Redacción La Nueva Mañana
El centenario quebracho de la avenida Padre Luchesse, no está solo. Mientras la Municipalidad de Villa Allende y Caminos de las Sierras avanzan en su plan para extraerlo priorizando la obra vial que conecta la E53 con Villa Allende, cientos de habitantes del corredor de Sierras Chicas se acercan para abrazarlo y defenderlo.
En ese marco, este martes fue detenida la periodista Silvia Majul, vecina de Unquillo, quien se acercó al lugar para solidarizarse con la protesta en contra del traslado del histórico árbol.
La Nueva Mañana dialogó con su pareja, Eduardo Fisicaro, quien indicó que Silvia continúa presa en la UCA (Unidad de Contención del Aprehendido), acusada de obstrucción a la autoridad, y exigió su inmediata liberación.
"Se ha solidarizado todo el mundo pero Silvia sigue presa. Estamos esperando que el fiscal firme la libertad. Aparentemente faltaba que llegue la planilla de antecedentes, pero no tiene sentido que se demore tanto. Lo están demorando para disciplinar al movimiento que está en contra de la quita del árbol que se atengan a las consecuencias", afirmó Fisicaro a La Nueva Mañana.
El fiscal a quien se refiere la preja de Silvia, es Ernesto de Aragón, señalado por diferentes actores (como gremios, ongs y organizaciones sociales) por criminalizar la protesta, realizar detenciones arbitrarias e imputar a quienes ejercen su derecho a reclamar. Tal fue el caso de la imputación que realizó De Aragón a seis dirigentes gremiales y sociales por su participación en una protesta realizada el 5 de abril de 2023.
"Este martes fuimos al acampe, no sabíamos que había un preacuerdo entre la fiscalía que se iban a retirar a 500 metros del árbol. Mi compañera bajó del auto, se acercó al árbol, y esto la ayudante de la Fiscalía lo tomó como una provocación y ordenó la detención. Desde ese momento Silvia está presa. Estuvo hasta las 17 hs del martes en la comisaría de Villa Allende, y luego pasó a la UCA. Yo estuve este miércoles a la mañana para llevarle ropa y medicamentos, pero ella sigue presa", agregó Eduardo.
Por otro lado, los vecinos y vecinas deunciaron que durante todo el operativo, tanto los funcionarios municipales como la ayudante del fiscal Ernesto de Aragón y los policías, interfirieron en el libre ejercicio de la labor periodística con amenazas y agresiones.
El Cispren (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba) difundió un comunicado para manifestar su preocupación "ante hechos que obstaculizaron la tarea de trabajadoras y trabajadores de prensa y comunicación, situaciones ocurridas este martes en el marco del conflicto socio-ambiental del Quebracho Blanco de la avenida Padre Luchesse que resulta de público conocimiento".
"Como sindicato volvemos a manifestar con total firmeza el amparo constitucional del derecho a la información y a la libertad de prensa. El caso de compañeras y compañeros que mientras realizaban sus coberturas periodísticas en el lugar fueron maltratados entorpeciendo sus tareas; amedrentados a través de la fuerza policial de la provincia de Córdoba y funcionarios de la municipalidad de Villa Allende, encienden la alarma de nuestra organización que se traslada a la comunidad toda", señaló el gremio de prensa de Córdoba.
Además, se solidarizaron con Silvia Majul: "A ello sumamos el repudio ante la detención de una vecina, trabajadora de la comunicación. Este hecho es una clara señal que intenta amedrentar a las organizaciones que vienen protestando en la zona. Exigimos a las autoridades provinciales y municipales que garanticen la labor periodistica. Entorpecer el ejercicio de las y los trabajadores de prensa es atentar contra la pluralidad de voces y la democracia".
Las protestas en defensa del Quebracho Blanco en Villa Allende ponen de manifiesto el incumplimiento de lo establecido en materia ambiental en el Acuerdo de Escazú, al cual Argentina fue uno de los primeros países en adherir.
El Acuerdo de Escazú, oficialmente llamado "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe", es el primer tratado ambiental de la región que garantiza derechos ambientales fundamentales. Fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y busca: asegurar el acceso a la información ambiental, fomentar la participación pública en decisiones ambientales, facilitar acceso efectivo a la justicia en temas ambientales, y proteger a defensores ambientales que enfrentan riesgos por su labor.
Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú en 2020, convirtiéndose en uno de los países impulsores y firmantes de este tratado regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.
