Defender la Democracia: acerca del intento de “reglamentar” la protesta social

En comisiones en la Legislatura de Córdoba se están tratando dos proyectos de ley, de distintos legisladores y distintos bloques, que comparten sin embargo un mismo espíritu: recortar y empobrecer la vida democrática en la provincia. Así, sendos proyectos de ley presentados por los legisladores Cid y Rossi buscan encorsetar la discusión democrática popular, que entre otras formas diversas y variadas, sucede también (y en momentos de tensión y malestar social, principalmente) en la calle, en las calles.

Podríamos discutir sobre la calidad de los proyectos analizados desde la técnica legislativa, la naturaleza jurídica de las sanciones que se buscan y la materia que procuran legislar. Para quien escribe estas líneas, los proyectos se superponen con materia delegada con exclusividad al Estado Nacional vía Código Penal si fuera el caso, y siendo más preciso aún, debería decirse que es materia exclusiva de los constituyentes, porque implica cercenar, y por ende modificar, el apartado sobre Derechos, Deberes y Garantías de la Constitución Nacional. Recordemos que por principios jurídicos básicos como la progresividad en materia de derechos civiles, sociales, políticos y de Derechos Humanos, nunca la reglamentación de un derecho puede ir en su detrimento o cercenamiento. Todas razones técnicas-jurídicas (y políticas, claramente), que habilitarían sin lugar a dudas una catarata de judicializaciones sobre dicha normativa y sus posibles aplicaciones, que la volverían inconstitucional y por lo tanto impracticable.

Sin embargo, entiendo que es aún más grave en el análisis el tipo de respuesta que un sector de la política cordobesa intenta dar a una situación realmente angustiante que vive gran parte de nuestro pueblo. Elegir meter la cabeza bajo tierra nunca mejoró la situación de nadie. Gran parte del malestar social con la política y los políticos es producto de esta clase de actitudes: mirar para otro lado, atacar el síntoma y no las razones, entrar en la chabacanería mediática y no en las soluciones de fondo, criminalizar la angustia y el dolor de nuestro pueblo en lugar de solucionarlo, tirar la pelota afuera de la cancha, ser débiles con los fuertes y fuertes con los débiles, cortar el hilo por lo más delgado, hacer propuestas para la hinchada de la demagogia punitiva, hacer y decir para la cámara buscando correr por derecha al resto, ahora que eso parece pagar con votos.

Soluciones: ninguna. Costo: no dejar expresar el malestar social existente, quitarles voz y visibilidad a quienes desde su falta, su dolor, su angustia, su esperanza también y sus propuestas por qué no, tienen algo que decir y aportar a la vida democrática, a la orientación de los gobiernos, generando de ese modo mayor tensión social a la olla a presión en la que estamos metidos. Flaco favor le hacen a la democracia, e incluso a las instituciones republicanas, que bien podrían tener la escucha necesaria para receptar como insumos las materias y profundidad de los reclamos para analizarlos, procesarlos y transformarlos en políticas públicas que den respuestas a los mismos. 

Cercenar la posibilidad de manifestarse, bajo la excusa que quiera ponerse, no puede ser una opción ni siquiera discutible en los ámbitos de una democracia que necesita de la responsabilidad de la política y los políticos, sobre todo de los representantes legislativos, para trabajar los temas que de modo urgente necesita nuestro pueblo, y dejar de lado el show y las respuestas para la tele. Necesitamos seriedad, estudios, informes, análisis, consultas inter-institucionales y transdisciplinarias que permitan abordar cada tema de importancia, y sobre todo comenzar por dar respuestas a la situación de pobreza, desempleo, hacinamiento, malnutrición, violencias varias, incertidumbre y desesperanza en que está sumergida gran parte de la población del país y la provincia.

Esos son los problemas que hay que resolver, en los que debemos poner energías y esfuerzos, no en ver cómo tapamos eso y perseguimos los canales de expresión que toda esa situación encuentre.

Ya otros antes que los legisladores en cuestión han tomado caminos similares; sin ir más lejos en el tiempo y la geografía, podemos ver la situación jujeña como espejo para observarse. El gobierno de Morales recurrió a recetas similares, creando un Código Contravencional que entre otras normativas violatorias de los derechos civiles, sociales y políticos más básicos cuenta con una reglamentación que cercena (de modo similar a las propuestas que estamos refiriendo en este artículo) el derecho a la protesta callejera. Desde que ese cuerpo normativo tiene vigencia, no sólo no ha disminuido la conflictividad social, las movilizaciones y los cortes de calles y rutas, sino que los niveles de enfrentamiento y fragmentación social han entrado en una espiral ya difícil de manejar, con un ejecutivo recalculando y con su poder político diluyéndose luego de querer impulsar una (hasta ahora) frustrada reforma constitucional; un poder legislativo absolutamente desprestigiado, que entre otras barbaridades, suspendió a la legisladora peronista Alejandra Cejas por discutir esta clase de medidas y acuerdos en el recinto; y un poder judicial que ya acumula dos pedidos de intervención federal (uno en la cámara baja presentado por el diputado Federico Fagiolli, y otro en la cámara alta por el senador Guillermo Snopek); y tanto judicial como ejecutivo, una denuncia federal firmada por la responsable de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, la Dra. Gabriela Carpineti.

En simultáneo, cuatro viajes de la Comisión en Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos con hasta el momento dos informes lapidarios sobre violaciones sistemáticas a los derechos más básicos de los argentinos y argentinas que viven en la provincia norteña (presentados en el Congreso de la Nación frente a numerosísimos diputados y senadores). La receta jujeña ha mostrado sus límites en todos los planos. Soluciones: ninguna. Costos: deslizarse hacia una peligrosa pendiente antidemocrática que caotiza la sociedad y las instituciones, sumergiéndolas aún más en el desprestigio. 

 Es de esperar que en momentos donde la crisis social, política y económica atraviesa en el mundo, y que impacta con particular fiereza en nuestro territorio nacional, y de la cual esta provincia no está exenta (incluso en algunas problemáticas es aún más aguda que la media nacional, como la pobreza); en tiempos donde la tentación de recurrir al mantra represivo e indolente tiene impacto mediático y parece ser la más lucrativa en el mercado político; en períodos de peligros para la democracia como este que estamos atravesando en nuestro continente y país; espero, sinceramente, que prevalezca una racionalidad democrática, el respeto a las instituciones y sus materias de acción, que se priorice la escucha y fomente el diálogo. En fin, que prime la responsabilidad política de nuestros legisladores de respetar lo que tanta sangre, esfuerzos y paradójicamente: movilizaciones populares nos ha costado. Que defiendan y honren como deben a la democracia.