Cristalli: “La Provincia dice que la educación es primordial pero no actúa en consecuencia”

La Nueva Mañana entrevistó al titular de UEPC, Roberto Cristalli, en el marco del conflicto entre el Gobierno provincial y los docentes, que lanzaron un paro de actividades para el jueves 6 de marzo por reclamos salariales.

Córdoba02/03/2025 flavio colazo
roberto cristalli uepc web
LA UEPC LANZÓ UN PARA PARA EL PRÓXIMO JUEVES 6 DE MARZO.Roberto Cristalli: "Lo que se pretende es: una aceleración de las jerarquizaciones –y mayores montos salariales de aumento-, establecer mejoras en el “blanqueo”, garantización del Fonid para todo el año, y un adelanto de la pauta salarial inmediata". Foto gentileza

En virtud del actual conflicto entre la administración provincial y los docentes cordobeses, LNM entrevistó al titular de la UEPC, Roberto Cristalli. 

¿Cuáles son los principales reclamos que motivan la medida de fuerza del próximo jueves 6 de marzo?

-A ver; nosotros nos presentamos a la primera convocatoria de negociación lo hicimos con una serie de puntos que consideramos que son imprescindibles de ser atendidos, entre ellos una propuesta salarial que nos permitiera ir recuperando parte del poder adquisitivo perdido durante el año pasado –que nosotros contabilizamos en un 13%-. Ya -en una primera instancia- nos habían quedado pendientes los 100 mil pesos del bono adicional extraordinario de compensación, que se otorgó a los empleados estatales provinciales en enero del 2024, del cual los docentes quedamos excluidos. Este no fue un reclamo disparatado ya que –hasta este caso-  cada vez que algún gremio estatal obtenía un logro este se hacía extensivo inmediatamente a los demás gremios estatales. Luego está la imperiosa necesidad de “blanquear” las sumas no remunerativas que integran nuestros salarios. En este aspecto algo se comenzó a hacer el pasado año, ya que logramos que se “blanquearan” 10 mil pesos al básico en el valor del punto lo que impactó en el cálculo del haber jubilatorio, en el escalafón -para aquellos que tienen antigüedad y/o zona– e impactó también en 3 puntos adicionales para el aumento a los jubilados. Es decir que el IPC para los activos fue de 3,52 y para los jubilados fue de 6,83. Por lo tanto, los jubilados tuvieron 3 puntos más –adicionales- de blanqueo. También, entre los puntos con los cuales nos presentamos a la negociación está el tema de continuar con la jerarquización de los cargos directivos –hoy hay  2.400 cargos directivos, entre directores, vicedirectores y supervisores, que están vacantes sin estar concursados-, porque esto lleva a que algunos docentes sean corridos de sus tareas para realizar otras vinculadas a los cargos jerárquicos vacantes. Sobre este asunto el gobierno dice que este año tiene voluntad de hacer lo que corresponde. Este punto –el de la jerarquización- es relevante porque para que el docente tenga voluntad de hacer carrera en la profesión es importante que esto se vea reflejado en cuanto a la remuneración económica importante. Y reitero que hay que comenzar un proceso de recuperación salarial de los puntos perdidos.

¿Y qué se les ha ofrecido desde la administración provincial?

-Simplemente ha ofrecido equiparar a la inflación, sin posibilidad de recuperar nada del poder adquisitivo perdido. O sea un empate. Y además establecía un blanqueo –en solamente dos etapas, sin aclarar cómo sería el resto-  que da un resultado final muy exiguo. Por otra parte, el Gobierno a la compensación del Fonid que nosotros logramos el año pasado -cuando se perdió la compensación nacional- solamente la estaría garantizando hasta el mes de junio, tanto para activos como para jubilados. En definitiva lo se pretende es: una aceleración de las jerarquizaciones –y mayores montos salariales de aumento-, establecer mejoras en el “blanqueo”, garantización del Fonid para todo el año, y un adelanto de la pauta salarial inmediata.

¿Cuánto es el salario de bolsillo de un docente que se inicia en la actividad?

-755 mil pesos.

¿Y cuánto es lo que se les ha propuesto como aumento para estos docentes?

-El aumento es de 16 mil pesos. Completamente insuficientes dada la actual situación socioeconómica. Por eso planteamos la necesidad de contemplar dos revisiones, una en el mes de julio y otra en noviembre,  con el fin de evaluar el tránsito de los meses trascurridos y la evolución de la situación socioeconómica e ir corrigiendo, en caso de ser necesario, lo que resulte menester.

¿Qué podría corregirse, por ejemplo?

-Uno ejemplo podría ser que en caso de que se obtengan mejoras en otros gremios estatales estas inmediatamente les sean participadas a los docentes provinciales.

¿Cómo evalúan ustedes la predisposición del Gobierno provincial para alcanzar un acuerdo?

-Creemos que voluntad hay, pero vemos que proclaman un discurso muy contradictorio.

¿A qué se refiere?

-A que desde el Gobierno se dice a los cuatro vientos que la educación para esta administración es un tema primordial –y uno de los principales ejes de la gestión-, que la educación debe ser de primera calidad, que deben estar garantizados los días de clases, que debe estar garantizada por el Estado; bueno, si en verdad es así deberán actuar en consecuencia. 

¿O sea?

-Mejorar las condiciones salariales de los docentes, asegurar que no se hagan presentes situaciones de inseguridad dentro o en las proximidades de los establecimientos educativos, asegurar establecimientos que cuenten con la infraestructura necesaria –aireados, con ventilación, con climatización, con los elementos áulicos indispensables para los docentes- y capacitación en servicio en tiempos y formas adecuadas.

¿Qué se entiende por capacitación en servicio?

-Es la capacitación del docente –impartida por el mismo gobierno a través del Ministerio de Educación-, que de ninguna manera debería ser fuera del establecimiento escolar en el cual se desempeña el docente, y que apunta al crecimiento constante de la formación del educador, y que a la vez permite una evolución permanente en su carrera profesional. 

Usted se refirió al tema infraestructura de los establecimientos provinciales. ¿En qué estado se encuentran dichos establecimientos?

-Entre un 75% y un 80% están en condiciones más o menos adecuadas. Pero sobre el porcentaje restante nosotros le presentamos al gobierno un relevamiento respecto de cuáles establecimientos –de la capital y del interior- necesitaban imperiosas refacciones –y de qué tipo-. Y en tal sentido, algo se ha trabajado durante el receso escolar, pero no se han completado la totalidad de las mejoras. Ni tampoco se ha avanzado en cuanto a la construcción de nuevos módulos y aulas que habían sido planificados. 

¿El docente cordobés es el único empleado estatal provincial que accede al transporte público de modo gratuito para ir su trabajo?

-No, para nada. Varios gremios estatales provinciales acceden gratuitamente al transporte público –o cuentan con algún sistema compensatorio al respecto-. Además, quiero señalar que el acceso al transporte público gratuito es un reconocimiento al –y una compensación por- al traslado constante que muchos docentes deben realizar continuamente. Un 30%, aproximadamente, del plantel docente provincial lo utiliza cotidianamente-.  Y otra compensación pendiente es la que debiera atender a las horas de sobrecarga laboral que los docentes realizan es sus hogares –por las noches, los fines de semana o los feriados-, y que rondan entre 10 y 20 horas semanales. Por esta labor los docentes no reciben ningún tipo de remuneración. Si el Gobierno dice que para su gestión la educación es primordial entonces debieran reconocer el esfuerzo y la dedicación de los docentes con salarios dignos y buenas condiciones laborales.

Siendo que la educación depende de los gobiernos provinciales, ¿en qué medida responsabilizan del actual estado de situación en la educación a la administración nacional encabezada por Javier Milei?

-En una medida bastante importante. Porque hay que recordar que a partir de la Ley de Educación nacional -y la ley de financiamiento educativo- se estableció que para Argentina la educación es un derecho social, y que el Estado es el garante de ese derecho. Y ahora el Gobierno nacional se ha desentendido de ese rol. Hasta hace poco el 6% del PBI se destinaba a educación –para conectividad, infraestructura, capacitación, comedores escolares, becas estudiantiles- y hoy no hay nada. A eso hay que sumarle que el Gobierno nacional envía programas nacionales- que los establece como prioritarios, como La Quinta Hora o La Jornada Extendida- pero no envía los fondos para llevarlos adelante. Solo hay entre 8 y 10 provincias que han podido asumir esos planes compensando con recursos propios, el resto de las provincias no han podido resolverlo. 

¿Hay algún reclamo que vayan a llevar hasta la mesa de negociación?

-Sí, uno de máxima importancia: el del diferimiento del cobro de los jubilados docentes. Pretenderemos que definitivamente se termine con el diferimiento para todos. Hoy hay un 65% de nuestros jubilados que están cobrando a mes vencido y un 35% con un diferimiento de 60 días. Esto es, lisa y llanamente, un saqueo. Nosotros también pretendemos que se acabe con la vigencia del artículo 58 mediante el cual a todo aquel jubilado que percibe más de $ 1.050.000 –por doble beneficiario- se le quita el 20% de todo. Esto hace que, a veces, cobren menos de lo que cobrarían si no recibieran la pensión. Y si no lo eliminan –al artículo 58- al menos que aumenten las mínimas. 

¿Qué medidas de fuerza tiene previstas en lo inmediato?

-Por el momento tenemos previsto un paro por 24 horas para el jueves 6 de marzo, y en caso de no encontrar respuesta por parte del Gobierno provincial nos reuniremos nuevamente para  decidir cómo avanzar en un plan de lucha. 

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