La guerra en Ucrania y el precio internacional de los energéticos, variables externas que el Gobierno no maneja, se tornan claves en el cumplimiento con el Fondo.
Ed Impresa 11/03/2022 Facundo Piai
Especial para La Nueva Mañana
El Parlamento discute el proyecto de ley del acuerdo conseguido con el FMI, en donde el déficit fiscal y los subsidios energéticos son claves. Se trata de temas sensibles para la alianza gobernante en donde se cristalizan diferentes maneras de administrar la economía. El año pasado los subsidios energéticos generaron rispideces entre el ministro de Economía y el subsecretario de Energía Eléctrica. Por un lado, una facción rehúye de actualizar las tarifas por el efecto que puede tener en el consumo y precios internos, mientras que la otra parte propone una aplicación más precisa de los subsidios para no beneficiar a quien puede pagar.
En el acuerdo, que busca el aval parlamentario, el Fondo requiere un déficit fiscal de 2,5% del producto bruto para este año. Desde la Casa Rosada pretenden lograr el objetivo evitando ajustes en programas sociales y obra pública. En efecto, el Gobierno mira con lupa dentro de los subsidios económicos a los energéticos que representan el 80% de esa erogación. Para ello, el proyecto de segmentación tarifaria presentado por el equipo económico conducido por Martín Guzmán resolvió dividir a los usuarios en tres categorías.
De esta manera, quienes forman parte de la categoría de altos ingresos pagarían la totalidad de la tarifa. Se trata del 10% del total de residentes del AMBA; es decir, unos 487 mil usuarios residenciales que tendrían un aumento superior al 200%. En las antípodas de esta categoría están quienes por registrar bajos ingresos perciben una tarifa social. Estos sectores vulnerables tendrían un aumento en la boleta de alrededor del 20%. Por último, quienes por su ingreso no perciben la tarifa social pero tampoco forman parte del decil más rico, deberían enfrentar subas en torno al 40%.
Sin embargo, la guerra en Europa del Este se mete en la discusión y amenaza con dinamitar la planificación en materia de tarifas, subsidios y ahorro fiscal. Desde que comenzó la guerra, el precio del combustible no para de subir y esto repercute en el costo de la energía. Ocurre que, después de EE.UU. y Arabia Saudita, Rusia es el tercer mayor productor mundial de petróleo. El país que preside Vladimir Putin es también el segundo productor de gas y uno de los principales exportadores de ese hidrocarburo. En efecto, las sanciones aplicadas a Rusia por parte de EE.UU., más la incertidumbre que genera el escenario bélico y las prioridades que definió el kremlin con sus recursos estratégicos, generan inestabilidad.
Escasez e incertidumbre son un combo que catapulta el precio de la energía. Esto se advierte claramente en el precio del gas licuado, aquel que se traslada en buques metaneros y no por gasoductos. El aumento de la demanda mundial para aprovisionarse por la amenaza de que se extienda la guerra y las sanciones elevó el valor del millón de BTU de u$s 8 a 55 dólares. En efecto, esta modificación del precio de la energía atenta contra la planificación económica de la economía mundial. En Argentina pone en duda no sólo el cumplimiento del déficit acordado con el FMI, sino también la acumulación de reservas y las proyecciones de crecimiento económico.
El proyecto que contiene el acuerdo con el organismo multilateral de crédito que el Gobierno quiere transformar en ley “reconoce la incertidumbre que hay en los mercados mundiales de energía”. Por tanto, para “cumplir con los objetivos fiscales y económicos” sin por ello postergar el objetivo de tener tarifas “razonables” y “equitativas” convocarán a una audiencia pública. Según lo previsto en el proyecto, la convocatoria será antes de que termine el mes de abril y allí se definirá el precio mayorista para el próximo año con vigencia a partir de junio del 2022.
Frente a la distorsión del precio del gas, el último reporte de la consultora Economía & Energía alerta sobre los riesgos del aprovisionamiento energético. Al no tener pleno autoabastecimiento energético, el año pasado el país importó 56 buques metaneros a un costo de 8 dólares por BTU, lo que significó una erogación de poco más de mil millones de dólares. En efecto, de tener que importar la misma cantidad este año, con una cotización del gas licuado de u$s20 por millón de BTU, la cuenta superaría los 3 mil millones de dólares. La consultora estima (siempre tomando las importaciones 2021 como referencia) que cada u$s10 que sube el millón de BTU las importaciones para satisfacer la demanda suben u$s1,6 mil millones.
De lo anterior se desprende que, de mantenerse los precios actuales, se dificulta cumplir lo pactado con el FMI de reducir el 0,6% del PBI en subsidios energéticos. Más bien, todo lo contrario. Además -plantea el informe de la consultora dirigida por Nicolás Arceo- al depender gran parte de la producción de energía eléctrica de la generación de gas, el aprovisionamiento de ambos servicios estaría amenazado. En el escenario más pesimista, el valor del gas licuado no baja y, de ser así, no hay manera de poder abastecer la totalidad de la demanda por falta de dólares para importar.
Los hidrocarburos también dieron un salto luego del conflicto en Eurasia. El precio del barril de petróleo Brent (que se usa como referencia en Argentina) llegó al récord de u$s130 en la semana para luego bajar. En el país los aumentos en las naftas se habían postergado para junio antes de que el valor del barril se fuera a las nubes. Desde La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha) aclararon a este medio que el retraso del precio en el país “era del 30%” y con las últimas subas la brecha entre el precio interno y externo “aumentó al 45%”.
En el país “el crudo se paga 56 dólares internamente”, el precio está “desacoplado” del internacional. Por eso la nafta en Argentina es de las “más baratas del mundo”, explicó el presidente de Cecha, Gabriel Bornoroni, a La Nueva Mañana. La brecha es poco estimulante para la inversión en el sector, sostiene el dirigente empresario, por eso “tenemos que importar el 20%” del carburante que consumimos. “Esto significa comprar combustibles con dólares que no tenemos que genera tensiones cambiarias, subsidios, más impuestos e inflación”. Desde el sector creen que el precio puede moverse antes de lo previsto “porque la presión es demasiada” por el aumento de la brecha y ninguna variable del costo de las naftas bajó para que “permita mantener precio”.
El mercado internacional de energéticos se mueve con frenesí, a la fecha no se sabe si los combustibles fósiles seguirán subiendo, se amesetarán en niveles récord o, contrariamente, bajarán. Sin lugar a dudas, su comportamiento estará atado al desenvolvimiento del conflicto que se libra en Ucrania. En ese sentido, no pocos analistas auguran que la resignación del presidente ucraniano a ingresar a la OTAN significa que el conflicto estaría llegando a su fin, lo cual traería mayor previsibilidad al mercado energético.
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