Despedidos del Estado: la lucha de los técnicos por la agricultura familiar

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Entre 2015 y 2019 un tercio del total de los trabajadores del Estado en los distintos organismos a lo largo del país fueron borrados de un plumazo de sus puestos. La mayoría se enteró de un momento a otro sin aviso previo. La postal del “desguace macrista” continúa muy presente todavía: los despedidos de Fadea en Córdoba; los trabajadores de Fabricaciones Militares, en Río Tercero y Villa María; los de la Anac, Senasa, la Anses,  Afsca, el Inti, la Superintendencia de Salud y, entre otros, hasta los Médicos Comunitarios. 

Mucha de esa gente que, según un relevamiento nacional de los propios laburantes y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), suman más de 35.000 a lo largo del país, tenían casi 20 años de antigüedad, basta experiencia y en su capacitación, incluso, invirtió el Estado. En Córdoba, la cifra de despedidos en la era del Pro ronda los 700 trabajadores. 

Las negociaciones para que se reincorpore a los despedidos, -aprovechando la vulnerabilidad de los contratos que tenían-, empezaron en diciembre con funcionarios del Gabinete de Alberto Fernández. Desde ATE se pidió una amnistía, una reparación histórica como se hizo posterior a la dictadura, donde cesanteados y perseguidos fueron reincorporados a través de una comisión de conformación gremial. Hasta el momento, salvo las reincorporaciones del Inti, el resto quedó en promesas.

En ese achicamiento, en los últimos cuatro años hubo prácticamente un desmantelamiento en la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) -degradada a Subsecretaría (SsAF)-, donde los despidos arrasaron con el 85% de los técnicos cuya laborar era asesorar a más de 10.000 pequeños productores a lo largo de la provincia. Campesinos que, en tiempos de glifosato y monocultivo, sostienen la producción agroecológica de los alimentos en Córdoba. 

En esa cadena que lleva los alimentos de la agricultura familiar a nuestra mesa -producción y comercialización- es troncal el trabajo territorial que hicieron y continúan haciendo muchos de los despedidos de la SsAF.

Organizarse en el territorio

“Creo que hoy más que nunca con esta situación de emergencia mundial por la pandemia, donde la economía terminará siendo de posguerra, va a haber mucho hambre y desocupación, y ya lo estamos viendo acá porque los sectores populares están sufriendo más que cualquier otro”, dice Mauro Lassa, ingeniero agrónomo, que al momento de ser despedido de la SsAF llevaba 17 años trabajando como técnico. Ahora da clases en una escuela secundaria y continúa sosteniendo junto a otros compañeros también despedidos, la Mesa de Soberanía Alimentaria (MSA) del Corredor Córdoba Ruta 5, una red nacida en 2014 que promueve el acceso a alimentos sanos y de calidad. Para Lassa, la agroecología es militancia y el comercio justo de alimentos, un derecho: “Creo que la agricultura familiar es la única salida que tenemos como pueblo soberano”, dice.

El Corredor Ruta 5, fue ideado durante el conflicto por las retenciones con el campo -el de los estancieros-, cuando los sojeros bloquearon las rutas del país para frenar el proyecto de ley 125. Sin embargo, recién varios años después, los trabajadores pudieron aceitar de manera sistemática las compras comunitarias de productos a través de vínculos directos con los pequeños productores, cooperativas, asociaciones civiles, centros vecinales, movimientos sociales, y distintas organizaciones situadas en las localidades serranas atravesadas por la ruta 5. En toda la provincia, actualmente existen otros ocho corredores con dinámicas similares, que permanecen activos pese a los embates.

“Esto empezó concretamente en el 2014 y cuando entró Macri, pese a todo lo continuamos. La misma situación hizo que la organización creciera, hoy en día estamos desde Villa Rumipal hasta Alta Gracia. Antes incluíamos a Córdoba pero ahora es un nodo aparte”, dice Lassa y cuenta que la organización se generó porque había una política pública. “En esto seguí después del despido porque sino me quebraba del todo. Tenía con quién sostenerme”, cuenta el técnico y agrega que en medio de todo el desastre, con la ayuda de muchas personas, logró terminar de cursar una maestría sobre desarrollo territorial, a la que solo le queda la tesis.   

Derechos del campesinado 

“A mí en particular, me quedaron cosas pendientes que no quise dejarlas porque sentía responsabilidad y era parte de un proceso”, dice Belén Agnelli que sigue trabajando junto a mujeres queseras y dulceras del departamento de Cruz del Eje, una de las regiones que más campesinos concentra en la provincia. Antes de quedarse sin trabajo en la SsAF, Agnelli era técnica de red, organizaba y escribía proyectos que acompañaran a la producción caprina. 

"Hacía un poco de todo en el sentido de lo productivo y técnico, en acompañar la comercialización, la organización, la compra de insumos, de alimentos para la producción, escribía proyectos, los gestionaba”, cuenta la ingieniera agrónoma y agrega que las tareas se relacionaban con los procesos que transitan los pequeños productores para poder comercializar lo que saben hacer. “No quise dejarlo, era importante continuar acompañando. Fue lo que sostuvimos un poco a pulmón, con militancia, con lo que uno va pudiendo”, dice. 

 “Somos conscientes que es acá donde se produce el alimento y podemos garantizar alimentos sanos. Es muy difícil que el campesinado pueda llegar a tener asistencia técnica, poder gestionar proyectos, si el Estado no atiende esa necesidad. Entonces, es un derecho que los campesinos tienen y el Estado debe atender”, dice Agnelli y puntualiza que la Secretaría de Agricultura Familiar “era uno de los medios para llegar a todo eso, por lo menos al territorio” . El dato no es menor, porque el resto de las instituciones del Estado, como el INTA, el INTI, no tienen presencia en el territorio como la tenía originalmente la SAF. “Eso hace la diferencia. La mayoría de los técnicos y técnicas vivíamos en zonas rurales, cerca de la producción campesina”. 

En esa misma línea, Raquel Villares que trabajaba como técnica social de territorio cuenta: “El tipo de trabajo que nosotros hacemos, al ser de terreno, genera unos vínculos que son difíciles de cortar. No es como en otros trabajos, acá nosotros una vez despedidos, no podíamos obviar el vínculo con la gente, no pudimos descartar eso”. 

 Villares es del grupo de los primeros despedidos tras asumir Macri en el gobierno, luego fue reincorporada, y posteriormente otra vez dejada en la calle: “Soy doblemente despedida”, dice y agrega: “Evidentemente no les interesó el sector pobre de la agricultura, ni el trabajo que estábamos haciendo. El vínculo es fuerte, no es algo que podes dejar de un día para el otro, diciéndole al pequeño productor ‘bueno, arreglatelas porque me despedieron’ hay gente que tenía muchísimos años de vinculación con los campesinos”.  

Soberanía alimientaria y política

“Seguí trabajando en el territorio porque teníamos compromisos de laburo con productores, entonces seguimos con el equipo de investigación de agroecología. Y había proyectos que ya estaban aprobados, financiados, tenían los materiales comprados y estaban sin ejecutar, así que los ejecutamos. Más que todo por los productores, ahí ninguno de los que seguimos veíamos plata pero era una gran pérdida no seguir esos proyectos”, dice Alejo Scifo quien concentraba su trabajo en el Cinturón Verde de Córdoba pero al ser único sostén de familia, tuvo que arreglárselas para retomar antiguos trabajos como motributista y destinar su tiempo libre para ayudar con los proyectos que tenía cuando estaba en la Subsecretaría.

“Hoy el 80% de lo que tenemos en la mesa para comer, sale de las grandes superficies comerciales. Hoy si ellos quieren aumentar los productos, como lo venimos viendo sobre todo estas semanas, aumentan sin ningún problema”, explica el técnico y agrega: “Entonces, un pueblo que no tiene soberanía de sus alimentos tampoco tiene soberanía política, y ésta pasa a ser una ilusión. Por lo tanto, la soberanía alimentaria pasa por que los pueblos coman o se alimenten como culturalmente creen que se tienen que alimentar y que el alimento no sea una mercancía”.

Es por ello que para Scifo, como muchos de los técnicos que ayudan a sostener la agricultura familiar, la conducción de este Gobierno debería tomar una decisión sobre “si va a dejar el status quo como está o si va a avanzar en contra de la tendencia, cada vez más creciente, en la concentración de la comercialización de los alimentos”, algo que frente a las economías de los países crujiendo en este 2020, no resulta menor tener en cuenta con miras hacia adelante.

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