"Los riesgos procesales no han menguado con el transcurrir de la investigación", señala el Juez de Dolores en su fallo. Dice que "una morigeración" de la preventiva "no resulta viable".
En declaraciones radiales, a casi un año de su detención, el operador judicial le pidió también al juez Alejo Ramos Padilla que le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria.
El fiscal de la causa deberá decidir si acepta o no su pedido, y de hacerlo, la resolución deberá ser convalidada por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
El observatorio internacional Human Rights Watch emitió un comunicado exhortando al Gobierno nacional a que retire la solicitud de investigar al magistrado.
El representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura pidió que se lo investigue por "excesos" en su exposición ante la Comisión de Libertad de Expresión.
El fiscal federal deberá presentarse en el Juzgado de Dolores por la acusación de presunta extorsión que pesa sobre él y el falso abogado detenido Marcelo D’Alessio.
El juez federal de Dolores dictó además la prisión preventiva acusándolo de asociación ilícita por extorsión tras la denuncia que realizó el empresario Pedro Echebest.
La actividad se enmarcó en una jornada federal de reclamos. En medio de un "colapso del sistema de prestaciones", solicitan extender la Ley hasta fines de 2027.
Los representantes legales de las familias perjudicadas marcaron fuertes diferencias con la posición de la fiscal Gallaratto y solicitaron un cambio de carátula. Ahora, el juez Santiago Camogli debe decidir.
Destaca el organismo que las recomendaciones internacionales en este sentido apuntan a “garantizar la certeza de los actores políticos y de las autoridades de aplicación”.
La medida de fuerza fue impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea a las diversas representaciones gremiales de la educación superior.