Se tratan de informes aportados por Desarrollo Social de la Nación en la causa que investiga la campaña electoral oficialista en la provincia de Buenos Aires de 2017.
País 23/07/2018
Redacción La NUEVA Mañana
El fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello recibió este lunes un informe aportado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que permitiría confirmar que decenas de aportantes a la campaña electoral del PRO en la provincia de Buenos Aires del 2017 son beneficiarios de planes sociales.
Según anticipó el canal de noticias C5N, Di Lello ya tiene en su poder uno de los tres informes esclarecedores para la investigación sobre los 200 aportantes truchos, que hoy jaquea al PRO y al gobierno de María Eugenia Vidal. Los otros dos reportes fueron solicitados a la Anses y a la Gendarmería nacional.
Al igual que a la cartera de Carolina Stanley, al organismo previsional que dirige Emilio Basavilbaso se le exigió que informe si los donantes reciben la AUH, pensiones, jubilaciones o algún tipo de subsidio estatal, y desde cuándo. A la fuerza de seguridad se le encomendó un monitoreo social sobre unas 50 personas involucrados con el financiamiento del partido oficialista, elegidas al azar, para conocer en qué condiciones viven.
En paralelo, la ONG La Alameda que lidera Gustavo Vera denunció a los senadores Esteban Bullrich y Gladys González y los diputados Graciela Ocaña y Héctor Flores, quienes encabezaban las listas del oficialismo en la provincia. Ese expediente recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Carlos Stornelli, quien todavía no se pronunció sobre la supuesta maniobra de lavado de dinero.
Según una investigación del programa "El Destape", el oficialismo habría hecho figurar como aportantes de la campaña a por lo menos 200 beneficiarios de los programas "Ellas Hacen" y "Argentina Trabaja", quienes al ser consultados por ese medio desmintieron haber contribuido a ese fin. Los aportes fueron de entre $ 300 y 3.000, una cifra muy alta para beneficiarios de planes mensuales de no más de $ 4.500, que se encuentran en muchos casos en situación de pobreza.
Noticia relacionada:
"Cuando el Presidente se refiere a que el ajuste lo sufre la casta se refiere a que han habido miles de trabajos asignados a militantes políticos que se han ido cortado", justifìcó el funcionario sobre el impacto del ajuste a los sectores vulnerables.
El siniestro ocurrió este martes, en el piso 11 de un edificio ubicado en pleno centro porteño. La revista pertenece a la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y es dirigida por el periodista Cristian Alarcón quien indicó: "La reconstruiremos juntes. Y haremos periodismo".
La Cámara Federal de Casación Penal llamó a audiencias con los condenados para el 12 de marzo. Ese día desfilarán el ex jefe de la SIDE, Hugo Alfredo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano, el abogado Víctor Stinfale, el ex agente de Inteligencia, Patricio Finnen, y el ex titular de la DAIA, Rubén Ezra Beraja.
La ONG Amnistía Internacional Argentina manifestó preocupación por el "operativo desproporcionado" montado por el Ministerio de Seguridad de la Nación este miércoles 31 de enero, "ante las manifestaciones sociales frente al Congreso".
Sucedió en la comunidad de Mburucuyá y se sospecha que los perros sufrieron un envenenamiento masivo como efecto de un potente veneno. Eran mascotas de familias del casco urbano de la localidad. Un grupo de afectados radicó la exposición en sede policial.
La central obrera analizó la forma en que el Presidente consiguió el superávit fiscal y profundizó sobre "lo que le falta contar al Gobierno nacional". Advirtió sobre la licuación de los ingresos de los jubilados; las deudas con las provincias, el desfinanciamiento y la recesión, entre otros puntos.
Alcanza tanto a los usuarios de EPEC y a los hogares que reciben el suministro a través de las 204 cooperativas que prestan el servicio en toda la provincia. El 40% de los usuarios está registrado en la categoría más alta y paga la tarifa plena.
Este jueves la Confederación convocó formalmente a la movilización el miércoles próximo por el Día del Trabajador y la Trabajadora. La marcha será en la previa del segundo Paro General previsto para el 9 de mayo en rechazo a las medidas económicas aplicadas por el Gobierno nacional.
La medida alcanza a los beneficiarios del régimen previsional regulado por la Ley Nº 8024 y tiene como argumento “el grave proceso inflacionario que atraviesa el país, resulta pertinente y prioritario mejorar los ingresos de los beneficiarios de menores ingresos de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba”.
El dictamen del nuevo megaproyecto consensuado en Diputados implica para la amplia mayoría de las mujeres (más del 75%), subir la edad jubilatoria de 60 a 65 años.
Agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico encabezaron el procedimiento que terminó con la aprehensión de tres mujeres y dos hombres. Fueron cerrados cinco puntos de venta y se secuestraron estupefacientes.
