El Gobierno puso en marcha un ajuste para reducir el déficit, exigencia del principal prestamista de la Argentina. Desde el Estado piensan hacerlo achicando las erogaciones.
Economía 07/08/2018 Facundo Piai
Un estudio realizado por la Universidad Nacional San Martín relativiza el impacto que la reducción de las retenciones a la soja tiene en la recaudación del fisco. El mismo defiende la reducción del derecho de exportación de la oleaginosa de 0,5% por mes, frente a discusiones internas dentro de Cambiemos que pretenden, dado al desacople económico, congelar la reducción prometida o, directamente, aumentar las retenciones para evitar desequilibrios en las cuentas fiscales en un contexto recesivo.
La investigación publicada por el diario La Nación concluye que la reducción del derecho a la exportación de la soja haría perder al fisco de manera directa 13 mil millones de pesos pero esa pérdida se amortizaría, en parte, vía otros impuestos como el IVA o Ganancias.
De modo tal que, contemplando la recaudación indirecta, el fisco perdería unos $7.000 millones, “lo cual demuestra un bajo impacto para el Estado disminuir los derechos de exportación a este cultivo”, sostienen.
“La disminución de las retenciones produce un incremento en el precio interno de la soja, que permite obtener una mayor recaudación por medio de impuestos como el IVA, Débitos y Créditos Bancarios, Ingresos Brutos y Ganancias; este último por el 35% del mencionado ingreso adicional”, precisa el trabajo.
Esto quiere decir que para justificar la quita del impuesto a la renta agropecuaria ven como positivo la inflación que la mencionada reducción ocasiona. Por otro lado, tampoco contemplan el impacto en la recaudación fiscal de la quita total de las retenciones a la exportación de trigo, maíz, sorgo, carne, entre otros productos agropecuarios, posibilitado por la aplicación del Decreto 133/2015 del Ministerio de Agroindustria.
En el mes de julio del 2015, los ingresos fiscales producto de las exportaciones representaron $10.756 millones, mientras que en mismo mes del año 2016 fue de $7.634 millones y el año pasado representó un ingreso de 7.892 millones de pesos.
Si atendemos a lo que decían los dirigentes del Gobierno ni bien anunciaban la medida en diciembre del 2015, vemos que sus pronósticos no se cumplieron ni se cumplirían. Dado que Ricardo Bruyaile, quien en ese entonces era ministro de Agroindustria, afirmaba que la quita de la presión impositiva a la renta agropecuaria no perjudicaría a la recaudación estatal, todo lo contrario, ya que “se va a compensar con más impuestos a las Ganancias, a los Sellos, a los Ingresos Brutos, a los débitos y créditos bancarios y con más producción y generación de empleo”.
Sin embargo, el informe al que hacemos mención es menos auspicioso que la proyección que trazaba el ex ministro, ya que el estudio sostiene que el Estado terminará perdiendo recursos.
Si contemplamos cuál fue el comportamiento de Ganancias en los años posteriores a la quita de las retenciones, vemos que en el año 2016 hubo un incremento en ese concepto (en comparación con el año 2015) en torno a los 11 puntos, mientras que la inflación en ese año estuvo por arriba del 30% en todas las estimaciones privadas y oficiales.
Del mismo modo, si analizamos la recaudación de Ganancias del año 2017, sin incluir los ingresos extraordinarios producto del blanqueo de la evasión fiscal, vemos que se incrementó un 22%, mientras que la inflación que Indec marcó para el año analizado fue de 24,8%.
La reducción del derecho a la exportación de la soja haría perder al fisco de manera directa $ 13 mil millones pero esa pérdida se amortizaría, en parte, vía otros impuestos como el IVA o Ganancias. De modo tal que, contemplando la recaudación indirecta, el fisco perdería unos $7.000 millones.
Del mismo modo, información reciente publicada por AFIP da cuenta de que los ingresos fiscales aumentaron 23,8% en lo que va del año, en un lapso en que la inflación fue de treinta puntos porcentuales, si analizamos el comportamiento de los precios del período en cuestión (julio 2017 hasta mismo mes del corriente año). En efecto, la recaudación cayó unos seis puntos en términos reales.
Según algunos analistas, la caída de la recaudación obedece a una disminución de los ingresos por derechos de exportación (retenciones) debido a factores climáticos adversos. “Por culpa de la sequía, la cosecha entregó varios miles de millones de dólares menos”, aducen desde el Gobierno.
Sin embargo, más allá de la variable climática, la evidencia empírica dice que desde que la Alianza Cambiemos sacó las retenciones y se propuso reducir paulatinamente la de la soja hasta quitarla definitivamente, los ingresos por esta vía se redujeron y no se recuperaron.
En el mes de julio del 2015, los ingresos fiscales producto de las exportaciones representaron $10.756 millones, mientras que en mismo mes del año 2016 fue de $7.634 millones y el año pasado representó un ingreso de 7.892 millones de pesos. Inclusive en estos años no presenciamos un crecimiento real significativo de la recaudación fiscal.
Recién el año pasado, la AFIP concluyó con un aumento de recursos algunos puntos por encima de la inflación luego de un año recesivo como fue el 2016, donde la economía había retrocedido 2,3%.
Es decir, el desplome de la recaudación al que asistimos no se explica solamente por una mala performance del campo, ya que en la campaña 2016-2017 “tuvimos una cosecha récord”, según sostuvo el presidente Mauricio Macri en su segundo discurso inaugural ante el Congreso, y una recaudación real muy por debajo de la obtenida en promedio en la última década, cuando la renta diferencial del agro debía tributar retenciones.
El déficit fiscal aumentaría, no por un incremento del gasto del Estado, sino por un desplome de la recaudación como efecto del deterioro económico general.
Ahora se abre un acertijo respecto a qué ocurrirá en los próximos meses en materia de recaudación impositiva puesto que se avizora un parate de la actividad. Desde el Gobierno reconocen que atravesaremos meses recesivos, “una tormenta”, según advirtió el Presidente en su visita a Córdoba.
Respecto a “la tormenta”, no se conoce la profundidad de la recesión, ni tampoco se sabe cuánto afectará esto a una recaudación que ya arrastra complicaciones.
Con la información disponible, si tenemos en cuenta que los tributos vinculados al consumo tuvieron un buen desempeño relativo y que el IVA aumentó un 42,4% en relación interanual, de acuerdo a la información publicada recientemente por AFIP, podemos intuir que si la recesión de los meses próximos repercute en la dinámica del consumo, lo cual es probable que así sea, caerá la recaudación, inevitablemente.
En consecuencia, el déficit fiscal aumentaría, no por un incremento del gasto del Estado, sino por un desplome de la recaudación como efecto del deterioro económico general.
De darse este escenario, el Gobierno deberá ajustar más de lo previsto para cumplir con las exigencias del FMI. Sin embargo, atravesar una crisis con el ajuste fiscal como única estrategia, sin un modelo de desarrollo que contemple la producción de riquezas, puede ser un remedio peor que la enfermedad. Puesto que la economía argentina está erigida sobre su mercado interno; de acuerdo a información de Indec del año 2016, el consumo representa alrededor del 70% del PBI; mientras que para la consultora Ecolatina sería superior al 80%.
De modo tal que los ajustes del Estado que dificultan la dinámica del mercado interno tienen efectos negativos en la expansión del consumo, afectando el nivel de actividad y la recaudación, puesto que tenemos un sistema impositivo que grava fuertemente la actividad (mediante IVA e ingresos brutos) y una estructura económica mercadointernista.
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