La Nación acordó con las provincias una serie de estrategias que deberán ser aplicadas por los gobiernos locales. El desafío de gobernadores e intendentes ante las urgencias sanitarias.
Ed Impresa 08/01/2021
César Martín Pucheta
Pasó apenas una semana desde la apertura total de la temporada en Córdoba y en los centros que reciben la mayor afluencia de turistas se empiezan a evidenciar las preocupaciones que recorren todo el país por el aumento de casos que parecen adelantar la segunda ola del coronavirus que se esperaba para el mes de marzo.
Si bien los números generales de la provincia manifiestan que el sistema sanitario todavía está lejos de acercarse al colapso experimentado durante octubre, la tensión entre el despegue económico y las complicaciones sanitarias intranquilizan a las autoridades locales que analizan de qué modo seguir ante la decisión de la administración central que intenta mantener los planes iniciales y no poner trabas en el desarrollo “normal” de la temporada.
Ya en el inicio de la semana, eran casi una decena de provincias las que habían avanzado en cierres locales y restricciones para el ingreso de visitantes. Buenos Aires, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, La Pampa y Corrientes dispusieron medidas horarias antes de conocerse los números que empujaron a la reunión que el miércoles por la mañana conectó al Presidente de la Nación con gobernadores de todo el país.
Allí, Alberto Fernández y los mandatarios provinciales acordaron en avanzar en medidas como la limitación a la circulación nocturna, y analizaron los márgenes para otras medidas como acotar los viajes al exterior y universalizar la exigencia de un test PCR para quienes lleguen a cualquier provincia por vía área, “sobre todo a destinos donde hay mayor número de casos”. También conversaron sobre la necesidad de volver a acotar a diez la cantidad de personas en reuniones sociales y el regreso de la restricción sobre el uso de transporte público para que puedan utilizarlo solamente los trabajadores considerados como esenciales.
Desde el comienzo de la pandemia, la dinámica de las disposiciones estuvo basada en análisis territorial que con el paso del tiempo fue dejando la definición de las medidas en manos de los los mandatarios locales. Más allá de la estrategia sanitaria que comprendió que el cuadro que el país presentaba no podía ser analizado de modo homogéneo y federalizó la toma de decisiones, la realidad terminó por cargar de responsabilidades a gobernadores e intendentes que reaccionaron de manera disímil. Así, se hizo carne uno de los pedidos históricos de los gobernadores que tuvieron la posibilidad de administrar las políticas de ayuda nacional según sus miradas particulares. En cada provincia se puso en funcionamiento un equipo sanitario de emergencia, cada uno de los gobernadores eligió qué rumbo estratégico tomar y cómo enfrentar una la crisis más grande del mundo contemporáneo.
En el caso cordobés, la relación con el Gobierno nacional fue zigzagueante y así como el COE (o el Ejecutivo provincial) decidió avanzar con aperturas que se adelantaron a las disposiciones de provincias en la que la situación sanitaria manifestaba realidades parecidas, también fueron varios los volantazos que sirvieron para intentar acomodar la situación. Las urgencias económicas se cruzaron en medio de las necesidades sanitarias y el humor social volvió a pesar en el análisis de cada una de las decisiones. Todo eso parece conjugarse en el destino de la temporada 20/21, en la que algunos sectores se juegan su última carta para poder paliar la crisis profundizada por la pandemia.
“Nadie se va a animar a tomar ninguna decisión que represente avanzar con restricciones porque es una medida muy antipática, sobre todo para las regiones que viven del turismo”, aseguró a este medio un intendente que desde el Valle de Punilla analizaba con preocupación la curva de casos que ascendía en todo el país.
Lo cierto es que casi a la par de los anuncios presidenciales de esta semana, Juan Schiaretti y Diego Cardozo anunciaron las disposiciones que comienzan a regir en Córdoba y que se suman a la estrategia provincial, que hasta el momento parecía apuntar al despliegue de centros de testeos a lo largo de todo el territorio buscando la temprana identificación que permita a los gobiernos locales activar cada uno de los protocolos sanitarios estipulados especialmente para la situación.
"Vamos seguir con el sistema de trabajo con el cual venimos hasta ahora", dijo Schiaretti ayer. Eso significa que "la actividad industrial y productiva seguirá abierta; los comercios podrán funcionar hasta las 23; y los bares y restaurantes podrán mantener sus puertas abiertas hasta las 1 de la mañana". Todo bajos los estrictos protocolos que rigen el funcionamiento en toda la provincia.
Además, anticipó que Córdoba pasará de tener 2398 camas críticas Covid a tener 2893 durante el mes de febrero, lo que representa una inversión que se estimó en 450 millones de pesos y celebró el trabajo conjunto con municipios y comunas que le permitió a los cordobeses "mantener las libertades".
Si bien el mensaje oficial insiste en “no parar la economía, ni frustrar vacaciones, ni la actividad en lugares turísticos”, los intendentes y el gobierno provincial se enfrentan al desafío de arbitrar los medios correspondientes para que la curva de casos no compliquen aún más la situación que desde el vamos ya se presenta más compleja que la que se imaginaba apenas unos meses atrás. De hecho, buscando garantizar que la disparada de casos no se “desmadre”, el Gobierno nacional estableció “un techo” de casos para habilitar futuras flexibilizaciones.
Semanas atrás, especialistas consultados por La Nueva Mañana señalaron que la situación se mantendrá dentro de los márgenes “aceptables” en tanto y en cuanto los centros sanitarios no colapsen y la ocupación de las camas no vuelva a ubicarse en el límite de su criticidad. A comienzos de octubre, en el pico de pandemia en Córdoba, esa ocupación se aproximaba al 90% poniendo en jaque la capacidad de respuesta del sistema sanitario, tanto público como privado. Según el último parte epidemiológico elaborado por el Ministerio de Salud cordobés, en la semana 53 desde el comienzo de la pandemia, la ocupación de camas críticas no llega al 25%.
En ese sentido, resultan fundamentales las puestas en marcha de las unidades sanitarias que la Nación está construyendo en para reforzar el sistema en Mina Clavero, Santa Rosa de Calamuchita y Santa María de Punilla. Los tres centros servirán para aliviar cualquier complicación potencial que podría representar una disparada de casos en los puntos neurálgicos del turismo cordobés.
Uno de los reclamos que por estas horas más se repite entre los intendentes de toda la provincia, pero por sobre todo de parte de aquellos que reciben el mayor caudal turístico es el que se expresa sobre la necesidad de contar con mayor presencia policial para controlar la proliferación de fiestas clandestinas en Córdoba.
“Elevamos un pedido al Ministerio de Seguridad porque no hemos recibido la suficiente colaboración para los controles”, dijo a La Nueva Mañana el jefe comunal de Villa Ciudad Parque, Pablo Riveros, quien detalló que de los ocho policías que habitualmente envía la Provincia para los operativos de verano, esta temporada llegaron tan solo tres. “La Policía te da una mano para todos los controles que se pueden llevar adelante”, explica enumerando tanto las actividades protocolizadas, como el funcionamiento de bares y comercios, pero también aquellas que representan violaciones a las normativas sanitarias.
Riveros, de hecho, es uno de los pocos que advierte sobre la dificultad que los gobiernos locales tienen a la hora de asumir la toma de decisiones en un contexto como el actual. “No creo que ninguna localidad avance en disposiciones con anterioridad a que la Provincia decida hacerlo (cosa que no sucedió ayer). Excepto que haya un brote muy grande, ninguno se va a animar a tomar una determinación en plena temporada porque eso va a afectar a la principal actividad de la región que es el turismo”, dice en referencia al universo calamuchitense del cual forma parte.
Más allá de las regiones turísticas, las fiestas clandestinas aparecen como el mayor desafío a solucionar por parte de las administraciones locales que tienen una relación cotidiana mucho más estrecha con quienes protagonizan ese tipo de prácticas. Desde mediados del año pasado, el conteo diario de casos ubican la mayor cantidad de contagios en el interior provincial dejando cada vez más atrás la realidad iniciática que mostraba una pandemia concentrada en las grandes ciudades. La foto del interior “blanco” desapareció por completo hacia comienzos de la primavera y esa tendencia no se pudo revertir.
Los cordobeses arrancamos la semana con la noticia de un brote en San José de la Dormida originado en una fiesta que se organizó en la casa de un policía. Mientras tanto, vecinos de Cuesta Blanca daban cuenta de una fiesta clandestina que duró ¡tres días! en la zona conocida como la Playa de los Hippies. En la madrugada del jueves, se clausuró un baile en un boliche de Villa Carlos Paz con 700 personas adentro. La lista podría ser interminable.
El miércoles, el gobernador Schiaretti felicitó al personal de salud que se hizo cargo de los 25 puestos de vacunación que colocaron las 10.756 dosis de la vacuna enviada por el Gobierno nacional. La segunda tanda llegó de modo inmediato (11.250 dosis) y Còrdoba ya se posiciona como uno de los distritos en el que se aplicaron la mayor cantidad de dosis. Pero vale la pena volver a preguntar si con eso alcanza.
Quizás sea tiempo de acelerar en reversa e intentar llegar a completar la etapa estratégica de la vacunación con la curva de casos medianamente controlada. La administración central se sigue apostando al consenso y al trabajo conjunto con las administraciones provinciales. Y aunque sigue primereando en la acción, la decisión tomada es la de darle el poder a cada uno de los jefes políticos locales, que ahora se enfrentan al desafío de estar a la altura de la historia.
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