El procedimiento se cumplió este jueves en el aeropuerto internacional de Ezeiza y fue ordenado por el juez federal que lleva la causa, Federico Villena.
Tras la inspección, la cartera sanitaria pidió a un juzgado federal que investigue el accionar del centro médico encargado de testear a los pasajeros en el aeropuerto internacional.
Este viernes trabajadores aeronáuticos nucleados en la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) realizaban una protesta.
Tras más de 55 horas de viaje y luego de una escala de abastecimiento en Auckland, Nueva Zelanda, el Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas tocó pista a las 8.30.
El alerta se puso en marcha este lunes en torno a un pasajero que llegó en un vuelo procedente de Estados Unidos, aunque finalmente se descartó que el caso sea positivo.
Una pasajera española y una taiwanesa presentaban un cuadro de tos intensa y fiebre. Sin embargo, luego de una serie de estudios se descartó que estuvieran infectadas con el virus.
Al dejar de funcionar el sistema de anemómetros, al menos 14 vuelos fueron demorados, siete fueron desviados a Ezeiza y uno, con destino a Santa Fe, fue cancelado.
El titular de la cartera de Transporte de la Nación, Mario Meoni, recorrió este viernes los trabajos que se realizan en la nueva terminal de partidas y la torre de control.
Se hará efectivo durante el fin de semana. La decisión se tomó en las asambleas que el lunes tuvieron lugar en Aeroparque y Ezeiza. Se cancelaron 70 vuelos.
Cerca de ocho mil pasajeros e Aerolíneas Argentinas y Austral fueron afectados por la cancelación, suspensión y retraso en los vuelos programados para el lunes.
La medida de fuerza inicia el miércoles 22 de julio, a las 12, con concentración en cada edificio judicial de la provincia, ruidazo, aplauso de protesta y abandono de tareas.
El asesinato de Rocío Belén Gómez es el quinto crimen en contexto de violencia de género en lo que va del año. El acusado ya había sido condenado por atacarla.
El Consejo Interuniversitario Nacional aseguró que el Gobierno no cumplió con la cautelar validada por la Corte Suprema de Justicia y pidió la sentencia definitiva.