz, habría vida”. En un momento el vehículo en el que era trasladada giró a la derecha, ingresó a un camino de ripio y se detuvo. Ingresó a un recinto, donde fue interrogada y torturada, sumergiéndole la cabeza en un tacho con agua pestilente. Luego la pasearon en auto dentro del predio de La Perla, la manosearon y a posteriori “estuve un día y pico en la cuadra, vendada”, donde le asignaron un número. “Había más gente en la cuadra, me hablaban, pero lo único que yo hacía era llorar” dijo, y relató que “a la gente la llamaban por el número”.
También explicó que estando en cautiverio en el centro clandestino “la esperanza era ser legitimado como detenido para poder ir a una cárcel común” y que, previo amenazarla nuevamente, la llevaron a su casa. Pero como en la vivienda no había nadie, pidió ser entregada en el hogar de su octogenaria abuela, a dos cuadras; cuando llegó, atendió su novio, y ella le indicó que no se expusiera ante sus captores. Semanas más tarde el joven, Máximo José Juárez, fue desaparecido.
El final del cautiverio de Ramonda no significó, de modo alguno, el cese del horror. “Las consecuencias siguen, el temor no se va nunca, uno lo siente en el cuerpo” relató, conmovida, y confesó que “me llevó 30 y pico de años hablar de esto, siempre me sentí culpable”.
“Yo pude casarme, hacer mi vida, pero pido justicia por tanta gente que quedó en el camino” dijo, señaló que “siempre supe que estuve en La Perla” y acusó “un bloqueo mental” que perdura hasta hoy.
“Las consecuencias son irreparables, el dolor no se va a terminar nunca. Pido justicia”, finalizó.
Ante el tribunal, los hermanos Dardo y Mario Acosta relataron el procedimiento clandestino que significó la captura de su hermano Néstor (20 años), la madrugada del 17 de junio de 1976. Dardo relató que el joven “era un muchacho lleno de vida y de salud”, que “estudiaba y trabajaba desde muy chico” y destacó que los hermanos “crecimos en una familia humildes, y felices”.
En el relato del operativo represivo en la casa familiar de barrio Talleres Sud, identificó a dos personas que comandaban las acciones, “uno morocho de civil y otro de pelo blanco, que era el más violento”. Dardo Acosta contó que los atacantes revolvieron la vivienda (“no sé qué buscaban”), que se llevaron ropa (“el petiso morocho se llevó un saco nuevo en la mano”) y que “se robaron hasta los panes caseros que había hecho mi madre”.
El papá de los Acosta, ferroviario como su hijo secuestrado, esa noche no estaba en su casa, por motivos laborales. Horas más tarde el hombre llegó a su vivienda y recordó Dardo ese momento como “una desolación total”. “Fue la primera vez que vi llorar a mi padre”, señaló, en un relato en el que se mostró conmovido aún transcurridos 44 años de aquella noche de terror.
Como en tantos casos de secuestro y desaparición, la familia inició una búsqueda que se prolongó durante mucho tiempo, sin mayores resultados. “Fueron semanas tras semanas sin ninguna información” dijo el testigo, y recordó que en una visita al Episcopado “a mi padre le dijeron que iban a rezar por nosotros”.
En otro tramo de su declaración, reivindicó la militancia gremial de su hermano desaparecido y vinculó su secuestro a esa actividad, toda vez que Néstor Acosta integraba una lista sindical que no era bien vista por antiguos trabajadores del ferrocarril. Concretamente, señaló que el dato que devino en su secuestro habría provenido de compañeros de trabajo de su hermano –nombró a dos personas, de apellido Gatica y Sierra-, con complicidad de un policía apellidado Busso.
“Mi hermano nunca se pudo defender, nunca le dieron la oportunidad, como ahora sí tienen sus asesinos cobardes”, señaló. La de Acosta no fue la única desaparición de un trabajador ferroviario ocurrida por esos días; varios compañeros de tareas suyos corrieron la misma suerte, en otros hechos que se ventilan en este mismo juicio.
Su hermano Mario, en tanto, brindó un testimonio mucho más breve, en el que básicamente ratificó las circunstancias del operativo señaladas por su hermano.
La jornada de testimonios la había abierto Daniel Álvarez, quien declaró en orden al asesinato de su hermano Carlos, militante del PRT-ERP. El hombre dijo que su hermano “fue emboscado y ajusticiado” en una ratonera montada en la que secuestraron a su compañera, una joven oriunda de Entre Ríos. Y precisó que semanas más tarde, en ese mismo junio de 1976, la familia recuperó el cuerpo.
“Una noche golpearon la puerta, pensamos que era otro allanamiento pero era que nos venían a avisar que teníamos que reconocer el cuerpo, pero no nos dijeron dónde. Finalmente logramos recuperarlo y quiso el destino que ese mismo día falleciera mi abuelo, así que el velatorio de mi abuelo fue también el velatorio de mi hermano”, detalló.
Álvarez explicó que su hermano Carlos “era militante del ERP, andaba armado y sabía que lo iban a matar” y que comerciantes que le conocían y le tenían aprecio habían ofrecido ayuda para que escapase, pero el joven se negó. Finalmente relató una experiencia personal de detención en la ex D2, en noviembre de 1975, cuando “allanaron mi casa” y en esa dependencia policial “me interrogaron y amenazaron”. Ese tramo de la declaración fue girado a la Fiscalía Federal Nº3, para que inicie la pertinente investigación.
La próxima audiencia, undécima, fue pautada para el martes 17 de noviembre desde las 10.
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