El oficialismo focaliza sus esfuerzos para detener la escalada inflacionaria. La suspensión de las exportaciones de carne por un mes, entre las primeras medidas duras.
Ed Impresa 21/05/2021
César Martín Pucheta
Hay un meme de Alberto Fernández que se hizo bastante popular en el último tiempo. Allí, se muestra la imagen de un Presidente que, hastiado y mirando sin rumbo fijo, se pregunta “¿Qué pasó ahora?”. La pieza tiene varias versiones que se van modificando según el tono del insulto que expresa ese lamento que se conjuga con cansancio. Pero la idea es la misma, al Presidente se le abren frentes de batalla todo el tiempo y eso, desde el comienzo mismo de su gestión, le impide llevar adelante su plan de Gobierno que como ya se dijo en reiteradas oportunidades se estrelló contra la pandemia en marzo del 2020.
Una de las prioridades que el equipo de Gobierno del Frente de Todos se había puesto para llevar adelante su gestión era luchar contra el hambre en la Argentina. De hecho, la Mesa Contra el Hambre aparecía como una de las grandes novedades políticas de la administración entrante allá por finales del 2019. Desde el comienzo de la pandemia, el Estado nacional hizo un enorme esfuerzo para inyectar dinero y asistir nutricionalmente a un sector de la población hundido en la pobreza. Las ayudas se multiplicaron y no fueron pocas las veces que el propio Presidente pidió ayuda los sectores de la producción y los empresarios del sector. Cuando llegó, esa colaboración fue mínima. La especulación no cesó, los precios de dispararon, los salarios quedaron atrasadísimos, y la inflación trepó al 17,6% apenas en un cuatrimestre. La peor parte es que los mayores aumentos se manifiestan en los alimentos.
Alberto Fernández no tuvo mucho tiempo para analizar positivamente los resultados de su viaje por Europa. Antes de partir al Viejo Continente había reunido a la Mesa Contra el Hambre para anunciar acuerdos de precios, asistencia alimentaria y un nuevo programa de cortes populares para hacer repuntar el consumo de carne en el país. Esta última medida era uno de los puntos centrales de las medidas anunciadas el 7 de mayo. Según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, en abril el consumo de carne en nuestro país es el más bajo en 100 años, con todo lo que eso representa cultural, nutricional y económicamente para la Argentina. En ese marco, el precio de la carne subió un 65,3% en comparación interanual.
El lunes, el Presidente sentó a las cámaras exportadoras y les advirtió sobre la situación de los precios internos de la carne vacuna. “El tema se desmadró”, les dijo sin tapujos al informales sobre la medida que el Gobierno adoptó para intentar acomodar la situación y que contempla la suspensión de ventas al exterior por 30 días. “La prioridad son los precios”, insistió Fernández.
El mandatario les explicó que según los datos oficiales, desde el 2015 “se le dio una apertura total al sector” que no repercutió en “la cantidad de animales faenados, ni de cabezas de ganado, ni en el peso del novillo que se faena”. “Lo único que aumentó fue el precio de la carnes”, aseguró Fernández y puso como ejemplo el precio del asado, que pasó de costar alrededor de $250 para ubicarse en las góndolas a más de $800.
¿Por qué sucede esto? Fernández lo ejemplifica con el “boom con China como demandante de carne” que hoy consume “el 75% de la carne que se exporta”. Pero el cálculo termina de explicarse con la caída del stock ganadero que, según señalan los propios productores, lleva un arrastre de casi 30 años. En ese contexto se ponen en la mesa de los chinos los mismos cortes que consumen los argentinos. “Eso genera tensión en los precios internos que ya no se aguanta más”, resume el Presidente.
Ni bien el Gobierno anunció la suspensión de las exportaciones, el malestar de los sectores agrarios no se hizo esperar. Los sectores opositores más duros (la Mesa de Enlace Rural y sus organizaciones satélites) avanzaron con lockout patronal que comenzó ayer y se extenderá hasta el viernes próximo; en cambio, los más proclives al diálogo (que coinciden con el Gobierno en el Consejo Agroindustrial Argentino) intentarán avanzar en las negociaciones para que la medida quede sin efecto antes del plazo establecido por el Gobierno. La posibilidad es algo que desde la Casa Rosada también se evalúa en base al “éxito” de la disposición restrictiva.
Para José María Rinaldi, el problema radica en la falta de decisión para encarar las políticas necesarias para encontrar una solución. “Es una medida que apenas durará 30 días y parece una mojada de oreja más que una política concreta. Es necesario retomar el camino de las convicciones doctrinarias que quedaron muy bien planteadas por el Presidente durante los discursos ante la Asamblea Legislativa, pero después no se plasmaron en políticas específicas”, señala el economista en diálogo con La Nueva Mañana.
“Hay que recuperar todos los mecanismos regulatorios que se aniquilaron durante la dictadura y la década de la convertibilidad. Eso es un tema pendiente.”
En esa serie de acciones de fondo sobre las que se conceptualiza pero no se avanza, Rinaldi recuerda con los pasos en falso que el Gobierno dio cuando anunció iniciativas como la expropiación de Vicentin o las limitaciones para la exportación de maíz para luego dar marcha atrás con dichas medidas.
“Si realmente hay una convicción de que los objetivos de la política económica, la asignación de recursos, la distribución del ingreso y los equilibrios de los balances básicos de la economía (el monetario, el fiscal y el externo) tienen que estar en manos del Estado, como lo dijo el propio Alberto Fernández, habría que ir en ese camino. Y para hacerlo hay que recuperar institucionalmente mecanismos regulatorios. Si acá hubiese una Junta Nacional de Carnes, el Gobierno no tendría este problema”, señala el también docente universitario para ejemplificar la situación que se complejiza aún más con la concentración del mercado oligopólico que hoy maneja la producción de alimentos en el país.
“Hay que recuperar todos los mecanismos regulatorios que se aniquilaron durante la dictadura y la década de la convertibilidad. Eso es un tema pendiente que no hizo ninguno de los tres kirchnerismos y que tiene su manifestación más extrema en la Ley de Entidades Financieras que se sostiene desde el año 77”, afirma Rinaldi.
Esa especie de ondulación política parece ser la que se pone sobre la mesa en el juego de las presiones que el sector agropecuario empuja en varios frentes pero sobre todo dos: la exportación y la ley de biocombustibles que se discutirá en las próximas semanas en la Cámara de Diputados.
En ambas batallas, el Gobierno de Córdoba se encolumnó con el sector dejando a un costado el “diálogo institucional” al que suele echar mano cuando habla de sus propias virtudes. “Si hay algo que he aprendido del gobernador Schiaretti es que al sector agroindustrial, al campo de nuestra provincia, lo defendemos con uñas y dientes”, dijo Manuel Calvo el martes por la tarde. En ese momento el Gobierno sólo había anunciado la medida (no estaba oficializada) pero la Mesa de Enlace ya había convocado al cese de comercialización. Al día siguiente, el oficialismo se pronunció en términos similares desde la Legislatura. Para entonces, los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos también habían salido al cruce de la medida.
En una situación extraordinaria como la que marca la pandemia, el Gobierno apuesta por las políticas de controles de precios para intentar surfear el momento y proyectar la tan mentada recuperación para cuando el coronavirus sea apenas un recuerdo amargo. La última vez que se reunió con los supermercadistas más importantes del país, el Presidente les dijo que “no autoricen nuevas listas con aumentos” y les pidió que se garantice la presencia de productos con precios acordados en las góndolas.
Apenas pasaron dos semanas de los últimos anuncios y las denuncias por la existencia de aumentos no autorizados, la presencia de los denominados productos gemelos y la ausencia de mercadería a precios acordados se multiplican en oficinas públicas y medios de comunicación. El foco, entonces, se pone otra vez en la capacidad de control del Estado y el llamado al voluntarismo empresario que, como ya se ha visto, suele ser demasiado endeble.
“Más allá de los factores exógenos, hay una situación interna en la que no se pueden contener los precios porque no tenemos mecanismos regulatorios”, insiste Rinaldi. “No hay forma de controlar los acuerdos de precios si no tenés agentes para eso. Es necesario armar institucionalmente ese espacio destinado a la regulación que establezca un esquema legal antimonopólico. Con diez empresas (de las cuales seis son multinacionales) manejando la exportación de granos y un puñado de alimentarias manejando el mercado interno se hace muy difícil”, afirma.
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