Unos 35.000 trabajadores del Estado nacional fueron dejados en la calle en los últimos cuatro años. En Córdoba, en ocho organismos hubo más de 300 afectados. Solicitan una amnistía, tal como se hizo tras la dictadura.
Ed Impresa20/12/2019
Miriam Campos
“Tengo 57 años y todas las condiciones psíquicas, físicas y psiquiátricas para trabajar, pero yo la tengo re clara: para el sistema estoy descartado. Y no porque no sepa hacer nada, tengo la capacidad, la fortaleza y la voluntad de trabajar pero quién me va a contratar”, dice Héctor Juárez, despedido de Fabricaciones Militares de Río Tercero el 17 de agosto de 2018. Héctor recuerda todo de ese día: “No nos dijeron nada, absolutamente nada. Solo trajeron una hoja y la leyeron como quien lee la lista del supermercado, sin nada que les doliera, los conmoviera. Nos echaron como a esos perros que están en la puerta de la casa molestando. Estuve más de 13 años trabajando y a mí me dijeron ‘Chau Héctor Juárez, te tenés que ir’, así, de un momento a otro. Fue un día negro”.
La historia de Héctor es parte de la ‘figurita repetida’ en ocho organismos de Córdoba dependientes del Estado nacional, que dejaron alrededor de 300 despidos a lo largo de la provincia durante el gobierno de Mauricio Macri. De esas cesantías, unas 200 fueron en Fabricaciones Militares de Villa María y Río tercero.
Si uno amplía el espectro a nivel nacional, en distintas dependencias estatales, hubo un total de 35.000 personas que se quedaron en la calle, todos agentes capacitados en distintas áreas que aportaban al funcionamiento del Estado. Constituían más de un tercio de trabajadores que materializaban en el territorio la expresión “Estado presente”.
En ese marco, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) conformó la Comisión de Relevamientos y Reincorporación de los Trabajadores Estatales despedidos en la era Macri (CORREDMA) que tiene por objetivo “recuperar el aparato productivo del desguace”, indica a La Nueva Mañana Federico Giuliani, secretario General de ATE. Esta iniciativa es muy similar a la Comisión de Prescindibles, que con la vuelta de la democracia tras la dictadura, gestionó la reincorporación de los trabajadores despedidos durante el gobierno de facto.
“Hay Estados y programas pero para ejecutarlos hacen faltan trabajadores, así que en ese marco le pedimos a Alberto Fernández una amnistía, una reparación histórica como se hizo posterior a la dictadura donde los cesanteados y perseguidos fueron reincorporados por Raúl Alfonsín por medio una comisión de conformación gremial”, explica Giuliani y agrega que ya avanzaron con el diálogo con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pero falta la ejecución de una política de reincorporación por parte del nuevo gobierno.
“Entre los miles de despedidos y esta manera masiva e intempestiva de hacerlo, dejaron afuera a trabajadoras embarazadas, trabajadores con cáncer, algunos con 20 años de experiencia, que habían concursado para pasar a planta. En estos últimos cuatro años muchas personas se deprimieron, se enfermaron, algunos hasta pensaron en quitarse la vida, muchas familias vivieron la incertidumbre que trae la desocupación”, describe el secretario gremial.
La Subsecretaría de Agricultura Familiar de Córdoba (SsAF), en poco tiempo fue diezmada, los despidos arrasaron con el 85% de los técnicos que asesoraba a más de 10.000 pequeños productores de la provincia. A la cabeza del organismo -y quien armó las listas de despidos en dos tandas- estuvo Juan Pablo Vecchi, uno de los beneficiados con el pase a planta permanente sin concurso, por el DNU sacado a último momento antes de que finalizara el gobierno de Cambiemos. Hoy, el reclamo gremial, es que también se revisen todas estas irregularidades. En 2019 en la SsAF de la provincia sólo quedan 14 trabajadores.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en 2015 a nivel país tenía 500 trabajadores, en 2019 quedaron 340. Y en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), hubo tres despidos y a su vez, en el Área de Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual (AFSCA) que tenía 24 trabajadores en la provincia, distribuidos en dos ciudades, quedaron 13 en Córdoba Capital y en Villa María no quedó nadie.
En la Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores, que tiene a su cargo la prevención de enfermedades sobre todo en zonas rurales, fue degradada de categoría y de los 276 agentes en 2015, el 40% fue echado. Por su parte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de Córdoba, en 2015 tenía 755 trabajadores y las cifras oficiales reflejan que hubo sólo cinco despidos -con una reincorporación-, pero bajo el manto hubo jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y en 2019 hay casi 140 empleados menos.
En el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en Córdoba se redujo un 10% el personal entre los que hubo despidos y jubilaciones que dejaron vacantes que nunca se repusieron. El organismo encargado de la sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos, tuvo un recorte presupuestario que impedía la realización efectiva del trabajo de los técnicos. De las 15 regionales que existían dada la extensión del territorio provincial, el anterior gobierno solo dejó en pie a cinco.
“Tenía a mi nena de dos años y mi señora embarazada de ocho meses cuando me despidieron. Fue en junio del año pasado pero mediante una cautelar por ser delegado me reincorporaron dos meses después”, cuenta Matías Giuliani y agrega que junto a otro compañero también reincorporado, fueron trasladados arbitrariamente a la Oficina de General Deheza, a unos 70 km de Río Cuarto donde habitan, por lo que cada día, con la quita incluso del vehículo oficial tienen que recorrer un total de 150 km en colectivo o transporte particular para cumplir con sus tareas, sin viáticos, sin combustible, sin la generación de horas extras.
“Hubo persecución política hacia mi persona y mi compañero y hemos resistido hasta la llegada de este gobierno a la espera de retornar a nuestra oficina y nuestras funciones anteriores como corresponde”, relata el trabajador.
“El trabajo te organiza la vida. Uno trabaja ocho horas y en base a eso se va acomodando todo lo que uno hace en la cotidianeidad pero a veces, de un día para el otro te encontrás con que fuiste despedido y ahí nomás, entre tanta amargura, tenés que pensar qué vas a hacer al día siguiente, cómo vas a seguir porque ni siquiera te indemnizaron. Esa situación es como quedarse, literalmente, sin nada”, dice Juan Fernández, que tiene 31 años, es sociólogo y trabajaba en recursos humanos en Fabricaciones Militares en Villa María. Fue parte de la tanda de trabajadores que a pocos días de la navidad se quedaron sin nada en 2017.
En la década del ‘70 Fabricaciones Militares supo tener más de 3.500 empleados, en los años ‘90 sobrevivió a los recortes y las políticas de achicamiento del Estado y logró un repunte nuevamente en este siglo. Pese a la precariedad de los contratos en 2015 tenía 1.100 empleados y ahora, en 2019 sólo quedan 680 trabajadores. Ahora funciona a bajo nivel y hasta se desmanteló el área de Seguridad, justamente un lugar que trabaja con materiales como pólvora y explosivos.
“Al momento que me despidieron, me llegó un correo al celular con un mensaje del Banco Nación donde me notificaban que había salido sorteado para el Plan Procrear”, dice Juan e ironiza: “Por un lado tenía a un Estado sacándome el trabajo y por el otro, a uno que me premiaba con ese proyecto, algo que nunca pude concretar”.
Para Juan la posibilidad de volver a otro tipo de modelo económico, mientras se trata de ver cómo se logra, abrió “la luz de esperanza”. “La idea no es lograr la reincorporación porque sí, sino que exigimos que la fábrica esté activa, porque un lugar al vicio no le sirve a nadie. Tiene que estar funcionando, en caso nuestro, este espacio da trabajo, produce un bien, y es estratégica, es de defensa y ahí el papel de reactivarla. Eso es para nosotros volver a trabajar”. Eso es volver a organizar la vida.
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