Falso médico: rechazan oposición y ratifican la elevación a juicio
Meses atrás, el imputado Ignacio Martín reconoció haber ejercido ilegalmente la medicina, aunque dijo que "tendría que haber funcionarios públicos imputados".
Meses atrás, el imputado Ignacio Martín reconoció haber ejercido ilegalmente la medicina, aunque dijo que "tendría que haber funcionarios públicos imputados".
El fiscal Miralles desestimó la denuncia que apuntaba a definir si hubo connivencia de funcionarios políticos en el caso de Ignacio Martín.
Está prevista para las 15, la indagatoria a Ignacio Nicolás Martín por parte del fiscal Pablo Jávega. El municipio de Río Cuarto confirmó que participará como querellante.
El miércoles será presentada por el abogado de una mujer de 82 años que falleció en octubre y a quien Ignacio Martín habría atendido minutos antes de su muerte.
La presentación judicial de un paciente que falleció después de ser atendido por Ignacio Nicolás Martín será unificada con la causa que ya tramita el fiscal Miralles.
En las últimas horas del viernes se constituyó una demanda contra Ignacio Nicolás Martín por la "atención" que habría prestado en un domicilio de Río Cuarto.
Lo imputó de falsificación y uso de documento público, ejercicio ilegal del arte de curar y de una profesión. Desde barrio Zumarán en Córdoba, será trasladado a Río Cuarto.
“No me interesa hacerle un juicio. Pero lo quiero denunciar por una cuestión legal, porque no se qué fue lo que hizo con mi matrícula”, expresó la doctora Alyssa Goncalves.
Así lo adelantó este lunes, el intendente de esa ciudad, Juan Manuel Llamosas, durante su discurso de apertura de sesiones legislativas en el Concejo Deliberante riocuartense.
El titular de la cartera sanitaria provincial se despegó del escándalo por el voluntario del COE de Río Cuarto señalado por adulterar documentación, y remarcó que el Ministerio lo denunció.
Desde el organismo denunciaron que "no se hizo ninguna auditoría" y que el Gobierno "mintió" sobre no despedir a trabajadores cuyas tareas son necesarias para garantizar el funcionamiento. Con estas medidas, que ahora afectan a la planta administrativa, "Conicet va camino al cierre", alertaron los trabajadores.
El abogado Gianfranco Davicini, que representa a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), precisó que las personas suspendidas percibirán un 75% de su salario y explicó que esta medida se enmarca en un plan de retiros y jubilaciones anticipadas.
El abogado Luis Alberto Díaz presentó ante la Justicia Federal una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU 70/2023 para impedir su aplicación total o parcial.
Los denunciados "podrían haber incurrido en forma reiterada y sistemática en una justificación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una directa o indirecta reivindicación del terrorismo de Estado y una apología de los criminales condenados por esos delitos".
Además le impusieron una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación especial de dos años y seis meses como así también una multa equivalente al 50% de la cantidad de dinero desviada.