Estafa piramidal: la Justicia condenó en Córdoba a ocho integrantes de una "criptosecta"

Los implicados contactaban a jóvenes con dificultades económicas y los convencían de que podían ganar dólares si pagaban una suscripción a la compañía IM Mastery Academy. Es la primera sentencia contra la empresa estadounidense.

Córdoba21/05/2025Redacción La Nueva MañanaRedacción La Nueva Mañana
Tribunales federales cordoba
Es la primera condena contra la megaempresa que es investigada por otros delitos en Argentina. Foto: gentileza.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de Córdoba condenó a ocho integrantes de una "criptosecta" con alcance internacional, por asociación ilícita y estafas reiteradas. Durante el juicio, los implicados aceptaron su responsabilidad y aceptaron brindarle una reparación a las víctimas. En total, 29 personas fueron captadas para una supuesta inversión, a través del pago de una suscripción con la promesa de una recompensa económica pero, solo los líderes gozaban de los beneficios obtenidos. 

La jueza María Noel Costa adviritó que el funcionamiento "exige el reclutamiento permanente de nuevos participantes, quienes a su vez deben atraer a más individuos, configurando así una estructura de tipo piramidal, en la que únicamente aquellos ubicados en los niveles superiores logran obtener réditos, en desmedro de la mayoría de los integrantes". 

"Esto es una secta para volverse millonarios”, dijo uno de los denunciantes sobre la compañía IM Mastery Academy, cuya sede central se encuentra en Estados Unidos pero que opera en distintos países del mundo. Es la primera condena contra la megaempresa que es investigada por otros delitos en Argentina. 

Según el fallo, Renato Lucciano Rivarola Oblitas (37), Brian Tomás Manrique (27), su hermano Lautaro Julián Manrique (24), Andrea Estefanía Bautista Bedoya (31), Gustavo Miguel Zamora (28) y Haidar Tawil Abou (25) formaban parte de "L360/IM", un desprendimiento de la empresa IM Mastery Academy. 

La investigación indica que desde 2018 hasta junio de 2022 los acusados se dedicaron a captar y a acoger a por lo menos 29 víctimas con el objetivo de estafarlos. Según se pudo establecer, contactaban por redes sociales a jóvenes que atravesaban dificultades económicas y les aseguraban que podían ganar dólares fácilmente si pagaban una suscripción de u$s185.

Después de "asociarse", les decían que debían conseguir a otras personas que paguen la suscripción. El expediente señala que muchos de los implicados vivían en varios departamentos que tenía la organización en Córdoba.

"Todas las víctimas identificadas en estas actuaciones cuentan con un mismo perfil: rango etario entre 17 a 31 años, realizado sus primeros pasos laborales, con necesidades económicas, expectativas de crecimiento y/o ambiciones de éxitos y trascendencia", dijo la jueza tras la sentencia. Y agregó que "en su mayoríaeran jóvenes que fácilmente manipulables, por su contexto de vida, su situación particular, su ambición o educación, circunstancias que los colocó en una posición apta para obtener de ellos lo que necesitaban, es decir, un desprendimiento patrimonial". 

Las condenas

Rivarola Oblitas, los hermanos Manrique, Bautista Bedoya, Zamora y Tawil Abou fueron condenados a 3 años de prisión por los delitos de asociación Ilícita en calidad de miembros y estafas reiteradas, mientras que a otras dos imputadas, María Victoria Gómez (26) y Pamela Angélica González (27), se les fijó una pena de 1 año por las estafas sufridas por las víctimas.

Además les ordenaron que se abstengan de realizar actividades dentro del país relacionadas con la causa. También se ordenó el decomiso de los bienes secuestrados, que incluyen siete celulares, seis notebooks y los activos depositados en una plataforma dedicada a la compra y venta de criptomonedas y que estaban a nombre de dos de los acusados, por considerar que se trataban de ganancias obtenidas del delito.

También, el tribunal ordenó una reparación para las personas damnificadas, que consiste en restituirles la suscripción que abonaron -tanto ellos como sus familiares-, los gastos de traslado y alojamiento y darles un salario mínimo vital y móvil (SMVM) por el tiempo en el que estuvieron dentro de los departamentos. 

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