Lesa humanidad: cerró la etapa de testimonios y ampliaron indagatorias

Con la declaración de tres testigos y la ampliación de indagatorias de siete de los 18 imputados, se desarrolló este miércoles la decimocuarta audiencia del 12° juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en Córdoba durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. El proceso encabezado por la jueza Carolina Prado ingresó así en su etapa final, que continuará este jueves desde las 10, con más ampliaciones de indagatorias y el inicio de los alegatos de las querellas particulares.

“Los detenidos del frigorífico fueron llevados a La Perla”

La primera testigo fue  la docente jubilada Leonor Luque, quien declaró con relación al secuestro y desaparición de Viviana Real y Bruno Castagna, arrancados de una pensión de Unquillo a fines de mayo de 1976. La mujer refirió que este establecimiento pertenecía a una parienta, y que ella y su  marido habían hospedado a Real y Castagna “en mi casa, durante dos meses y medio”. “Mi marido fue quien les consiguió ese alojamiento; él se llamaba Gustavo Adolfo Correa, era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y fue desaparecido y asesinado”.

Ante los jueces, Luque refirió que “el 24 de mayo de 1976, una semana después de que dejaran Castagna y Real nuestra casa, fue secuestrado mi esposo. Al día siguiente nos enteramos de que Bruno y Viviana habían sido secuestrados dos horas después que mi marido y de la misma manera a lo que ocurrió en mi casa”. La mujer describió la escena como de “golpes fuertes, gritos, y al menos dos autos encandilando el ingreso a la casa”; dijo que el procedimiento que costó la libertad y a posteriori la vida de Castagna y Real “fue idéntico” y que por ello “inferimos que eran las mismas personas”, en referencia a los secuestradores. “Mi marido fue llevado a La Perla; si estaban dentro del mismo operativo, es probable que Bruno y Viviana también”, concluyó.

La testigo dio cuenta de otros secuestros ocurridos en Unquillo esa misma noche, todos vinculados al frigorífico Mediterráneo, donde también trabajaba su esposo. Y aunque Castagna y Real no estaban relacionados con ese establecimiento, situó sus detenciones en ese contexto de la represión en Sierras Chicas. 

“Los detenidos del frigorífico fueron llevados a la comisaría de Unquillo, y destino final La Perla”, precisó, y cerró diciendo que “estos juicios le devuelven la identidad y la dignidad a la gente”.

Antes del segundo testimonio, vinculado a un doble secuestro y posterior desaparición de Adrián Ferreyra en Cruz del Eje, la defensora oficial Natalia Bazán pidió y logró que se incorporen tres fotografías de su defendido Arturo Grandinetti, justamente imputado por ese hecho en la localidad del noroeste provincial. La estrategia apunta a desligarlo del hecho, aunque la declaración de la sobreviviente, víctima y testigo María del Carmen Pietri lo involucra directamente.

"¿Vos sabés que nos van a matar?”

El segundo testimonio fue el de Oscar Guzmán, estuvo vinculado a este hecho y brindó precisiones acerca del derrotero posterior de Ferreyra, que como él estuvo detenido en la comisaría 12 de Cruz del Eje. Trabajador rural jubilado, Guzmán refirió que “a mí me detienen el 24 de marzo en mi casa de Media Naranja; era un grupo del Ejército y me llevaron a la policía de Cruz del Eje, donde me hicieron dormir una noche”. “Al otro día –prosiguió- a 12 o 13 personas nos llevan en un camión del Ejército escoltado por dos autos de la policía de Cruz del Eje al cuerpo de paracaidistas; allí nos hicieron un simulacro de fusilamientos. Uno de los policías les decía quién era quien y nos iban vendando y atando las manos con alambre; había una chica López al lado mío, una maestra que yo no la conocía y le dije ´vos sabés que nos van a matar´; ella dijo si, y le dije: Nos van a tirar a los hornos de La Calera”. 

“Nos cargaron en un camión como bolsas, atados con alambre y vendados, y de ahí a Campo de la Ribera”, donde “escuché que había mucha gente, sentía las respiraciones de muchos”, indicó. 

Ante los jueces, Guzmán señaló que en ese lugar fueron maltratados y que iban llamando a las personas, hasta que sintió que se estaba quedando solo, se desesperó y empezó a gritar. Fue allí que “nos llevaron a la UP1, nos sacaron las vendas, nos desataron y la mayoría éramos de Cruz del Eje, 12 o 13 que fuimos los primeros que entramos al pabellón”.

En el tramo directamente vinculado al caso que se investiga, Guzmán dijo que cuando ya hacía varios días que permanecía preso en la UP1, “llegó un grupo y había un muchacho flaco, Pedro López; él dijo ´¿quién es Nino?´; yo dije que yo era y él me dice: ´Dice el Adrián Ferreyra que a él lo tienen en el camión afuera”. De acuerdo al testimonio, Ferreyra –detenido el 29 de marzo de 1976 y trasladado con destino incierto el 31 de ese mes- habría estado en la puerta de la UP1, vivo, a fines de marzo o los primeros días de abril del año del Golpe.

Guzmán dijo no haber conocido a Ferreyra pero sí que “Adrian venia todos los años a la casa de su abuela, que estaba pegada al trabajo mío”. Y recordó que “un día o dos antes del Golpe él se arrimó al alambrado, y hablé cinco minutos con él. Luego, cuando me llevan, mi ex mujer me conto que ´el nieto de doña Pura vino acá a casa y dijo ´yo me voy a ir a Córdoba y voy a averiguar dónde está tu marido´”. En esa línea, agradeció que Ferreyra “fue solidario con mi mujer y mis criaturas”.

“No me gusta tu cara y tengo una forma de no verla más”

La tercera testigo este miércoles fue Eddy Salles, quien relató su secuestro y el de su hermano Carlos y su compañero de estudios Hugo Oyarzo, de la vivienda familiar de Alta Córdoba. “Nos sacaron atados y vendados los ojos; me hicieron acostar en mi cama, me tiraron una sábana arriba que no se tapó bien y pude ver a una persona dando vuelta los cajones, buscando cosas. Me hicieron cambiar, me ataron, me manosearon, me sacaron el reloj que tenía puesto y nos cargaron en unos vehículos”, precisó.

Los tres jóvenes fueron trasladados a una dependencia que sería la delegación Córdoba de la Policía Federal; de allí recuerda Salles el ruido de máquinas de escribir y de “gente llorando”. Luego a ella y a Oyarzo los cargan en un camioneta, atados y vendados; “lo bajaron a Hugo. anduvimos otro trecho por pavimento, camino de tierra nuevamente” hasta que la liberan a ella también. En pésimo estado –“empecé a llorar, sentí perros ladrando atrás mío y la voz de una mujer que decía ´qué le pasa m´hija´”- la mujer fue ayudada por una pareja de chacareros que “me llevaron a un ranchito, me hicieron mate cocido y me explicaron dónde estaba”.

La ruta era la que unía Córdoba y Alta Gracia, y “la camioneta cuando subió a la ruta siguió para el lado de Alta Gracia, no volvió a Córdoba”. Los chacareros “me dieron la plata para el pasaje y me explicaron cómo volver; tomé el ómnibus, volví a la terminal y no recuerdo de qué forma volví de la terminal a mi casa” contó, conmovida.

Salles refirió que ya en su hogar “Hugo había llegado y nos sentamos a esperar a que regresara Carlos, que era el que faltaba. Hasta hoy”. Finalmente relató el calvario familiar posterior a la desaparición, con “gente que mentía, que se aprovechaba” para sacarle dinero a la familia, y que con sus padres “empezamos a salir con cada dato”.

“Jamás supimos el destino de mi hermano, era como si se lo hubiera tragado la tierra” dijo, al tiempo que dio cuenta de que “hubo trascendidos de que estuvo en Campo de la Ribera”.

Lúcida, la mujer señaló que  “acá hubo un sector que ejecutó que fue el de los militares, pero con los años no me cabe duda de la colaboración de un sector de la política y de los civiles, que ayudó para que hagan el desastre que han hecho, la cantidad de familias cercenadas. Desearía que esto no nos suceda más”.

Finalmente, tal como consta en la instrucción, vinculó la detención de su hermano y posterior desaparición a un altercado que el joven tuvo con un comisario de su pueblo de origen, San Antonio de la Paz, Catamarca. “Que la justicia haga todo lo posible para que estas cosas no vuelvan a suceder y se investigue cuánto compromiso con lo que pasó tuvo la parte civil y un sector de la política, porque pasó en muchos casos esto de ‘no me gusta tu cara y tengo una forma de no verla más´”.

Indagatorias ampliadas

Siete de los 18 imputados ampliaron sus declaraciones indagatorias, sin aportar datos de relevancia y centrando en muchos casos sus críticas a la fiscal instructora, Graciela López de Filoñiuk.

El ex policía provincial Yamil Jabour dijo que “la fiscal no encuentra cómo involucrarme en los delitos en los que estoy involucrado”, admitió haber participado en “dos procedimientos de calle” y precisó que “a los detenidos se les tomaba indagatoria”, en tiempos en que estaba suspendido el estado de Derecho. “No era mi función detener ni interrogar”, dijo.

Otro imputado, Carlos Yanicelli, se limitó a declarar que “no tengo absolutamente nada que ver en los hechos que se me imputan”, mientras que Ricardo Lardone se exculpó asegurando que “ningún testigo me involucra en los hechos que se me imputan, no he participado en nada de todo esto”. “Ya fui enjuiciado y estoy ilegalmente detenido, pido mi libertad”, señaló.

El acusado Jorge Exequiel Acosta aseguró que “niego los hechos que se me endilgan” insistió en que “ya fui juzgado y condenado” y deslizó: “En todos los juicios actuó Jaime Díaz Gavier”, uno de los integrantes del tribunal.

Por otro lado, el imputado Alberto Lucero también dijo ser “ajeno a todos los hechos que se me imputan”, precisó que “en ninguna de las causas en las que he sido condenado figura mi nombre y apellido” y que afronta este proceso y los anteriores “solo por pertenecer al D2”.

A su turno, Emilio Morard hizo un repaso por su trayectoria en el Destacamento de Inteligencia 141, donde actuó bajo el nombre ficticio de Esteban Merlo. Dijo que lo vivido “fue una guerra”, que en la época “no sabía de lugares de reunión de detenidos ni de asesinatos” y que en otros juicios en el mundo “nunca se persiguió a alguien sin mando, solo a los jerarcas”.

Arnoldo López centró su declaración en atacar al abogado querellante Claudio Orosz y en cuestionar a varios testigos del juicio, dijo que “todos estos juicios son políticos”, y señaló que “no hubo persecución sino acción del Estado para frenar a grupos terroristas armados”.

Finalmente, José Herrera inició su declaración criticando el accionar fiscal y mostrando un informe de la Comisión Argentina de Derechos Humanos de 1980, pero una falla técnica abortó su declaración, que seguirá este jueves desde las 10 y puede seguirse por el canal de YouTube del tribunal.

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