Redacción La Nueva Mañana
Tras el anuncio del Gobierno de su decisión de cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), para incorporar sus funciones al Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones, señalado por su presunta responsabilidad en la falta de controles vinculada al "fentanilo contaminado"; organizaciones del sector de la discapacidad se pronunciaron críticamente.
El Foro Permanente de promoción de derechos de las personas con discapacidad apuntó que se trata de un nuevo "avance del Gobierno nacional en la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad" y sentenció que la disolución de la Andis representa un "retroceso grave".
Asimismo, respecto de la decisión de incorporar las funciones vinculadas a la discapacidad dentro del Ministerio de Salud, subrayaron que "la discapacidad no es solo una cuestión sanitaria" y que "requiere una mirada integral y social, que incluya educación, trabajo, transporte, accesibilidad y apoyos para una vida autónoma".
En ese marco, agregaron que "la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad implica volver al modelo médico, vulnera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y desoye años de lucha colectiva del movimiento de personas con discapacidad y sus organizaciones".
En la misma línea, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) tildó esta medida del gobierno de Javier Milei como un nuevo "acto de crueldad".
"La Agencia ya había perdido autoarquia al pasar a la órbita del Ministerio se Salud. Este tipo de decisiones no solo significan un retroceso en materia de derechos humanos, sino un gesto antidemocrático, ya que es otra forma de no cumplir con la ley de Emergencia en Discapacidad", expresaron desde este espacio.
El cierre de Andis se produce mientras la Justicia investiga las presuntas coimas en el organismo y el Gobierno se resiste a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, dos veces aprobada por el Congreso.
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