Redacción La NUEVA Mañana
El juez federal con competencia penal Ernesto Kreplak solicitó este jueves al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Carolina Stanlye, a la AFIP y al Juzgado electoral con competencia, que en un plazo de 72 horas entreguen información sobre 30 personas que denunciaron que sus nombres fueron usados ilegalmente para justificar aportes de dinero en la última campaña de Cambiemos.
De esta manera, se intenta determinar si los denunciantes ante la Justicia Federal figuran efectivamente como aportantes, como afiliados a algún partido político vinculado a Cambiemos, si cobran planes sociales y, por último, si se conoce su situación ante el fisco.
Sergio García, uno de los denunciantes que se presentó de manera espontánea en el Tribunal Federal N°3 de La Plata para denunciar que no hizo aportes a Cambiemos en la última elección, indicó en declaraciones a La Nación: "Estoy en la lista como aportando 1400 pesos. Yo ya hice la presentación diciendo que no era aportante, ni afiliado. Desconozco de donde viene y la razón. Es incompatible con mi cargo porque está prohibido donde trabajo ser aportante o afiliado a un partido político".
En ese sentido, el juez Kreplak decidió acelerar la pesquisa luego de tomar declaración testimonial al periodista Juan Amorín, autor de la investigación sobre el financiamiento de las campañas electorales de María Eugenia Vidal, Esteban Bullrich, Gladys González y Graciela Ocaña, entre otros dirigentes del hoy partido oficialista. La primera vez que solicitó esos informes fue a fines de julio.
El titular del juzgado platense N° 3 abrió un expediente con decenas de denuncias de personas que figuran como aportantes de Cambiemos, pero que aseguran que nunca pusieron dinero. La mayoría de los denunciantes son habitantes de barrios humildes del conurbano, que viven de los planes sociales y las changas. Sin embargo, en los registros oficiales de la justicia electoral aparecen con donaciones de hasta $ 2.800 cada uno.
En la actualidad se tramitan tres causas distintas por los falsos donantes. Una investigación se lleva en el marco de la justicia penal con competencia electoral de La Plata, en el Juzgado N° 2 del juez Adolfo Gabino Ziulu y con participación del fiscal Jorge Di Lello. Las otras dos se canalizan por el fuero penal federal, con intervenciones de los jueces Sebastián Casanello y el platense Kreplak. Casanello tiene a su cargo la denuncia presentada por la ONG La Alameda.
Días atrás Kreplak requirió a la Anses de Emilio Basavilbaso un detallado informe con la identidad de los beneficiarios de los planes sociales Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Hacemos Futuro de los últimos cinco años. Quiere corroborar si el oficialismo utilizó ilegalmente esas bases de datos con fines electorales, reportó Ambito.com.
Sin embargo, como desde el organismo previsional no dieron respuesta, el juez tomó 30 casos testigos para enfocar la pesquisa y tratar de llegar a alguna conclusión.
Kreplak investiga los delitos de lavado de dinero, falsificación de instrumento privado y robo de identidad, lo que significa que está bajo sospecha el "origen real" de los fondos aportados, la veracidad de las afiliaciones partidarias al PRO provincial y el uso ilegal de datos de los beneficiarios de planes sociales, que el Estado debe mantener bajo estricto resguardo.
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