Redacción La Nueva Mañana
Este miércoles 4 de junio, a las 12, en la Plaza San Martín se llevará adelante una nueva marcha de personas con discapacidad, familias, organizaciones, profesionales e instituciones del sector, que demandan la declaración de emergencia y defienden las políticas públicas que garantizan la inclusión, el acceso a tratamientos, educación, transporte y una vida digna para esta comunidad.
La actividad se realizará mientras paralelamente la Cámara Baja empieza a discutir el proyecto de declaración de la "emergencia en discapacidad".
A través de un comunicado, mediante el cual se pretende concientizar a la sociedad sobre la crítica situación que atraviesa el sector, se explica que Argentina tiene un sistema "único en el mundo", que cuenta con un fondo solidario que garantiza acceso a salud, educación y apoyos para personas con discapacidad.
Destacan que "es equitativo, integral y sostiene miles de vidas", ya que "personas con discapacidad con y sin recursos pueden acceder a la misma calidad de servicios".
Explican que funciona mediante obras sociales y prepagas que aportan a ese fondo y desde allí se pagan terapias, apoyos escolares, transporte y centros, y se brinda acompañamiento a familias; y aclaran enfáticamente que "el sistema de Prestaciones en Discapacidad no depende de fondos del Estado ni requiere inversión desde el Tesoro Nacional, sino del fondo solidario que explicamos anteriormente".
Taxativamente, afirman que "el sistema atraviesa su peor crisis en 27 años", con aumentos mínimos, pagos con seis meses de demora y desfinanciamiento deliberado; y que los responsables de la Superintendencia en Servicios de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Gabriel Oriolo y Diego Spagnuolo respectivamente, buscan que cada obra pague lo que quiera, que cada familia resuelva sola y que la discapacidad vuelva a ser un "problema privado".
Advierten que esto implica el colapso de instituciones, familias sin apoyos, profesionales especializados en discapacidad que se van del sistema o solo atienden de manera particular, niños o niñas sin docentes de apoyo a la inclusión ni equipos terapéuticos, y derechos básicos vulnerados.
Asimismo, denucian que en las escuelas la inclusión se desarma con menos horas de apoyo, equipos rotos, docentes sin acompañamiento; por lo que "lo que antes era un derecho, ahora peligra".
Concluye el comunicado, subrayando que "la discapacidad no puede ser tratada como un gasto ni como negocio" y que "cuando el Estado se retira, la desigualdad arrasa".
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