¡BASTA!

El 3 de junio, cuando en Argentina conmemorábamos el quinto aniversario de la histórica primera marcha de Ni Una Menos y con más de 130 mujeres asesinadas en lo que va del año, el fiscal de Rawson Fernando Rivarola, usaba la frase “accionar doloso de desahogo sexual”, categoría jurídica inexistente, para fundamentar el cambio de carátula de la violación en patota a una chica de 16 años, ocurrida en 2012 en Chubut.

Así, la causa pasó de ser ‘abuso con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas’, con pena de 8 a 20 años de cárcel, a estar caratulada como ‘abuso sexual simple agravado por la comisión de tres personas’, reduciendo la escala penal de 3 a 10 años, y posibilitando el cumplimiento de la pena en libertad (condicional).

Un hombre, un fiscal, con poder, ayudando a otros hombres, también poderosos, a zafar de una violación en manada, intentando justificar lo injustificable con dos palabras, “desahogo sexual”. Legitimando la violencia ejercida contra la adolescente.

Y luego, al ser increpado por sus dichos, Fernando Rivarola vuelve a hacerlo y en una disculpa con apoyo del Ministerio Público Fiscal, informa que fue justamente la víctima, la mujer violada, quien estuvo de acuerdo en el uso del “neologismo jurídico” en cuestión. Rivarola se ampara en un acuerdo confidencial y económico entre los violadores - Ezequiel Quintana, Leandro Del Villar y Luciano Mallemaci- y la víctima.

Y en este punto es Rita Segato quien recuerda que la joven nunca quiso hacer la denuncia -que fue el fiscal quien la impulsó a llevar adelante el proceso judicial- y que tampoco quiere llegar al juicio oral. La intervención de la antropóloga, quien también recuerda el carácter privado del tipo de delito en cuestión y el derecho de la víctima, abre el debate y plantea una serie de interrogantes que trascienden incluso la polémica desatada por el término usado por Fernando Rivarola.

Días más tarde, el juez de Garantías de Chubut, Marcelo Nieto di Biase, se refiere a dicho acuerdo como ‘repugnante’ y rechaza el proceso abreviado impulsado por el fiscal de Rawson. “Por más respeto que me merece el interés de la víctima (…) no puedo tolerar que exista una Justicia que tenga resultados diferentes, dependiendo del poder adquisitivo de los imputados”, dice Nieto Di Biase en su fallo.

El 4 de junio Verónica Natalia Tottis es asesinada en Córdoba. Su cuerpo es encontrado calcinado, dentro de una camioneta Ford Ranger, a la vera de la ruta provincial 13, entre las localidades de Villa del Rosario y Luque. Tenía 44 años. Julio Saluzzo, su esposo, es detenido e imputado por homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por violencia de género.

El contexto que rodea al femicidio de Verónica conjuga machismo, poder y abusos, si es que todas esas categorías no engloban en una sola. Julio Saluzzo era uno de los máximos referentes del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. En palabras del propio secretario general del festival, Juan López, era “de los dos o tres mejores apadrinadores de caballos del país”. También a modo de alerta para cuando tenga lugar el proceso judicial al que sea sometido, resulta oportuno visibilizar que Julio Saluzzo es primo hermano del vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo.

Por otro lado, un dato clave es que Verónica sufría violencia de género, aunque no radicó nunca la denuncia. La fiscal a cargo de la investigación, Patricia Baulies, dijo: “Hablamos de una relación asimétrica de poder donde el hombre ejerce una dominación y subordinación sobre la mujer, que cuando deja de ser sumisa y comienza a revelarse, se puede llegar a estos resultados". Pero el círculo de machismo y abuso no solo se circunscribe a Julio Saluzzo. El hermano de Verónica, Nicolás Tottis, ex presidente de la comisión directiva del Festival de Jesús María, está denunciado por abuso sexual con acceso carnal -violación- contra una adolescente de 18 años. 

Y como otras muestras del desprecio sistemático hacia las mujeres, dos hechos ocurridos también los primeros días de junio se suman a los mencionados anteriormente: el médico Daniel Grippo, director de la maternidad municipal de Río Cuarto, dice en una entrevista que las mujeres pobres se embarazan para cobrar planes del Estado. El repudio es masivo. A los pocos días, es desvinculado de la Maternidad. Al mismo tiempo, la legisladora más joven de América Latina, Ofelia Fernández, denuncia en las redes sociales que el hombre que intentó asesinar a Fátima Aparicio en Tucumán está por ser liberado por la Justicia. Ofelia recibe cientos de agresiones e insultos en las redes. 

Mientras tanto, en una celda de la cárcel de Bouwer, Flavia Saganías, madre de cinco hijos, es torturada con una condena de 23 años por haber denunciado en Facebook que su ex pareja abusaba de su hija. La Justicia no le creyó a la niña, ni a Flavia, ni siquiera tuvo en cuenta las pericias que decían que la nena había sido víctima de abuso. Pero sí consideró que los pedidos de ayuda desesperados de Flavia en las redes sociales y las publicaciones que compartía pidiendo perpetua para los violadores eran prueba suficiente para convertirla en instigadora del ataque que dejó a Gabriel Fernández 12 días internado y con su casa quemada.

Y mientras Flavia sigue presa, sin poder cuidar de sus hijos -cuatro de ellos menores de edad, y a cargo del más grande-, luchando hace más de 7 meses por la prisión domiciliaria, en Buenos Aires, Rodrigo Eguillor imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegal de la libertad agravada, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, daño y amenazas hacia una joven de 22 años, es beneficiado con prisión domiciliaria y trasladado al country Solar del Bosque de Canning, donde vive su madre, la fiscal de Lomas de Zamora.

Un petitorio en Change pidiendo la destitución de Fernando Rivarola acumula a la fecha casi un millón de firmas. No es un dato menor. Estamos abogando por el cumplimiento de la Ley Micaela, estamos controlando los discursos palabra por palabra, sentido por sentido, porque sabemos que la palabra es pensamiento que se vuelve acción y estamos hartas de que la impunidad discursiva se perpetúe en impunidad machista.

Por estas injusticias, por estas desigualdades, por estas aberraciones donde siempre son las mujeres y quienes se autoperciben como tales, las asesinadas, violadas, abusadas, empaladas, quemadas, golpeadas, humilladas, sometidas, difamadas, estigmatizadas, encarceladas, condenadas judicial, social y mediáticamente, es que gritamos ¡BASTA!

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