Redacción La Nueva Mañana
En referencia a la información oficial respecto a 178 mil certificados activos de personas con discapacidad de personas fallecidas, el Foro Permanente de Promoción y Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un comunicado a través del cual denunció que el gobierno de Javier Milei pretende "confundir a la sociedad y juzgar a las personas con discapacidad".
"Resulta llamativo y sospechoso que, luego del revés sufrido por el Gobierno cuando 123 diputadas y diputados rechazaron el Capítulo XI del Presupuesto 2026, en el que se intentaba derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) haya salido a informar que se habrían detectado 178 mil certificados de discapacidad activos correspondientes a personas fallecidas, intentando además vincular esta situación con los prestadores", expresó el Foro.
En virtud de ello, realizó una serie de "aclaraciones urgentes".
En primer lugar, plantea el Foro que "poseer un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no implica recibir una prestación ni cobrar una pensión". Subrayan que aclarar esto es "fundamental", ya que "la noticia parece buscar instalar en el imaginario social la idea de que existirían 178 mil pensiones cobradas de manera irregular, reforzando el discurso oficial que intenta presentar los reclamos del sector como parte de un supuesto 'curro'".
Asimismo, subrayan que si bien puede inducirse a pensar erróneamente que esta información surge de la auditoría realizada sobre las pensiones, dicha auditoría estuvo dirigida exclusivamente a verificar si las personas titulares de pensiones cumplían con los requisitos exigidos, y no a analizar la validez de los certificados de discapacidad.
Además, enfatizaron que "para acceder a una pensión no se exige el CUD, sino el Certificado Médico Obligatorio, que es emitido por un hospital público y debe estar refrendado por el médico evaluador y el director del establecimiento".
Agregan a continuación que "cuando una persona fallece, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) debe informar esta situación a los distintos organismos del Estado para que se realicen las bajas correspondientes"; y subrayan que si luego de dos años de gobierno de Javier Milei, recién se llega a esta conclusión, queda en evidencia que hay "graves falencias en la gestión estatal".
En ese sentido, plantean que "resulta difícil de comprender cómo, en este tiempo, no se haya conformado un padrón articulado entre ANDIS y el RENAPER".
Y postulan que "intentar vincular esta situación con los prestadores implica sugerir que existirían facturaciones a nombre de personas fallecidas"; lo que implicaría un hecho fraudulento a investigar y sancionar. "Sin embargo, es imprescindible aclarar que para que una persona reciba una prestación, organismos como PAMI, Incluir Salud, las obras sociales o las prepagas deben autorizar previamente la atención, y que las facturaciones se realizan mensualmente, por lo que estos mismos organismos deberían conocer si una persona se encuentra viva o fallecida", completan.
"De existir facturaciones sostenidas en el tiempo a nombre de personas fallecidas, debería suponerse la participación y responsabilidad de múltiples actores, y no utilizar el tema para instalar sospechas generalizadas. Entendemos que el objetivo de esta comunicación es sembrar dudas en la población, sin aportar pruebas ni explicaciones claras", analizan.
Por todo lo expuesto, exigen a la ANDIS que acompañe la información difundida oficialmente con datos concretos sobre el supuesto perjuicio económico generado, ya que "la sola difusión de esta noticia expone fallas graves en los mecanismos estatales de registro y comunicación de fallecimientos".
Y demandan también que los funcionarios responsables brinden las aclaraciones necesarias que resguarden la buena reputación de las personas con discapacidad y de los prestadores, evitando estigmatizaciones y sospechas infundadas.
