Redacción La Nueva Mañana
Entre carteles artesanales y batucadas, y con un micrófono que amplificó diversos testimonios, en la mañana de este miércoles concentraron nuevamente en la Plaza San Martín personas con discapacidad y sus familias, prestadores de servicio, profesionales y transportistas, para visibilizar la situación extrema que atraviesan.
La nueva manifestación se enmarcó en una jornada federal de acompañamiento a la propuesta de ley de declaración de emergencia en discapacidad que se empezó a debatir en la Cámara de Diputados de la Nación.
En la previa, diversas entidades dieron a conocer un comunicado a través del cual defendieron el sistema de prestaciones actual, que calificaron como "equitativo" e "integral", para el cual exige una actualización de los aranceles para evitar el cierre de las instituciones y el éxodo de profesionales, lo que deviene en una vulneración de derechos de las personas con discapacidad.
En el comunicado explicaban que el sistema actual funciona mediante obras sociales y prepagas que aportan a ese fondo y desde allí se pagan terapias, apoyos escolares, transporte y centros, y se brinda acompañamiento a familias: "El sistema de Prestaciones en Discapacidad no depende de fondos del Estado ni requiere inversión desde el Tesoro Nacional".
Desde el sector afirman que el sistema atraviesa su "peor crisis" en 27 años, tomando como punto de partida la sanción de la Ley 24.901, sancionada en 1997. Denuncian que en el primer año del gobierno de Javier Milei, los aranceles para la prestación de servicios en discapacidad aumentaron por debajo de la inflación y que en lo que va de 2025 no han tenido ningún incremento; condenando de esta manera a las instituciones a estar al borde del colapso, a trabajadores a tener que abandonar y buscar nuevos horizontes laborales, y a las personas con discapacidad y sus familias a quedar a la deriva.
El mencionado comunicado apunta directamente que los responsables de la Superintendencia en Servicios de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Gabriel Oriolo y Diego Spagnuolo respectivamente, buscan que cada obra social pague lo que quiera, que cada familia resuelva sola y que la discapacidad vuelva a ser un "problema privado".
Y concluye, subrayando que "la discapacidad no puede ser tratada como un gasto ni como negocio" y que "cuando el Estado se retira, la desigualdad arrasa".
