Redacción La NUEVA Mañana
Representantes del Gobierno nacional y de la oposición presentaron una serie de proyecto que buscan modificar la ley vigente en materia de regulación de fondos de campaña electorales. El tema fue puesto en agenda tras la denuncia sobre la detección de aportantes “truchos” de Cambiemos en la carrera electoral de 2017 en Buenos Aires.
El proyecto habilita el aporte de personas jurídicas, estableciendo un tope del 2% sobre el total de los gastos permitidos para un partido. Se propone además que aquellas empresas que provean publicidad en vía pública se inscriban en un registro específico que administrará y controlará la Cámara Nacional Electoral.
A propósito, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Adrián Pérez, precisó: “Creemos que lo mejor es que este todo bancarizado, que la gente pueda conocer quiénes son los aportantes y que se habilite a las personas físicas y jurídicas a aportar con un tope. Esto va a ayudar mucho a que las campañas políticas sean mucho más transparentes y más controladas”.
Por su parte, desde la oposición crear una nueva ley que regule el financiamiento de fondos de los partidos políticos a lo largo de las campañas electorales. En esta línea, tanto el Frente para la Victoria como el Frente Renovador presentaron proyectos en paralelo al que anunció la gobernadora María Eugenia Vidal.
El diputado del FpV Máximo Kirchner presentó una iniciativa que prohíbe los aportes de empresas, al tiempo que endurece las sanciones por incumplimientos a la norma.
Otro aspecto destacado que introduce la iniciativa de Kirchner es que regula el financiamiento de la publicidad en Internet, un vacío legal en la normativa vigente. A su vez, se propone que en los días de votación, el transporte público urbano e interurbano funcione de manera gratuita.
Las alianzas electorales deberán abrir en el Banco Nación o algún otro banco oficial una cuenta corriente por la que "ingresarán todos los aportes del Estado y de las personas físicas, y será el medio de cancelación de deudas y erogaciones de campaña".
En tanto, la fuerza de Sergio Massa presentó a su vez su propio proyecto de regulación del financiamiento. La iniciativa establece la bancarización de los aportes para impedir maniobras de lavado de dinero o contribuciones que provengan de actividades ilegales y bancarización de los gastos para que todos los pagos se hagan en blanco y con comprobantes.
Además, busca que se establezca la obligatoriedad de presentar informes relativos al origen y uso de los fondos de las campañas electorales y que se fije límites para el financiamiento privado así como también la prohibición de aportes de anónimos, incorporación de aportes de personas jurídicas con límite.
Según el proyecto los partidos políticos deberán publicar el listado de sus bienes, la identificación de sus cuentas bancarias y sus movimientos de cuentas y caja.
También se crea el Consejo de Control de la Actividad Financiera de Partidos Políticos y Campañas Electorales, el que tendrá autonomía funcional y autarquía financiera integrado por un representante del Tribunal de Cuentas, uno de Fiscalía de estado y tres profesionales con incumbencia en la materia designados por concurso por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la mayoría calificada de ambas cámaras de la Legislatura.
