Los casos de Covid siguen mostrando números altos y los nuevos protocolos ponen en alerta a los gremios, mientras el agua escasea y el servicio de energía suma dolores de cabeza.
Ed Impresa 14/01/2022
César Martín Pucheta
La tercera ola de la pandemia ya expandió su incidencia a lo largo de toda la provincia alterando, una vez más, la vida cotidiana de cordobeses y cordobesas que se enfrentan a un verano más complicado de lo que en algún momento se imaginaron.
La “mancha de contagios”, tal como la nombran los epidemiólogos, que empezó en Córdoba Capital hoy unifica realidades con las localidades más pequeñas del interior y pone en riesgo no solo los sistemas sanitarios locales sino también el funcionamiento de los dispositivos sanitarios, las actividades comerciales y hasta los servicios básicos en algunos municipios. Todo, en medio de una ola de calor que puso al país al tope de las temperaturas a nivel global.
Según el informe epidemiológico que recoge datos de la primera semana del 2022, en Córdoba la evolución de casos registra una disminución respecto de la semana anterior, aunque la de internaciones y fallecimientos se mantiene en ascenso. Hubo un total de 63.477 casos, 6.408 menos que la última del 2021, de los cuales 33.102 se identificaron en la Capital y 30.375 en el interior.
El pasado domingo, el Foro de Intendentes Radicales advirtió sobre algunos problemas que, según remarcan, ya empiezan a sentirse en los dispositivos preventivos y de detección en el interior de Córdoba. Puntualmente, en la carta enviada al Ministerio de Gobierno provincial se expresaba la preocupación en torno a que “al concentrar recursos sanitarios en los centros turísticos, no se produzca un descuido o relajación de lo que se está haciendo en otras localidades”. “Solicitamos que se siga manteniendo el nivel de recursos que nos llegan a cada una de nuestras gestiones (vacunas, material de testeos, etc.), y que los esfuerzos sanitarios no solo se concentren en el control de los asistentes a estas festividades”, dice la misiva que hasta mediados de semana no había recibido respuestas formales por parte de las autoridades provinciales.
“Nos vimos en la obligación de advertir sobre la situación porque en algunas localidades han faltado recursos, sobre todo para realizar los testeos”, dice Oscar Saliba, intendente de Huinca Renancó y vicepresidente ejecutivo del ente que nuclea a más de 120 municipios comandados por dirigentes radicales en el territorio cordobés. El retraso, que es relativizado por las autoridades del Gabinete provincial, se agudizó en los últimos días de diciembre y comienzos de este 2022, cuando la demanda por testeos se masificó.
Esa situación, señala Saliba, obliga a delegaciones del interior a poner en marcha dispositivos de traslado de personal a la Capital provincial o a las grandes cabeceras regionales para buscar los insumos que son necesarios para poder responder a las necesidades sanitarias de cada uno de los pueblos y comunas que ven crecer cotidianamente el número de contagios e internaciones.
El contraste señalado por los intendentes del radicalismo se sustenta en los grandes dispositivos preventivos que se llevan a cabo en los centros turísticos que por estas horas reciben a cientos de miles de viajeros en medio de una temporada que ya se pronostica como la más importante de los últimos años. Córdoba es el tercer destino nacional beneficiado por los paquetes del PreViaje y eso explica, en gran medida, el éxito anticipado de la temporada estival mediterránea.
Evitar las complicaciones que puedan empañar esa situación es una de las principales preocupaciones del gobierno de Schiaretti, que recorre obras en medio del verano y proyecta su imagen a nivel nacional de la mano los números que si bien lo favorecen no quedan exentos de las problemáticas que se hicieron constantes a lo largo de los últimos dos años. De hecho, pese a los dispositivos preventivos, los contagios crecen en un porcentaje más grande en los valles en los que se concentra la mayor cantidad de visitantes.
“Córdoba los espera con los brazos abiertos. En nuestra provincia tienen la posibilidad de desarrollar las actividades de recreación al aire libre en nuestra serranía y que los vamos a cuidar como cuidamos a cada uno de los cordobeses”, había dicho el gobernador al anunciar los operativos para los centros vacacionales en la provincia. La preocupación en torno al éxito de esa empresa, según se advierte, empezaría a generar problemas en los puntos más alejados de los ríos y las sierras.
Según advierten desde el interior, el sistema de reparto de insumos (principalmente test y vacunas) se sostiene desde el inicio de la pandemia y los problemas que se empiezan a evidenciar son similares a los que ya se experimentaron en los momentos más álgidos del proceso pandémico, entre 2020 y 2021. Más allá de eso, jefes y jefas comunales reconocen el trabajo de las autoridades nacionales y provinciales, sobre todo en materia de vacunación que avanza satisfactoriamente en todo el territorio desde finales del 2020.
En el colmo de las complicaciones, en algunas regiones del interior cordobés, por estas horas también se experimentan problemas para el acceso al agua (ver nota en página 10) y la electricidad (un punto común que, a partir de la intensa ola de calor y la falta de previsión, unifica realidades a lo largo de todo el país).
La realidad que viven miles de cordobeses en diferentes puntos de la provincia llevó a la oposición a volver a poner el ojo sobre las responsabilidades de las administraciones peronistas que se sucedieron en los últimos 20 años y que advierte sobre la gran demanda de energía y los problemas extraordinarios, tanto la sequía y la ola de calor, como principales razones de las dificultades que exponen a las empresas a cargo de las prestación de los servicios.
“Sin perjuicio de reconocer que estamos atravesando días de altísimas temperaturas, no podemos dejar de remarcar que el Gobierno provincial debió llevar adelante la planificación e implementación de las inversiones y planes de previsión necesarios para hacer frente a la mayor demanda estacional de energía y agua, situación absolutamente normal en los meses de verano”, dice el comunicado firmado por los partidos de Juntos por el Cambio que se difundió a mediados de semana.
“Como bien sabemos, todos los cordobeses afrontan de su bolsillo servicios públicos mucho más caros que en las demás provincias, incluso la energía eléctrica más cara del país (…) lo que resulta de mayor gravedad es que los enormes costos soportados con esfuerzo por los cordobeses no hayan sido acompañados por la inversión en infraestructura y la planificación que garantice un servicio de mayor calidad para los ciudadanos” advierten a la vez que exigen arbitrar “los medios necesarios para la resolución inmediata de todos los cortes parciales y totales de servicios públicos en toda la provincia”.
A mediados de semana, el Gobierno de la Provincia de Córdoba volvió a adelantarse a las disposiciones nacionales y levantó el aislamiento laboral obligatorio para los contactos estrechos con vacunación completa, y sin síntomas, a partir del próximo lunes 17 de enero.
La decisión, que venía siendo analizada desde finales de la semana pasada, fue oficializada minutos después de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) en la que la decisión de los cambios en el esquema de aislamientos quedó en manos de las administraciones locales. Alcanzará a trabajadores y trabajadoras de diferentes actividades industriales, comerciales y de servicio; y va en sintonía con algunos de los reclamos que empezaron a hacerse escuchar en las últimas semanas por parte de los sectores empresariales que advertían sobre el elevado número de ausentismo que la sobre inicios de la semana llegó a superar el 35%.
Vale aclarar que Córdoba ya había dado algunos pasos en esa dirección cuando días atrás había exceptuado del cumplimiento del aislamiento a los contactos estrechos dentro de las áreas sensibles del Estado, entre ellas el personal de salud.
Según informó la cartera sanitaria provincial, el nuevo criterio establece solo bastará con un test de antígeno negativo para continuar desarrollando las tareas laborales con normalidad luego de identificarse un contacto estrecho con un caso positivo de Covid-19.
De hecho, el protocolo indica dos test; uno al momento de identificación del contacto y otro al cuarto día del contacto. Siempre que los testeos resulten negativos, el trabajador o la trabajadora podrá continuar su jornada laboral monitoreando sus síntomas diariamente, y siguiendo una serie de cuidados estrictos, como el uso del barbijo N95 (el que deberá ser garantizado por el empleador) y el desarrollo de la actividad en espacios ventilados.
Por diez días, no podrán compartir lugares de descanso ni comidas en el lugar de trabajo y quedarán inhabilitados para desarrollar actividades sociales. De hecho, se les suspenderá el pase sanitario.
La decisión fue celebrada por las cámaras empresarias, aunque desde la CGT provincial ya advirtieron respecto al cumplimiento de los protocolos por parte de las patronales.
Hace una semana, una parte de la CGT Regional - Córdoba se reunió con el ministro de Salud, Diego Cardozo, y representantes de las carteras de Trabajo e Industria de la Provincia. Allí se adelantó la medida que iba a anunciarse un par de días después. “Solo se nos anticipó una decisión sobre la cual no hubo ningún tipo de consenso. Primero porque no había representantes de la Unión Industrial, es decir que no estaban todas las partes. Pero además, nosotros tenemos mecanismos internos de discusión que de ninguna manera nos habrían permitido tomar una decisión, en ese momento, en nombre de todos los trabajadores”, dice a La Nueva Mañana Ilda Bustos.
Para ella, se trata de “una situación problemática porque se ha privilegiado una situación económica por sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras a partir de una decisión que pone en tela de juicio, incluso, algunos derechos consagrados por parte de nuestro sector”. La secretaria adjunta de la CGT advierte sobre posibles “situaciones conflictivas” a partir de una actitud por parte de las empresas de “descargar en la salud de los trabajadores sus necesidades empresarias”.
“En la Provincia no hubo control por parte de quien debe equilibrar la relación capital/trabajo. A lo largo de la pandemia se han sucedido despidos encubiertos y se han dibujado acuerdos que no son tales, con situaciones de extorsión en algunas ocasiones”, señala Bustos que advierte que “en el interior hay un mayor grado de arbitrariedad” respecto a las formas de precarización que, en tiempo de pandemia, conllevan prácticas que ponen en riesgo puntualmente la salud de grupos enteros de trabajadores.
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