emergencia en discapacidad

La medida responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793 y declara la invalidez de la suspensión de la norma.

El juez Adrián González Charvay le dio al Gobierno cinco días hábiles para que informe sobre el avance de los trámites para las puesta en marcha de la Ley, aprobada y ratificada por el Congreso. El 4 de febrero es la fecha límite para su aplicación plena.

La denuncia, presentada por la abogada Marta Lastra, promueve la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que obliga al Gobierno a cumplir la Ley, que fuera aprobada y ratificada por el Congreso.

El Foro Permanente de la promoción de derechos de las personas con discapacidad y la Asamblea de Trabajadores de Inclusión fueron dos de los espacios que cuestionaron fuertemente la decisión del Gobierno de cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad.

En referencia a la información sobre 178 mil certificados activos de personas con discapacidad de personas fallecidas, el Foro Permanente de Discapacidad demandó que el Gobierno evite estigmatizaciones y sospechas infundadas.

El proyecto deberá volver a Diputados si el Senado le hace correcciones. La oposición volteó en la Cámara baja el capítulo que bajaba el financiamiento a las universidades y la emergencia en discapacidad, pero se quiere insistir con la derogación de estas leyes.

La "ley de leyes" corrió la misma suerte que la Cámara baja y el oficialismo no pudo agregar la derogación del Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. La bancada violeta espera llegar al recinto antes de fin de año.

En la madrugada de este jueves, el oficialismo le dio media sanción al Presupuesto 2026 en Diputados, aunque para ello debió quitar el Título XI, que incluía el cuestionado artículo 75, que derogaba las leyes aprobadas y ratificadas por ambas cámaras del Congreso.

El Juzgado Federal de Campana dictó una resolución en favor del reclamo de dos familias por la suspensión de la ley. Además, amplía su alcance a instituciones y prestadores, y unifica el amparo con los presentados en Córdoba y Mendoza.

El Foro Permanente de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad alertó que la ausencia de un pronunciamiento de las entidades gremiales implica un "aval para quienes abandonan" a este sector.

Este viernes 31 de octubre se realizó en esta capital la 12a. Marcha. La movilización partió de Colón y Cañada y concluyó en el Patio Olmos. Un nutrido grupo de manifestantes participaron, convocados por un amplio colectivo de organizaciones.

"La plata está. La ley asigna $121.000 millones para garantizar prestaciones, pensiones, servicios y derechos. ¿Dónde están los fondos? ¿Otra vez problemas con la caja en la ANDIS?", denunció el sector de Discapacidad que sigue exigiendo el cumplimiento pleno de la ley.

En el marco de una jornada federal de reclamo, el sector de la discapacidad se movilizó entre el Congreso y el Ministerio de Salud para amplificar el reclamo por la aplicación inmediata de la suspendida Ley de Emergencia.

"Paramos porque Milei hace lo que quiere", dijo una manifestante en la Plaza San Martín. Nuevamente personas con discapacidad, familiares y trabajadores de la salud exigieron que se cumplan sus derechos.

Un amparo presentado por el Colectivo 3 de Diciembre ante la Justicia Federal cuestiona la suspensión de la norma, dispuesta por Javier Milei, tras su ratificación que el Congreso. Desde las 9, este viernes hay marcha en el Parque Sarmiento.

Guillermo Francos afirmó que los diputados “están en su derecho” de debatir una moción en su contra, a raíz de la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero insistió en que “falta que el Congreso diga cuáles son las fuentes para darle cumplimiento a la ley”.

Ante el vencimiento de la fecha, el Gobierno promulgó la ley pero resolvió suspender su implementación argumentando que el Poder Legislativo deberá definir cómo se financiarán los gastos y las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.

Venció el plazo y la demanda es por abuso de autoridad incumplimiento de los deberes de funcionario público. También fueron acusados María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Nación, y Walter Rubén González, director del Registro Oficial.

Tras la ratificación de la Emergencia en Discapacidad en el Senado, el tuitero del Gobierno, Daniel Parisini, cuestionó el voto a favor de Luis Juez, con un violento mensaje que fue cuestionado por Guillermo Francos.