Se estima que cerca de un millón de niños, niñas y adolescentes se encuentran en riesgo de abandono educativo. Diferentes sectores exigen medidas y contener la crisis.
Ed Impresa 04/09/2020
Fabiana Cuba
La expansión del COVID-19 a nivel nacional provocó la suspensión de las clases presenciales en las escuelas en los niveles inicial, primario y secundario en todas sus modalidades en los primeros días de marzo. Esto generó que alrededor de 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes dejaran de asistir de forma presencial a centros escolares.
A pesar de los esfuerzos que llevan adelante docentes, familias, organizaciones y dependencias estatales, la reinvención de la educación, desde la presencialidad a la formación a distancia ha desnudado las desigualdades preexistentes y en muchos casos se vieron agudizadas.
Diferentes sectores ya hablan de una inminente catástrofe generacional, debido al impacto social que tendrá esta crisis en los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en edad escolar. Es por ello que piden la declaración de la emergencia en este sentido y que la educación sea declarada como una actividad esencial.
De acuerdo a los datos preliminares aportados por la Encuesta Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, cerca de un 10% de la población escolar duda acerca de la continuidad de su escolaridad o bien considera que no va a volver a la escuela. Esto representa más de un millón de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo de deserción escolar.
El estudio encarado por el Ministerio de Educación de la Nación demuestra que las disparidades, en las experiencias de educación remota, que atravesaron los estudiantes está condicionada, en gran medida, por los recursos disponibles en los hogares: menos de la mitad de los hogares cuenta con acceso fijo de buena calidad en la señal a Internet, 3 de cada 10 de hogares no tienen acceso fijo a Internet: 27% accede sólo por celular y 3% no tiene Internet de ningún tipo.
La dotación de recursos tecnológicos para sostener la actividad educativa en los hogares es desigual según la condición económica y las regiones del país. Las brechas de acceso a una computadora en el hogar, por ejemplo, alcanzan los 20 puntos porcentuales entre las regiones del país con mayor nivel de acceso (AMBA y Patagonia, 62%) y aquellas cuyos hogares tienen la dotación menor (NEA y NOA, 41%).
Por otra parte, los esfuerzos para garantizar la continuidad pedagógica alcanzaron, según los datos oficiales y de Unicef, entre un 80% a un 90% de los/as estudiantes argentinos. Sin embargo, sólo la mitad tiene un contacto diario con la escuela, entre un 8% a un 21% señalan que no tienen retroalimentación por parte de sus docentes, cuatro de cada cinco escuelas no tienen vínculo pedagógico sincrónico.
La diputada del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), Brenda Austin, presentó hace algunos días un proyecto para declarar la emergencia educativa nacional, en base a los números publicados por la cartera de Educación vinculados al estado de situación de los vínculos pedagógicos.
La iniciativa propone, entre otros términos, la declaración de la emergencia en el Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles y modalidades para los ciclos lectivos 2020 y 2021. Esto implica considerar a la educación como actividad esencial, debiendo garantizarse el derecho constitucional a la educación, conforme las pautas y protocolos que cada jurisdicción determine.
“La situación que están atravesando las escuelas es absolutamente crítica. Las estadísticas oficiales señalan que son más de un millón de chicos y chicas que abandonaron la escuela. Esto generará un impacto en términos de fragmentación social. Además, hay otro porcentaje cuyo contacto con los docentes y con las instituciones educativas es esporádico”, sostuvo la diputada.
En declaraciones a La Nueva Mañana, Austin indicó que las condiciones de desigualdad preexistentes en el país se multiplicaron exponencialmente con la pandemia, y que una de las soluciones a esta problemática es poner a la escuela en el centro de la escena de las políticas públicas. “Tenemos que entender que estamos frente a una inminente catástrofe generacional. Esto va a impactar con mucha fuerza en aquellos que ya abandonaron la escuela, y en los que aún asisten porque verán afectado su proceso de aprendizaje”, remarcó.
El proyecto señala la importancia de que las autoridades de las jurisdicciones con competencia educativa cuenten con facultades para reorganizar el calendario escolar, adaptar los contenidos curriculares, disponer la reapertura parcial o total de los establecimientos educativos y establecer la coexistencia de la modalidad virtual o estudios a distancia, durante los ciclos lectivos alcanzados por la emergencia.
Por otro lado, plantea la necesidad de crear el programa de “Detección y Acompañamiento para Estudiantes en Riesgo de Abandono Escolar” bajo la órbita del Ministerio de Educación mientras se extienda la emergencia sanitaria.
“Proponemos que tengamos la capacidad de pensar con mayor flexibilidad las distintas acciones destinadas a esta apertura, de la mano de un programa de detección y acompañamiento, con becas de conectividad, apoyo escolar, medidas para los transportistas escolares y los jardines de primera instancia, infraestructura escolar de emergencia, comedores escolares”, destacó la legisladora de JxC. En esa línea, se plantea, por otra parte, la necesidad de un acompañamiento interdisciplinario a los docentes a través de psicólogos, psicopedagogos y profesionales de la salud. “Proponemos la articulación interjurisdiccional e interministerial para incluir programas que muchas veces están siendo llevados a cabo de manera desarticulada”.
Para la representante cordobesa, el proyecto va más allá de la declaración de la emergencia, sino que se pretende que se proclame como esencial a la educación.
Al ser consultada sobre el aspecto presupuestario de la medida, Austin indicó que “de lo que se trata es de reorientar recursos que ya están gestionando desde el Estado con el foco puesto en la escuela”. “Hemos anunciado al presidente anunciar obras públicas pero ningunas de ellas estuvo orientadas a las escuelas. Necesitamos comenzar a prepararlas para que en esa reapertura parcial tengan las condiciones sanitarias necesarias para poder hacerlo. Lo mismo con los comedores escolares que se cerraron y que eso implicó que muchos chicos perdieran la copa de leche o el almuerzo que recibía. Queremos recuperar el rol de la escuela como actor comunitario esencial que permita además un seguimiento nutricional de los estudiantes”, aseveró en diálogo con este diario.
En un trabajo articulado con legisladores provinciales, se pretende que este llamado a la acción llegue también a los recintos deliberativos del interior del país.
En esa línea, el legislador de la UCR, Marcelo Cossar presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia en materia educativa en Córdoba. La proposición contó con apoyo de Córdoba Cambia, Coalición Cívica/ ARI y Encuentro Vecinal Córdoba. El foco está puesto en los 130 mil niños, niñas y adolescentes que, se estima, quedaron fuera del sistema educativo provincial desde el inicio del aislamiento.
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