El autor de esta columna reflexiona en el Mes de la Pachamama sobre las reivindicaciones que llevan adelante los pueblos indígenas de Jujuy.
Opinión 02/08/2023 Miguel Julio Rodríguez Villafañe (*)
En este agosto, mes de la Pachamama, nos obliga a pensar sobre las reivindicaciones que llevan adelante los pueblos indígenas de Jujuy y su valioso Tercer Malón por la Paz. Éste ha ido a la Ciudad de Buenos Aires, pasando por diversos lugares del país, para pedir por sus derechos y que se derogue la nueva Constitución de Jujuy.
Desde siempre las comunidades indígenas han peleado por preservar sus territorios colectivos, con nobleza, sin egoísmos y buscando el respeto al ecosistema, al agua y a su cultura.
En la Región de la Puna, cabe recordar un hecho histórico, poco referido. Hace 149 años, el 3 de diciembre de 1874, se dio la batalla del “Abra de la Cruz” o “Combate de Cochinoca”.
En dicha ocasión, los indígenas peleaban por la propiedad de sus tierras ancestrales y poder trabajarlas, sin el peso agobiante de las exigencias de terratenientes ilegítimos, que les cobraban altos arrendamientos por cultivarlas; o los obligaban a trabajar para ellos o los expulsaban de las mismas.
Atento a dichas injusticias, los aborígenes puneños de Yavi, Rinconada, Santa Catalina, y Cochinoca se alzaron. No tenían armas de fuego, propias de un ejército de esa época y sólo contaban con boleadoras, hondas hechas de lana de llama, flechas, lanzas y otras armas rústicas.
Ante la postura de los aborígenes de exigir sus derechos, el gobernador José María Álvarez Prado ofreció batalla en defensa de los intereses de los terratenientes.
Los indígenas triunfaron en el combate frente de un batallón de 300 soldados. El comandante Álvarez Prado cayó prisionero, pero no fue ejecutado por sus captores y lo dejaron en libertad.
Luego de la derrota, un año después, Álvarez Prado, como segundo comandante, con aproximadamente 1.100 soldados profesionales, bien equipados, el 4 de enero de 1875, se enfrentó a los indígenas, en la llamada “batalla de Quera”.
El combate se libró contra indígenas sin armas adecuadas para el enfrentamiento, en una lucha encarnizada y desigual.
Derrotaron a los indígenas, pero los vencedores, sin la hidalguía de los aborígenes y en una actitud diferente a la de aquellos en la batalla de Abra de la Cruz, capturaron a los jefes indígenas Federico Zurita, Benjamín Gonza y Laureano Saravia Anastasio Inca fueron fusilados en el acto y sus cuerpos puestos en exposición como escarmiento.
Ahora, paradojalmente, el Ministerio de Educación del Gobierno de Jujuy de Gerardo Morales, ha habilitado el funcionamiento de las llamadas academias premilitares. Hay dos, una de ellas con el nombre de “General Álvarez Prado”, que funciona, con sedes en Quiaca, Humahuaca, Tilcara, Perico, San Pedro, San Salvador y Palpalá.
La designación de la academia, en sí misma, constituye una ofensa moral a la memoria activa de los indígenas, ya que fue el comandante que fusiló sin miramiento a sus jefes en la batalla de Quera.
Las academias son pagas y reciben a niños llamados “aspirantes” de 7 a 13 años y otros, en calidad de “cadetes”, de 14 a 23 años, de ambos sexos. Allí, les dan instrucción militar y se les promete facilitarles el ingreso a la Policía provincial como a institutos militares nacionales.
Asimismo, se les hace realizar acciones militares inadecuadas para la edad, sin respetar los valores fundamentales a cuidar, propios de los derechos de los menores. A éstos, a su vez, se les hace cantar consignas en contra de los reclamos indígenas. En una verdadera colonización mental, se los prepara para repudiar las acciones reivindicativas de los pueblos originarios, eliminando en la conciencia de muchos de ellos, sus orígenes y su cultura, y adiestrándolos para luchar contra su propio pueblo.
La debida restitución de territorios ancestrales, aún hoy, sigue siendo una deuda impaga para con los pueblos originarios. Sus tierras son ocupadas por empresas multinacionales para extraer minerales, especialmente el litio y/o por manejos del gobierno de Gerardo Morales en la temática, sin respetar debidamente los derechos indígenas.
A lo referido, en la afrenta que implica, se suma el dictado ilegítimo de una reforma parcial de la Constitución de Jujuy, cuestionada en todos sus pasos y modos de sanción. Cabe resaltar, que el gobernador Morales fue el presidente de la Convención constituyente, violando el artículo 131 de la constitución jujeña vigente de 1986, que prohibía al Gobernador ser convencional, por ser “incompatible el cargo con cualquier otra función o empleo público” y el artículo 100, que determina: “los Convencionales Constituyentes no podrán desempeñar ninguna función o empleo público nacional, provincial o municipal mientras ejerzan sus funciones” y sin embargo, el gobernador, en varias ocasiones, tomó decisiones como tal, mientras era convencional; entre otras irregularidades que se dieron.
Además, la nueva constitución jujeña viola artículos fundamentales de la Constitución Nacional (**)
Ante las legítimas protestas por la ilegal nueva Constitución, se llevó a cabo un accionar violento represivo de una policía adiestrada, sin respetar derechos humanos, ni protocolos básicos para el actuar debido.
Los reclamos indígenas y de otras fuerzas sociales que peticionaban por sus derechos, tal el caso de los docentes, fueron atacadas con un uso inadecuado de armas no letales, pero peligrosamente activadas, por ejemplo, balas de gomas disparadas en la cara a poca distancia. Hay varios indígenas heridos y con pérdida de ojos por ello.
Además, hubo policías, sin uniforme, tirando piedras a los manifestantes. Se produjeron muchas detenciones arbitrarias. Incluso, hay pueblos como Tilcara, donde se hizo cortar la luz de noche, para que la policía, en muchos casos en camionetas sin identificar, notificaran citaciones o detuvieran a personas.
Asimismo, algunos médicos se hicieron cómplices y denunciaban a quienes iban al hospital para ser asistidos de heridas o golpes, comunicando a la policía de la situación, como presuntos delincuentes, por presumir que las heridas eran con motivo de los piquetes o enfrentamiento con la policía. Incluso, demorando su atención, cuando la cuestión era de urgente cuidado.
Mientras tanto, se ha dado un Poder Judicial permisivo que toleró, en los hechos, graves violaciones de derechos humanos, cuando se dieron arrestos arbitrarios, vejaciones, apremios, se realizó inteligencia indebida, allanamientos ilegales y detenciones quienes asesoraban legalmente a quienes protestaban, como el caso del abogado Alberto Nallar, que hoy cumple una prisión domiciliaria.
Es imprescindible que, a la brevedad, el Poder Ejecutivo Nacional envíe abogados a pedir participación en las múltiples causas armadas, para garantizar los derechos de los/as implicados/as. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 28 dispone, que: “cuando se trate de un Estado Federal”, es el Gobierno nacional el que debe hacer cumplir todas las disposiciones de la Convención.
Ojalá se escuche a los indígenas, ¡JALLALLA! (palabra quechua-aymara, que une los conceptos de esperanza, celebración y dicha).
(*) Abogado constitucionalista cordobés y periodista de opinión.
(**) Ver los trabajos de Rodríguez Villafañe sobre el tema en https://prensared.org.ar/contextos-institucionales-inaceptables-en-jujuy/; https://prensared.org.ar/la-constitucion-jujena-de-morales-ataca-gravemente-al-federalismo/ y https://prensared.org.ar/la-nueva-constitucion-de-jujuy-discrimina-a-los-indigenas/.
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La ex presidenta reapareció en un acto en tierra bonaerense y no se guardó críticas al gobierno que preside Javier Milei. "Nos preanuncia una economía de carácter extractivista; llevarse todos los recursos naturales, o sea, el precapitalismo", advirtió.
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Jurar es poner a Dios por testigo de la verdad de lo que se dice. Ello adopta particular importancia en el caso del Presidente, que sostiene, que es “católico, y a la vez, casi un practicante del judaísmo” y ha demostrado que dicha espiritualidad es central en él.
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El Presupuesto del año 2023 prorrogado por el Presidente contempla el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) para el mejoramiento de la retribución de los docentes en los diversos establecimientos educativos del país, (art. 10 de la Ley 25.264).
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Alcanza tanto a los usuarios de EPEC y a los hogares que reciben el suministro a través de las 204 cooperativas que prestan el servicio en toda la provincia. El 40% de los usuarios está registrado en la categoría más alta y paga la tarifa plena.
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