Desaparición de personas: impulsan en Córdoba una ley por la celeridad

Cuando Paola Acosta desapareció con su pequeña hija, durante las horas que la Policía demoró en acercarse a su casa para rectificar la denuncia, la familia ya había recorrido hospitales, había llamado a los amigos, se había contactado con gente del interior y otras provincias en busca de alguna pista y hasta había empezado a pegar carteles en las calles.

“Nosotros pudimos hacer la denuncia el jueves a la mañana y el viernes a la tarde recién se movilizaron, cuando en realidad Paola faltaba de su hogar desde el miércoles a la noche. Todas esas horas se perdieron porque se podrían haber activado distintas alertas”, cuenta a La Nueva Mañana, Maru Acosta, la hermana de Paola, la joven que fue hallada muerta en una alcantarilla y junto a ella estaba Martina, la niña que sobrevivió al intento de femicidio de su padre. Aquel domingo 21 de septiembre de 2014, cuando se supo, la noticia caló hondo en la conciencia colectiva de Córdoba. 

“La mayor cantidad de denuncias por desaparición, en el caso de mujeres, tienen que ver con dos causales. Una con la trata de personas y otra; con las víctimas de violencia. También están los casos de robo de menores y el secuestro de personas por tráfico de órganos. En todos ellos, las primeras 24 horas son claves”, dice Cintia Frencia, quien impulsó primeramente en 2014, dentro de la Unicameral, el proyecto de Registro Único de Desaparición de Personas  y un protocolo de búsqueda que exija la celeridad del Estado para poner en marcha, de manera inmediata, los mecanismos de búsqueda.

En su momento, el proyecto que buscaba tener fuerza de ley se basó en el caso de Paola Acosta y quedó en la nada. En 2016, el legislador Eduardo Salas (Frente de Izquierda de Córdoba), lo ratificó. A principio de año hizo lo mismo y contó a este medio que “el oficialismo se comprometió” a brindar los votos para que finalmente se legisle el proyecto.

La muerte de Daiana Moyano, asesinada el 6 de enero de este año, cuando se bajó de la línea 68 para llegar a su casa en Ciudad Mi Esperanza, y dos semanas después, la noticia de Franco Aráoz, el adolescente de 13 años, muerto en Río Segundo cuando pedaleaba en su bicicleta para ir a la pileta, volvieron a poner en el foco de la escena el proceder estatal y su reacción presta, a la hora de buscar a una persona.

“Son horas horribles, donde no se puede comer, no se puede dormir, no se puede respirar prácticamente”, recuerda Maru Acosta y agrega: “Muchos finales trágicos son evitables. Nadie desaparece porque sí y la realidad de hoy es que los familiares de personas desaparecidas se encuentran en una situación de desamparo total”.

Un proyecto contra el “uso y costumbre”

“No existe ninguna norma que exija el transcurso de 12, 24 ni 48 horas para poder empezar a trabajar en la búsqueda, en nuestras fuerzas de seguridad y en la Justicia está instituido por ‘uso y costumbre’ esperar un plazo de 48 horas antes de dar inicio a la búsqueda exhaustiva de las personas desaparecidas”, argumenta el proyecto que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Legales empezó finalmente a tratar en marzo en la Unicameral.

La práctica instituida por parte del Estado al momento de dilatar el inicio de la búsqueda se funda en la presunción de que la persona buscada se retiró de manera voluntaria de su hogar. Sin embargo, la realidad contrasta drásticamente con esta presunción.

“Cuando no teníamos noticias de Yamila, fui con mi abuela a hacer la denuncia, llegamos y nos dijeron que teníamos que esperar que pasaran 48 ó 72 horas. Nosotras fuimos un día domingo y recién el miércoles nos tomaron la denuncia”, cuenta Soledad Cuello, hermana de la joven de 21 años, de barrio Coronel Olmedo, cuyo paradero es un enigma desde 2009. “Esperar ese tiempo fue como darle a la gente, el tiempo suficiente como para que se la llevaran”.

El caso de Yamila Cuello, es la única desaparición investigada por la Justicia federal de la provincia como posible trata de persona. Esto se logró por la perseverancia de la familia y amigos, que desde hace años también reclaman por  el Registro Único de Personas Desaparecidas  y el nuevo protocolo de búsqueda.

Respecto al argumento policial de retrasar la activación de los mecanismos de búsqueda, Frencia explica: “Cuando seguimos investigando nos enteramos que existen una serie de protocolos nacionales, como el que fue emitido 2006 por la Procuraduría de la Nación”. El mismo establece que ante un caso de desaparición debe tomarse la presunción de que la persona desaparecida está con vida y está siendo privada de su libertad involuntariamente.

La guía práctica atiende a la posibilidad de que se trate de un caso de trata de persona y establece que se tiene que proceder a disponer de los recursos necesarios para hallarla. “Por eso las 24 primera horas son centrales”, sostiene la ex legisladora.

El protocolo que se espera tenga sus frutos este año, plantea primeramente que la ley es de orden público e interés social, eso quiere decir, que no hay ningún estamento estatal que tenga que adherir o establecer un mecanismo particular. Una vez que tenga fuerza de ley, todo funcionario debe cumplirlo.

En segundo lugar, el proyecto establece que la denuncia que sea realizada ante cualquier funcionario público tiene que ser inmediatamente tomada sin esperar ni 24 ni 48 horas, sino en el acto, incluso bajo apercibimiento que ante la negativa, se podría considerar delito o incumplimiento con el deber de funcionario público. Y una vez denunciado, se activan los mecanismos correspondientes para iniciar la investigación.

En esa línea, Eduardo Salas explica que “La idea es que las desapariciones no queden como casos aislados. En un lugar debe quedar asentado para que se pueda hacer un seguimiento de cómo avanzó el caso. Algunos casos están en un juzgado, otros en otro, y así. Centralizar este tipo de información es vital. Si tenemos lo básico, después ya podemos ver la legislación que habría que cambiar”, cierra el legislador.

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