Distintas asociaciones de científicos hicieron una presentación ante el Consejo de la Magistratura contra Javier Pico Terrero, el juez que ordenó el tratamiento en el Sanatorio Otamendi.
El ministro de Salud porteño reiteró que el organismo nacional es quien recomienda utilizar determinado producto "en base a la evidencia científica".
Tras una allanamiento en su consultorio, el médico quedó imputado en una causa penal que se tramita en el fuero federal porteño tras la denuncia del Ministerio de Salud.
El juez federal Javier Pico Terrero fue denunciado penalmente tras haber aceptado la medida cautelar que ordenó al Sanatorio Otamendi a tratar con ese compuesto a un paciente en estado crítico.
El abogado del paciente que murió tras recibir dióxido de cloro anunció que demandarán al centro asistencial por los presuntos delitos de homicidio culposo y desobediencia.
Se trata del hombre de 92 años que estaba en grave estado y al que un juez federal había autorizado que se le dé dióxido de cloro falleció en la noche del lunes en el Sanatorio Otamendi.
La Justicia Federal falló a favor de una medida cautelar. El sanatorio porteño apeló el fallo. La Sociedad Argentina de Infectología y la Anmat habían alertado sobre su peligrosidad.
Se trata del producto 'Solución de Dióxido de Cloro (ClO2) 3000 ppm Los Ángeles CDS', que se ofrecía por Facebook y la Anmat lo clasificó como un insumo "ilegal".
La Junta Médica que analizó los resultados de la autopsia y estudios complementarios ordenados por el Ministerio Público Fiscal informó que la criatura falleció tras tomar el líquido.
Rechazó las acciones tendientes a promover las falsas ventajas producidas por el suministro del producto. Afuera protestaron los jardines maternales. Adentro, discutieron por los incendios.
Se llevó a cabo una reunión virtual de la Comisión de Salud Humana, donde se trató una resolución del cuerpo junto a la doctora Nilda Gait, jefa de Salud Ambiental provincial.
El organismo pidió a la producción del programa de Viviana Canosa que se habiliten las medidas reparatorias necesarias para restaurar la plena vigencia de los derechos vulnerados.
