El diputado nacional de Unión por la Patria, uno de los tres cordobeses que votaron contra la Ley Bases, reclamó la ausencia de argumentos de defensa del capítulo de cultura y comunicación por parte de quienes representan al partido de gobierno en el recinto.
País 02/02/2024
Redacción La NUEVA Mañana
En el marco del debate por el proyecto de Ley Ómnibus, el diputado nacional Pablo Carro realizó una enfática defensa de los institutos y las políticas culturales que hasta acá ha sostenido el Estado nacional.
Reclamó la ausencia de argumentos de defensa del capítulo de cultura y comunicación por parte de quienes representan al partido de gobierno en el recinto.
Comenzó desarticulando los argumentos sostenidos en los días previos al debate. En relación a la acusación de control político que ejercen los institutos a la hora de ejecutar sus presupuestos, Carro planteó que los institutos culturales “están integrados por asambleas federales, con cada uno de los representantes de cada una de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Esa característica hace que las decisiones respeten un criterio de federalismo y pluralidad política, garantizada por sus integrantes.
El diputado nacional por Córdoba puso especial énfasis en la defensa del Incaa. Explicó que el cine y la producción audiovisual “es más del 5% de la economía de nuestro país. Multiplica puestos de trabajo; en la hotelería, en la gastronomía, recorren toda la Argentina gracias a lo que hace el cine. "Cada producción financiada por el Incaa", dijo Carro, “tiene que garantizar que se cumpla con los convenios colectivos de trabajo, es decir, garantiza trabajo registrado y de calidad”.
Para oponerse a lo que llamó “argumento Lemoine”, que con los niveles de pobreza que hay en la Argentina es un despropósito destinar recursos a la cultura, sostuvo que “los institutos de la cultura se financian con asignaciones específicas, no con rentas nacionales, no con impuestos nacionales, no con impuestos que pague la ciudadanía en este país. Es a través de los gravámenes que pagan los servicios de radio y televisión en la Argentina que se financian el Incaa, el teatro, la música”.
Y agregó que “las bibliotecas populares se financian gracias a una ley por la cual tiene que pagar impuestos los juegos de azar y el Fondo Nacional de las Artes se financia con los recursos de los derechos de autores e intérpretes que ya pasaron más de 70 años”.
En otro momento de su intervención se refirió a los medios públicos y dijo que son ellos los que garantizan el derecho a la información, el pluralismo, la diversidad informativa.
Luego de la defensa de los medios comunitarios, Carro cerró afirmando que los institutos de la cultura “garantizan federalismo, autonomía, autarquía y el acento puesto en la defensa de la producción nacional frente a los intereses foráneos”.
Es necesario, dijo, “que los artistas puedan crear, que nuestro pueblo pueda disfrutar de esas creaciones; y que las decisiones se tomen democrática y federalmente”.
Por último, afirmó que atacan a la cultura “porque saben, igual que nosotros, que es la cultura, que son nuestros artistas los que tienen las herramientas para sacarnos del laberinto en el que nos quieren encerrar la ultraderecha y sus políticas neoliberales”.
Así lo manifestó en diálogo con La Nueva Mañana Rogelio Pizzi, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). “Además reduce en un 84% las hospitalizaciones”, agregó.
Los pronunciamientos de los legisladores se producen luego de que este lunes senadores del radicalismo, el peronismo disidente y partidos provinciales le reclamaran por nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a sesión especial para debatir el DNU.
Será una prueba clave luego de la primera junta médica que determinó la responsabilidad de los ocho profesionales de la salud, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. El proceso iniciará el 4 de junio.
Son datos relevados por la Cámara de Comercio y servicios (CAC). Se suma a los datos de la semana pasada de supermercados y mayoristas de enero que dio a conocer el INDEC.
Los datos de febrero ya mostraban la destrucción de 30.455 puestos de trabajo, el mayor retroceso desde el comienzo de la pandemia del Covid-19. La construcción fue la que más mano de obra expulsó.
"Frente a la crueldad y la miseria planificada, vamos a defender a la Patria y la Democracia", indicó "La Confederación, junto a las dos CTA y los movimientos sociales, que acompañarán la convocatoria de los organismos de Derechos Humanos el Día de la Memoria.
El cosecretario de la central obrera sostuvo que "sólo es cuestión de hablar con la conducción" cegetista, porque "este recorte, donde la ligan siempre los trabajadores y jubilados, no lo vamos a permitir".
Alcanza tanto a los usuarios de EPEC y a los hogares que reciben el suministro a través de las 204 cooperativas que prestan el servicio en toda la provincia. El 40% de los usuarios está registrado en la categoría más alta y paga la tarifa plena.
Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas en centros de compras se redujeron 18,4% interanual en febrero de 2024: 18,2% en la Región Gran Buenos Aires y 18,6% en el resto del país.
Este jueves la Confederación convocó formalmente a la movilización el miércoles próximo por el Día del Trabajador y la Trabajadora. La marcha será en la previa del segundo Paro General previsto para el 9 de mayo en rechazo a las medidas económicas aplicadas por el Gobierno nacional.
Se realizaron numerosos allanamientos ordenados por el fiscal Guillermo González. Entre los últimos tres detenidos, hay un inspector municipal con cargo jerárquico y dos empleados de la Sección Espectáculos Públicos. Están acusados de integrar la banda liderada por el ex comisario Gustavo Folli.
Agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico encabezaron el procedimiento que terminó con la aprehensión de tres mujeres y dos hombres. Fueron cerrados cinco puntos de venta y se secuestraron estupefacientes.
