La Iglesia confrontó nuevamente al Gobierno: "La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes"

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) le expresó al ministro de Salud su preocupación por la "grave situación que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al acompañamiento de personas con discapacidad". 
País03/04/2026Redacción La Nueva MañanaRedacción La Nueva Mañana

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Marcha en CABA por la Ley de Emergencia en Discapacidad (Foro Permanente Discapacidad) 01
"Los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal". Foto ilustrativa: gentileza Foro Permanente Discapacidad

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) le envió una carta formal al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, en la que expresan preocupación por la "grave situación que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad".

Advierte la misiva que muchas de estas instituciones se encuentran en una "crisis económica de extrema
gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales"; lo que deriva en déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad.

A continuación, expresan que "en estos días se ha hecho visible, de manera especialmente dolorosa, la situación de muchas instituciones, donde se sostiene una tarea silenciosa y generosa que expresa lo mejor de nuestra tradición solidaria: el cuidado cotidiano de quienes más necesitan de la comunidad".

En particular, hacen mención a lo revelado por los Cottolengos Don Orione, una "obra con un profundo arraigo en la vida social y comunitaria donde la continuidad del cuidado de 1.200 personas con discapacidad se encuentra hoy en riesgo real e inmediato".

Acto seguido, precisan que "los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal".

Las consecuencias de esta situación, advierten, ya comienzan a hacerse sentir: endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, imposibilidad de incorporar nuevas personas y deterioro en la calidad de los servicios.

"En muchos casos, además, se trata de residentes que requieren atención integral para alimentarse, higienizarse y realizar las actividades más básicas de la vida cotidiana", agregan, para dar cuenta de la situación extrema que supone este contexto.

Recuerda la Conferencia Episcopal que en mayo del año pasado se advirtió que “las personas con  discapacidad no pueden esperar”.

Frente a la angustiante situación actual, en tanto, le solicitan encarecidamente a Lugones que cumpla con la Ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad.

"Las obras que hoy se encuentran en peligro de continuidad, muchas de ellas nacidas del compromiso de comunidades religiosas y civiles, constituyen un verdadero patrimonio social de nuestra patria", señala la carta y subraya que "el respeto de la vida humana y el cuidado de los más frágiles, en especial de las personas con discapacidad, son cimientos sobre los que se edifica toda sociedad".

En virtud de ello, suplican que se pueda encontrar una respuesta "concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable".

La misiva está firmada por el presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el vicepresidente 1° de la entidad y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi; el vicepresidente 2° y obispo de Jujuy, César Daniel Fernández; y el secretario General de la CEA y obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro.

Concluye, afirmando taxativamente que "la discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas".

Y en nombre de las instituciones, familias y personas que "viven con angustia esta situación", piden con urgencia que el Estado pueda "ofrecer una pronta respuesta que asegure la continuidad de estos servicios indispensables".

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