La investigación busca determinar si se configuró el delito de lavado de dinero en la recaudación de las campañas del oficialismo durante el 2015 y el 2017.
Los cinco primeros citados contradijeron la idea del Gobierno de que 23 personas realizaron depósitos en los mismos cajeros, en un lapso de dos horas.
Apartaron al juez federal Sebastián Casanello de la investigación por presunto lavado de dinero y dádivas que involucran al oficialismo.
El periodista deberá brindar testimonio sobre un supuesto pedido de dinero "en negro" entre el presidente Macri y un grupo de empresarios en 2015.
Osvaldo Marasco declaró ante el juez Casanello que le recomendaban organizar “cenar para hacer figurar entrada de plata” en la campaña de 2015.
Busca que la investigación quede a cargo de un juez electoral. Quiere que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, sea apartado de la investigación.
El juez federal Sebastián Casanello rechazó entregar la causa al juzgado de La Plata a cargo de Adolfo Ziulu, quien investiga posibles delitos electorales.
Querellantes realizaron dos presentaciones ante el juez penal Kreplak y le pidieron que siga a cargo. "El PRO busca obturar la investigación", destacaron.
La causa contra la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y otras autoridades del PRO por el escándalo de los aportantes truchos mostrará esta semana los primeros avances con la ampliación de más denunciantes.
El juez Ernesto Kreplak les ordenó que en un plazo de 72 horas entreguen información sobre 30 personas que denunciaron que sus nombres fueron usados ilegalmente.
La resolución tiene fecha 31 de julio, día en que el fiscal Jorge Di Lello le remitió a Hernán Schapiro su investigación preliminar sobre los aportantes.
El senador nacional y presidente del Consejo Nacional del PRO sostuvo que “ningún presidente de distrito ni candidato está al tanto de eso”.
Se trata de Sergio Maffia, quien fue primer candidato a concejal en General Rodríguez. Aparece en la lista con un aporte de 38 mil pesos.
Los representantes de 135 Concejos Deliberantes exigen además un listado de todos los ciudadanos anotados en programas sociales para cotejar datos.
La ex diputada presentará este miércoles, ante el juez Casanello, un escrito donde solicitará ser "amicus curiae" en el marco de la investigación.
Así lo expresó el ex candidato a intendente de Ituzaingó de Cambiemos en 2015, Osvaldo Marasco. Advirtió que tras sus declaraciones fue intimidado.
Se tratan de informes aportados por Desarrollo Social de la Nación en la causa que investiga la campaña electoral oficialista en la provincia de Buenos Aires de 2017.
La diputada no dio explicaciones pero indicó que confía en las respuestas que brindarán las auditorias tras la denuncias realizadas.
Federico Rodolfo Zoccali se presentó el 11 de julio en la Fiscalía de Delitos Complejos de la ciudad de Mercedes tras corroborar que su nombre integraba la lista.
Oficialismo y oposición impulsan proyectos para regular los aportes de campaña, luego de la polémica por los aportantes “truchos” de Cambiemos.
El juez Sebastián Casanello, que lleva adelante la investigación, comenzó con la citación a los primeros testigos, para que aporten datos en la Justicia que ya realizaron de manera pública.
Los datos fueron revelados en un informe. Sostiene que utilizaron "el nombre de beneficiarios sociales para blanquear dinero en la campaña".
Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y personal municipal comenzaron a censar a las familias. La intención es avanzar con su reubicación hacia el barrio social provincial Zepa C, en la zona del Mercado de Abasto, a unos 9 kilómetros del asentamiento actual. Las familias están preocupadas y aseguran que la incertidumbre "es total".
El dato surge de un informe del IETSE, que indica que en el cuarto mes del año casi un 90% de familias financió la compra de alimentos. Además, el 49,5% de los hogares debió suspender al menos una comida diaria.
Hubo 67 votos negativos y 19 abstenciones, pero la oposición consiguió doblegar la actitud del oficialismo. La media sanción del proyecto prevé un aumento del 7,2% y una la suba del bono de $70.000 para las mínimas que el Gobierno mantiene congelado.
“Sin ley de presupuesto y con los salarios en su piso histórico; sin paritarias ni respuestas del Ejecutivo nacional, profundizamos el plan de acción en todo el país", indicaron los docentes y confirmaron además, otra gran marcha nacional para fines de junio.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió la producción y comercialización de drogas debido a su incorrecta fabricación.