Redacción La Nueva Mañana
En las vísperas de una nueva movilización por los jubilados, que se desarrollará este miércoles y que promete ser mayor a la anterior, en respuesta a la brutal represión del Gobierno; por instrucción de Patricia Bullrich, el abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, presentó una denuncia penal contra la jueza porteña Karina Andrade por los delitos de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”, en relación a su orden de liberación de 114 personas que habían sido detenidas durante la manifestación de jubilados, desarrollada en inmediaciones del Congreso.
La titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires defendió su decisión, afirmando que estas personas fueron detenidas sin que existiesen correspondientes pedidos de captura ni que se informase oportunamente el delito que se les adjudicaba.
En lo que puede leerse como una movida política para intentar despegarse de la responsabilidad en la brutal represión y un intento de desalentar la participación en la movilización de este miércoles, en el Poder Ejecutivo aseguran que Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos “sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes”.
Según el escrito al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, en la administración libertaria afirman que la magistrada “intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios”.
Andrade aclaró oportunamente que su intervención de ninguna manera inhabilita la continuidad de ningún proceso judicial contra cualquiera de estas 114 personas, pero sí se enmarca en el respeto al "derecho a la protesta".
Otro de los puntos que se le critica desde el Gobierno a la jueza es la presunta decisión de dictar la resolución a través de un chat de WhatsApp, ya que consideran que eso impidió que se establezca un registro oficial de la decisión y de dar intervención formal a la Fiscalía.
“La resolución de la jueza Karina Andrade, que rápidamente dispuso la libertad de casi todos los detenidos, consistió en un grave incumplimiento a las normas penales en vigencia. Encima todo ello sin dejar registro oficial, sin la intervención de los representantes de las partes ni a las Personas Víctimas de los hechos cometidos, siendo que existen Leyes Locales y Nacionales que expresamente regulan los derechos de las víctimas”, cuestionaron desde el Ministerio de Seguridad.
En la misma línea, expresaron: “Lo resuelto por la Juez Andrade carece de fundamentos en los hechos y el derecho aplicable, pues omitiendo la aplicación de las normas antes mencionadas, sin declarar su inconstitucionalidad, resolvió en base a meros argumentos aplicados en abstracto y, lo que es más grave, sin siquiera haber visto las actuaciones, como surge del punto final donde dispone pedirlas a la fiscalía”.
Según el Gobierno, la decisión de Andrade estuvo basada en "pura ideología".
“La gravedad de los hechos que motivaron la intervención judicial, que fueron puestos de manifiesto por todos los medios de información y necesariamente debió haber sido mencionado en las comunicaciones que reconoció haber recibido, no pueden a priori enmarcarse en un regular y legítimo derecho a manifestar”, criticaron.
Por último, puntualizaron que “tirar piedras, quemar patrulleros, incendiar recipientes de basura y destruir bienes públicos no son formas legitimas de reclamar”, sino que son constitutivas de delito.
Cabe mencionar en este sentido que diversos registros audiovisuales dan cuenta de detenciones "al voleo" de personas que estaban lejos de las mencionadas acciones violentas. Paralelamente, en las últimas horas se han conocido videos que muestran a presunto personal de fuerzas de seguridad en situaciones que podrían sospecharse como de infiltración y provocación.
La presentación contra Andrade es la segunda denuncia que presenta el Gobierno, tras la marcha de los jubilados; luego de que el pasado viernes señalara como posibles responsables de los episodios de violencia (por invitar en redes sociales a la manifestación) al ex líder montonero Mario Firmenich; a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y a grupos organizados. En este caso, se les acusó por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática y Asociación Ilícita Agravada.
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