Las causas y las formas de enfrentar las presiones monetaristas, los posibles efectos de la estrechez de dinero circulante en el consumo popular y la obra pública, pilares de la reactivación.
Ed Impresa 13/11/2020 Facundo Piai
Especial para La Nueva Mañana
Las tensiones sobre el tipo de cambio persisten, pero ya no en la magnitud con que presionaban al alza del dólar oficial en los últimos meses comprometiendo las magras reservas del Banco Central. Por tanto, el achicamiento de la brecha entre la cotización oficial y las paralelas (MEP, contado con liquidación y el blue) que se evidencia como tendencia en las últimas semanas permite apaciguar las expectativas devaluatorias. Sin embargo, los instrumentos utilizados por el Gabinete económico coordinado por el ministro Martín Guzmán para desarmar la corrida cambiaria en curso también tienen efectos colaterales en la dinámica de la economía real. A todo esto, vale preguntarse ¿cómo afecta a la recuperación de la actividad las últimas medidas aplicadas para achicar las brechas? ¿Qué efectos tendrá la estrechez del dinero circulante en el consumo popular y la obra pública, pilares de la reactivación?
Como es sabido, la pandemia obligó al Gobierno a incrementar el gasto fiscal y, por tanto, para financiar ese desfase entre una recaudación alicaída y un gasto en aumento, recurrieron a una mayor expansión monetaria de la que tenían previsto cuando asumieron el 10 de diciembre pasado. Así fue que en solo nueve meses el BCRA inyectó poco más de 1,5 billones de pesos. Sin embargo, no todo ese volumen de emisión tuvo por finalidad fortalecer los ingresos de los más desfavorecidos mediante el IFE, ni de los empleados de empresas afectadas mediante los salarios complementarios (ATP).
Ocurre que producto de la crisis de deuda generada por la gestión anterior, más la depresión económica ocasionada por la pandemia, el Gobierno no pudo refinanciar títulos de deuda emitidos anteriormente para financiar déficit fiscales pasados (operación conocida como roll over). Esto significa que debió emitir pesos para pagar vencimientos de deuda con efectivo. De allí que un volumen importante de los pesos que inyectó el Central no se encuentra circulando, ni sosteniendo el consumo popular, sino que se encuentra en bancos, proclive a canalizarse hacia el dólar y presionar su cotización al alza. Es lo que ocurrió y ocurre.
Por tanto, este maridaje entre un sector privado con mucha liquidez, un Banco Central con reservas escasas y un gobierno débil, da por resultado tensiones sobre el tipo de cambio. En los últimos meses, el fortalecimiento de las restricciones a la compra de dólares para atesoramiento hizo que parte del excedente de pesos se condensara en operaciones que terminan aumentando la cotización de los dólares paralelos, acrecientan la brecha y, por tanto, generan expectativas devaluatorias.
En contrapartida, para evitar que la expectativa finalmente se cumpla y el peso termine por depreciarse aún más y esmerile el poder adquisitivo del salario, las jubilaciones y el nivel de actividad, desde el gobierno aumentan la emisión de deuda en el mercado local para cumplir varios objetivos. Por un lado, así pretenden cubrir el déficit fiscal sin emisión monetaria, mientras que por otro lado buscan capturar la mayor cantidad de pesos posibles para descomprimir la demanda de dólares. Ecuación que podría resumirse del siguiente modo: menos emisión de pesos, más emisión de deuda (letras, bonos).
Asimismo, en procura de desalentar la presión sobre la moneda norteamericana, en los últimos meses se advierte un aumento de los rendimientos de los plazos fijos. Esto es consecuencia de que el Banco Central aumentó la tasa de interés buscando que los depósitos se vuelvan más atractivos para los ahorristas. De lo anterior se desprende que el Central está absorbiendo pesos de la economía, limitando la liquidez circulante, puesto que un aumento del interés de los plazos fijos significa también un encarecimiento para el sector productivo a la hora de financiarse en el banco. Ergo, el Gobierno busca oxígeno refugiándose en una política monetaria restrictiva. Es decir, en la receta de sus detractores.
Naturalmente, este viraje genera varios interrogantes que el Gobierno aún no responde con claridad. Si en un principio se implementó la emisión de pesos y la baja de la tasa de interés como instrumentos contracíclicos para contrarrestar los efectos de la crisis, abandonar esa vía en medio de la recuperación ¿no dificulta a caso los objetivos que esa misma política buscaba en un principio?
La evidencia empírica da cuenta que la restricción monetaria tiene efectos muy sensibles sobre el nivel de consumo y actividad. En el mismo sentido, también es cierto que una devaluación en los términos en que pretenden ciertos sectores del establishment obtura el consumo y derruye la recuperación económica. No obstante, plantear la realidad económica y política en esos términos, como lo hace el Gobierno, no es otra cosa que aceptar pasivamente una correlación de fuerzas desfavorable.
Sectores del campo sindical empiezan a evidenciar “preocupación” frente al ajuste de los programas sociales para los sectores más afectados por la crisis que discuten desde el Gobierno. En un documento difundido a la prensa, dirigentes de la central obrera remarcan la “responsabilidad social” que tuvo el sindicalismo al aceptar “medidas extraordinarias” durante la coronacrisis para sostener las fuentes laborales aceptando rebajas salariales. Los sindicalistas advierten que no a todos les están exigiendo por igual.
Mientras tanto, el Gobierno debate el Presupuesto para el próximo año. Una hoja de ruta que busca administrar la escasez ajustando las partidas de algunas funciones y aumentándolas en otras. En el mismo se prevé salir de la recesión de la mano de la obras de infraestructura, sector intensivo en mano de obra y dinamizador del mercado interno. Así, las obras viales, viviendas y la infraestructura relacionada con el agua potable y el alcantarillado son algunas de las áreas que recibirán una partida presupuestaria muy por encima de la inflación proyectada.
En simultáneo, el ministro de Economía Martín Guzmán encabeza negociaciones con el FMI a quienes solicitará un período de gracia de, al menos, unos cuatro años antes de comenzar a pagar la deuda contraída por Cambiemos. No obstante, en la medida en que el Gobierno no logre resolver el problema de la escasez de divisas ni los mecanismos que permiten las presiones desatadas por corridas cambiarias interminables, estarán en dudas tanto las mesuradas proyecciones del Presupuesto, como la capacidad de de la Argentina para responder a sus compromisos de deuda.
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