Las renuncias masivas de médicos en Río Cuarto desnudaron la situación por la que atraviesa el sistema sanitario provincial. Un conflicto que se diseminó en el territorio.
Ed Impresa 18/11/2022
Miguel Apontes
Cuando aún persisten los coletazos del escándalo por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la capital, ya llevan diez días al tope de la agenda los cuestionamientos al sistema sanitario provincial en general. El puntapié inicial vino desde Río Cuarto, con la renuncia de nada menos que 17 profesionales del servicio de guardia del Hospital San Antonio de Padua, el centro de referencia más importante del sur provincial.
Los médicos de emergentología se quejaron porque las autoridades no atendían su reclamo: ser considerados como “recurso humano crítico”. Esta demanda puntual sirvió para que emergieran viejas reivindicaciones de otras áreas, vinculadas a la jerarquización o recategorización del personal, condiciones de trabajo o infraestructura, con las consiguientes consecuencias presupuestarias para el Estado.
Las demandas incluyen el cese de los contratos y el pase a planta del personal, acusando una situación de precariedad; y el nombramiento de agentes por el incremento de la concurrencia hacia el sistema público, a partir del difícil momento que atraviesa el país, donde la mitad de quienes trabajan no está registrada y eso dificulta acceder a una obra social, ni qué hablar a la salud prepaga.
“Si bien el primer punto es el aumento del básico para todo el personal de salud, hay otros reclamos históricos: las recategorizaciones, concursos, cargos de conducción orgánica, el cubrir los recursos humanos que se perdieron por jubilación, el respeto a la Ley 7.625... es larga la lista y cada lugar tiene sus propios problemas”, dijo a Radio Nacional Córdoba la bioquímica Verónica Reyes, quien trabaja en el Hospital Domingo Funes, en Punilla.
La multitudinaria movilización del miércoles fue convocada por la llamada “Coordinadora de Trabajadores de la Salud”. El documento leído al final de la marcha es claro, en tanto plantea que “acá estamos: con contratos basura, salarios de pobreza y jubilaciones de hambre”.
A menudo se escucha, desde ciertos sectores políticos y alguna prensa que los replica, la descalificación, sin más, a las organizaciones gremiales. En este caso es válido afirmar que la ausencia de representación sindical a la hora de negociar, lejos de ser un beneficio, oficia como escollo para alcanzar acuerdos y allanar consensos con miras a resolver tantos problemas.
La bioquímica Reyes considera que ser “autoconvocados” le da mayor legitimidad a la protesta: “Las bases hablaron al margen de cualquier color político, es una autoconvocatoria, no medió ningún gremio. Hablan las bases, el SEP no nos representa, porque nunca nos consultan sobre los aumentos que se otorgan y negocia a espaldas de los trabajadores. No estamos representados por nadie”, dijo.
En la mesa paritaria se sienta el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), pero desde hace un buen tiempo carece de ascendencia en el personal de la Salud (en la masiva concentración del miércoles se dejó claro el desconocimiento de su representación).
Sin embargo, el Gobierno ratificó a pocas horas de la masiva marcha que es el gremio liderado por José Pihen el único interlocutor: elevó lo que el propio SEP denominó una “última propuesta salarial”, con un incremento promedio anual para el sector salud del 103% anual. Y más, el sindicato difundió que con esta actualización “más del 90% del salario de Salud será remunerativo”.
La representación del SEP más bien formal explicó en su momento el surgimiento de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), que vino a suplir el vacío que genera el no reconocimiento de buena parte de las bases. La UTS no es reconocida a la hora de discutir con el Ministerio de Salud; lo mismo sucede con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Otro gremio, el AMRA, pugna por obtener la personería en la provincia y contar con un convenio colectivo propio para los profesionales médicos. Y el Sindicato de la Sanidad (ATSA) también tiene representación limitada en el sector público, su convenio abarca más bien al sistema privado.
A todo esto, la CGT Regional, que se encuentra en proceso de normalización, tomó nota de esta realidad y la “crisis de representación”. En un comunicado con la firma de Ricardo López (ATSA); Rubén Urbano (UOM) y Edgar Luján (Camioneros), se solidarizó con los equipos de salud en conflicto. “Sabemos que sin sindicalización los trabajadores y trabajadoras se ven imposibilitados de lograr un convenio colectivo que determine mejores condiciones laborales”, expresó en el documento.
El secretario general de la Asociación Médica de la República Argentina (AMRA) seccional Córdoba, Hugo Zárate, lo explicó así a La Nueva Mañana: “Si bien es cierto que en el sector público las condiciones de trabajo no son las mejores y los salarios son bajos, en la parte privada la situación es mucho peor: sin aguinaldo, sin vacaciones, sin aportes previsionales”. Para Zárate, “el Estado es un intermediario con el sector privado y los monopolios que se crearon allí, pero hay que decir que, en clínicas y sanatorios privados, con una alta concentración empresarial, se manifiesta principalmente la extrema precarización, donde prima el monotributo a la hora de contratar personal”.
¿No será el momento de hablar del sistema en su conjunto, público y privado? Porque el gasto global en salud no es menor en la Argentina, si se lo compara con la región. Un estudio de 2017 de la Organización Panamericana de la Salud indicó que alcanzó ese año al 9,4% del Producto Bruto: el 2,7% corresponde al Gasto Público; el 3,9%, al Gasto de la Seguridad Social -incluyendo PAMI-, mientras que el Gasto Privado representó el 2,8% restante.
La Salud Pública, tantas veces denostada, demostró durante la pandemia su papel fundamental para gestionar una crisis sanitaria general. El sector privado, beneficiario de la desregulación de obras sociales en la década del noventa y convertido en muchos casos en gerenciador de los sistemas de salud de sindicatos, genera grandes dividendos y su eficiencia en las prestaciones –como los altos costos de los servicios- no están puestos en ninguna agenda de debate.
De nuevo, el punto a discutir y siempre postergado, en la salud como en los sectores del trabajo en general, es la distribución de los recursos y la participación que le cabe a los trabajadores y trabajadoras en esa torta.
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