La proliferación de los discursos de odio, los mecanismos sancionatorios y un contexto que exige con fuerza poner límites a quienes hacen culto del negacionismo.
Ed Impresa 27/11/2020
Adrián Camerano
OPINIÓN
Empoderados. Así están los negacionistas del genocidio, los nostálgicos del terrorismo estatal que, pandemia mediante, se montaron en el discurso anticuarentena y anti todo, y pasean sus discursos de odio por las calles argentinas.
Es que si hasta el año pasado cuestionar las cifras de 30 mil desaparecidos era asunto de marginales al uso de Darío Lopérfido, en este 2020 se observa un recrudecimiento del tema y una naturalización peligrosa de un discurso que añora las botas y percibe al otro como un enemigo a eliminar.
Los escenarios mediáticos más recurrentes para el florecimiento de estos discursos son dos: la calle, el espacio público; y las redes o cloacas virtuales. Así, pudimos ver cómo el Feinmann malo se refirió a los primeros 30 mil muertos por la pandemia y se encargó de destacar que “llegamos a los 30 mil, esta vez sí”; nos anoticiamos de una camioneta en Trelew con inscripciones a favor del genocida Videla y el terror estatal; y vimos a un opositor al gobierno marchar en Mendoza con una remera en la que se leía “24/03/76 Día de Gloria”. Eso, por citar algunos ejemplos.
En Córdoba, luego del bochorno con la bandera LGBTIQ+ en el Parque Sarmiento, a caballo de un nacionalismo mal entendido, dos episodios encendieron luces de alarma. Primero, la legisladora Patricia De Ferrari (Juntos por el Cambio) evocó el rol del noble Ford Falcon en su versión verde y represiva, vinculándolo a los movimientos sociales y el derecho a la tierra. Y luego fue noticia Cerro Azul, la comuna serrana en la que cuya máxima autoridad y su pareja, funcionaria también (gestión de Hacemos por Córdoba) divulgaron posteos con Hitler y Videla como referencias.
El 22 de octubre, la integrante del bloque de Juntos por el Cambio en la Unicameral y vicepresidenta del radicalismo provincial tuiteó: “Falta mucho para que aparezcan los falcon verdes para “impartir” la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía?”. Ese mismo día se arrepintió, y en la misma red social, señaló que el tuit lo “borré al ver que era mal interpretado” y que “siempre he repudiado la dictadura, y las violaciones a los DDHH. No fue clara la redacción y pido disculpas x ello”. No le sirvió de mucho: una semana más tarde, la Unicameral la suspendió por seis meses, y a la fecha pesan sobre la parlamentaria al menos dos denuncias penales, que tramitan ante la Justicia ordinaria.
Su tuit, aunque desafortunado, careció de inocencia: se produjo en las precisas semanas en las que tenía lugar una fortísima ofensiva mediática y política contra el proyecto Artigas encabezado por Juan Grabois, las organizaciones sociales y todo aquel que se digne luchar por el derecho a la tierra, en un país en la que ésta sobra, pero está mal repartida. Al cierre de esta nota, De Ferrari lleva más de un mes sin tuitear.
No habían pasado tres semanas de aquel hecho, cuando un episodio similar se vivió en la comuna de Cerro Azul. Vecinos denunciaron que el jefe comunal Andrés Data y la secretaria comunal Rocío Pérez hicieron circular en redes textos e imágenes apologéticos del terrorismo estatal y del nazismo, y criminalizadores de la defensa del derecho a la tierra. “Yo tengo un campito para que vengan a ocupar”, reza una de las imágenes, ilustrada con Adolfo Hitler y haciendo referencia a los campos de concentración y exterminio del genocidio nazi, mientras en otra se reivindica a la propiedad privada junto a un dibujo del dictador Videla.
“El jefe comunal posteó esas imágenes en su WhatsApp, lo vimos varios vecinos, esto es un pueblo chico”, contó la vecina Paula Visñovezky, y refirió que la secretaria comunal no solo hizo posteos similares, sino que en los días posteriores “ella seguía posteando cosas burlándose de la indignación que se había generado”.
Esta vez, la reacción popular y los innumerables apoyos recibidos por parte de decenas de organizaciones políticas, sociales, gremiales y de Derechos Humanos zanjaron el asunto, y con el rechazo vecinal in crescendo, el domingo 15 hubo una concurrida asamblea vecinal, que devino en la suspensión, el lunes 16, de los funcionarios cuestionados.
“Con mucha alegría sentimos que se abre una nueva manera de gobernar, mucho más democrática”, celebró la vecina. La expectativa está cifrada en la gestión que por los próximos años encabezarán María Laura Wherli, presidenta comunal, y la tesorera Natalia Di Pace, en otros. De Hacemos por Córdoba, el espacio político al que pertenece Data, no se conoció a la fecha expresión alguna.
Los dos episodios narrados pueden ser leídos como victorias sobre los discursos de odio y la apología del delito. Pero también es cierto que los mecanismos que zanjaron estos asuntos fueron, aún con éxito, sobre el hecho consumado. Educación, cultura, Memoria y una ley que castigue el negacionismo son algunas herramientas posibles para que este tipo de hecho no ocurra nunca más.
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