Los seis policías acusados por la muerte de Romo en la comisaría de La Falda, en julio de 2022, pasaron de estar imputados por homicidio y encubrimiento agravado por abuso institucional; a figuras culposas por imprudencia y exceso en la legítima defensa.
Córdoba05/06/2025
Redacción La Nueva Mañana
El abogado Gustavo Pérez, que representa a la familia de Jonathan Romo, el hombre de 35 años que falleció el 10 de julio de 2022 en la comisaría de La Falda, informó que la Cámara de Apelaciones de Villa Dolores resolvió morigerar las imputaciones que pesan sobre seis efectivos policiales y adelantó que apelará dicha medida ante el Tribunal Superior de Justicia.
Entrevistado por Canal 10, Pérez indicó que dando lugar a la oposición planteada por los abogados defensores de los imputados, se resolvió cambiar la carátula de homicidio calificado por abuso institucional y encubrimiento agravado por abuso institucional, para encuadrar las calificaciones de los acusados en homicidio culposo por imprudencia y exceso en la legítima defensa.
El abogado cuestiona esta decisión, amparándose en lo que reveló la autopsia practicada a Romo por médicos forenses del Poder Judicial que, con certeza, "determinó que el deceso de Jonathan Romo se debió a una asfixia mecánica prducida por el accionar de los policías intervinientes en el hecho".
"Vamos a apelar a través de un recurso de casación extraordinaria que se hace ante el Tribunal Superior de Justicia", adelantó Pérez, quien alertó que la causa se quedó sin fiscal, en referencia a Raúl Ramírez, "que hoy está imputado por encubrimiento en una causa de Cruz del Eje por narcotráfico".
Esperan que en los próximos días se informe quién es el nuevo fiscal, ya que "los plazos nos corren". Cabe recordar que el expediente por la muerte de Romo tuvo ya un freno en primera instancia, cuando el juez de Control había deteminado que no existían pruebas suficientes para acusar a los policías.
Están acusados de homicidio los sargentos Miguel Ángel Aguilera y Walter Geri; y los cabos Juan Pablo Zunino y Hernán Suárez; mientras que por encubrimiento están imputados el subcomisario Pablo Antonio Zárate y el agente Lucas Giménez, a quienes se responsabiliza de no haber denunciado lo sucedido ni haberlo hecho constar en el libro de guardia.
Cabe recordar que el hecho investigado ocurrió el 10 de julio de 2022 cuando se montó un operativo policial en barrio Río Grande de La Falda, donde Romo, de 35 años, había sufrido una crisis que había sido denunciada por un comerciante.
Sin pasar por un centro de salud, el hombre fue reducido y tralsadado a la comisaría, donde falleció: según la autopsia oficial, por asfixia mecánica. Desde la defensa de los policía sostienen la hipótesis de un fallecimiento vinculado con un "estado de intoxicación aguda".
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