Tras a analizar más de una veintena de denuncias respecto a la ingesta, en vivo, de dióxido de cloro por la periodista Viviana Canosa, la Defensoría del Público convocó a la producción del programa que se emite por Canal 9 "a dialogar sobre la vulneración de derechos de las audiencias, en particular el derecho a una información veraz y precisa para la protección de la salud”.
En ese marco, se le adelantó la solicitud para que el programa "difunda información con validez científica a cargo de especialistas en la materia".
Según señala el organismo, Canosa obvió las recomendaciones hechas por la Organización mundial de la Salud y el Anmat, que había advertido que el dióxido de cloro "no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso.”
Tras los acontecimientos producidos en la emisión del día 6 de agosto, la Defensoría del Público recibió más de dos decenas de denuncias señalando que el accionar de la conductora violó el artículo 70 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que considera que el derecho humano a la comunicación se encuentra íntimamente ligado a la protección de la salud de las personas. También incumplió el artículo 71, que exige a quienes producen o emiten contenidos "velar por el cumplimiento de las leyes, específicamente la Ley 25.926 sobre pautas para la difusión de temas vinculados con la salud".
El organismo en cuestión informó que "después de un análisis interdisciplinario, el informe técnico de la Defensoría señala que la conductora promocionó una sustancia que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 'reacciona rápidamente en los tejidos, en esófago y estómago y puede producir intoxicaciones severas', y advierte también sobre el riesgo del dióxido de cloro. Su consumo puede traer como consecuencia trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales”.
