Redacción La Nueva Mañana
Las centrales sindicales cordobesas emitieron un comunicado a través del cual cuestionaron el proyecto de ley presentado por la legisladora Nadia Fernández (Hacemos Unidos por Córdoba) para regular el derecho a la protesta en la provincia y las expresiones vertidas en el mismo sentido por el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, respecto de la necesidad de impulsar un "protocolo antipiquetes" como el de Patricia Bullrich en Córdoba.
El documento firmado por la CGT Córdoba, la CGT Regional Córdoba, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP afirma que los legisladores "no tienen la facultad para debatir y resolver sobre un derecho constitucional" y califica las afirmaciones de Quinteros como "inadmisibles expresiones antidemocráticas y anticonstitucionales".
Respecto a la iniciativa de Nadia Fernández, que este jueves empieza discutirse en la Unicameral, junto a otras iniciativas que van en el mismo sentido, las centrales obreras remiten a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para señalar que "las protestas callejeras, los cortes de vías de comunicación o la reuniones públicas son el único mecanismo disponible para amplios sectores de la sociedad que no tienen o ven enormemente dificultado el acceso a los medios de comunicación masiva".
Asimismo, señalan que en los últimos años, los relatores de Naciones Unidas también incluyeron en sus informes a las demostraciones, huelgas, sentadas y ocupaciones pacíficas, como parte del ejercicio de los derechos de asamblea y reunión pacífica.
"Las altas cortes nacionales e internacionales han interpretado que el derecho de reunión pacífica y sin armas no debe interpretarse de forma restrictiva, dado que constituye un elemento fundamental de la democracia. La protesta es particularmente relevante para dar mayor resonancia a las voces de las personas marginadas o que presentan un mensaje alternativo a los intereses políticos y económicos establecidos", indica el comunicado.
En ese marco, plantean que tanto el bloque legislativo oficialista como el ministro de Seguridad "deberían proponer soluciones a las consecuencias económicas y sociales que el plan del gobierno nacional está produciendo en todos los aspectos de la vida de las y los argentinos y de la que Córdoba no es ajena en absoluto".
Y subrayan que lo que lleva a las protestas y las movilizaciones son "los salarios de hambre, derechos vulnerados, condiciones laborales precarias, pobreza y hambre, cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo, despidos, suspensiones, destrucción de la industria nacional, crisis en la educación y la atención de salud, decisiones que afectan la soberanía".
Concluye el texto, develando un "verdadero absurdo", al señalar que las propuestas de Fernández y Quinteros desconocen la historia de lucha del movimiento obrero de Córdoba, "olvidando que existe una ley, aprobada en ese ámbito (la Unicameral), donde se incorporó al Cordobazo como el Día de las Luchas Populares y como tema curricular en la educación formal".
